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La contrabandista

Por Jaime Chihuala
El Perú se encuentra sumido en un escándalo político de gran magnitud que involucra a la máxima autoridad del país, la presidenta Dina Boluarte. Las acusaciones giran en torno al denominado «Caso Rolex», en el cual se investiga la presunta comisión de delitos como el cohecho pasivo impropio y el enriquecimiento ilícito por parte de la mandataria.
Según los informes, Boluarte habría recibido costosos relojes y joyas de parte del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en circunstancias que apuntan a un posible intercambio de favores o beneficios indebidos. Las declaraciones contradictorias de ambos funcionarios y los intentos por ocultar la verdadera procedencia de estos obsequios han generado desconfianza y malestar en la ciudadanía.
A los cargos por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión de consignar declaraciones de documentos y cohecho pasivo impropio, hoy se suma una nueva denuncia contra Dina Boluarte, por el supuesto delito de cómplice del delito aduanero de contrabando.
El programa dominical Panorama del 5.5.2024 (1), accedió en exclusiva a un documento fiscal que revela que uno de los relojes Rolex que usó la presidenta de la República, Dina Boluarte, fue comprado en Estados Unidos por Wilfredo Oscorima Loja, hijo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez.
Según este informe Oscorima Loja realizó la compra del exclusivo reloj Rolex modelo 126284RBR el pasado 07 de septiembre del 2023, a través de la tienda virtual Jomashop, con sede en Brooklyn, valorizado en 26 mil 215 dólares, cuyo pago se hizo por transferencia bancaria.
Tras su compra, a pedido expreso del adquiriente, el reloj fue trasladado a al hotel “Aloft”, ubicado cerca al aeropuerto de Miami, donde fue recogido por Fritz Hinostroza Oscorima, sobrino del gobernador de Ayacucho, quien ingresó el Rolex al Perú.
RÓLEX NO HABRÍA SIDO DECLARADO
La Unidad de Investigación de Panorama buscó en los archivos de Aduanas, la declaración de esta prenda suntuaria ingresada por Fritz Hinostroza, pero esta no existe. Si el sobrino de Wilfredo Oscorima, ingresó esta prenda sin declararla ante Aduanas/SUNAT, es decir: subrepticiamente, habría cometido el delito de contrabando, que está penado con cárcel.
Según la Ley de los Delitos aduaneros, en el capitulo1-Contrabando, señala que: “Comete delito de contrabando y es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco o mayor de ocho años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa, siempre que el valor de las mercancías sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas.”
El literal a) del artículo 1 de esta norma menciona que comete delito de contrabando quien “…interna mercancías del extranjero al territorio nacional sustrayendo, eludiendo o burlando el control aduanero”.
Así, el acápite “e” del mismo capitulo señala, quien “Consume, almacena, dispone o utiliza las mercancías durante el traslado, autorizado por la Administración aduanera, de una zona primaria a otra, para su reconocimiento físico u otra acción de control aduanero, sin el pago previo de los tributos gravámenes”.
Esta supuesta flagrancia por parte del sobrino de Oscorima, se encuentra tipificado como delito de contrabando que arrastra no solo al sobrino Fritz Hinostroza (extrae), sino también a Wilfredo Oscorima Núñez (dispone o utiliza) y Dina Boluarte (utiliza la mercancía).
También, el Artículo 6°de esta ley señala: “El que adquiere o recibe en donación, en prenda, almacena, oculta, vende o ayuda a comercializar mercancías cuyo valor sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias y que de acuerdo a las circunstancias tenía conocimiento o se comprueba que debía presumir que provenía de los delitos contemplados en esta Ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. ()” Y el Capitulo VII sobre Circunstancias Agravantes, en su Artículo 10, inciso “b” señala: “Interviene en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice primario un funcionario o servidor público en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, con abuso de su cargo o cuando el agente ejerce funciones públicas conferidas por delegación del Estado.”
¿SE BURLARON LOS CONTROLES DE LA SUNAT?
Lo cierto es que, conocidos los hechos, la Sunat/Aduanas debió ordenar una investigación por la evasión del control aduanero, el pago de impuestos de los tributos correspondientes por las prendas suntuarias, su confiscación y las denuncias correspondientes.
La entidad administradora de tributos y aduanas tiene conocimiento inequívoco del oficio enviado por la Congresista Margot Palacios Huamán con fecha 16 de abril al Superintendente Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, Sr. Gerardo López Gonzales, donde se le solicita un informe sobre la declaración de mercancías adquiridas en el extranjero en los últimos tres años de por los ciudadanos Wilfredo Oscorima Núñez y Fritz Hinostroza Oscorima, en base a un reportaje televisivo donde se señala que los relojes Rolex, habrían ingresado al país, sin declararlas ante la Sunat, incurriendo en los presuntos delitos de Contrabando y Defraudación de Rentas de Aduana en agravios de Estado, tipificado en los artículos 1°,3°, y 4° de la Ley N°28008 de los Delitos Aduaneros.
Es lamentable que en pleno siglo XXI, cuando la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser pilares fundamentales de la gestión pública, nos encontremos con casos tan graves de presunta corrupción que involucran a las más altas esferas del poder. El «Caso Rolex» representa una afrenta a los valores democráticos y al Estado de derecho que debe imperar en una nación.
Es imperativo que las autoridades competentes investiguen a fondo estos hechos y que, de comprobarse las acusaciones, se apliquen las sanciones correspondientes sin contemplaciones ni distinciones. La corrupción es un cáncer que corroe los cimientos de cualquier sociedad y debe ser erradicada sin miramientos. Ningún funcionario público, independientemente de su rango o poder, puede estar por encima de la ley. Como ciudadanos, tenemos el deber de condenar enérgicamente estos actos y exigir rendición de cuentas a nuestros gobernantes. Solo así podremos construir una sociedad más justa, transparente y digna para las presentes y futuras generaciones.
(1) (https://www.youtube.com/watch?v=xXhA_HbkseE)
(*) Artículo sustituido por Decreto Legislativo Nº 1111 del 29.06.2012 .
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Estudiantes toman campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en rechazo a medidas privatistas

El 10 de septiembre de 2025, estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ocuparon el campus universitario en protesta contra lo que califican como un proceso de “privatización” de la educación pública. La medida fue encabezada por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y consejeros universitarios, quienes expresaron su rechazo a los nuevos cobros establecidos en el reglamento de admisión 2026-I, al incremento de las tasas para el examen de ingreso y a las restricciones que impiden postular a estudiantes inactivos o repitentes. Además, acusaron a la rectora Jeri Ramón de no atender sus demandas y de implementar medidas restrictivas sin diálogo previo.
Los manifestantes ingresaron por la puerta 2 tras derribar una reja metálica y cerraron los accesos, lo que obligó a suspender el examen de admisión programado para los días 13, 14, 20 y 21 de septiembre. Durante la toma se reportaron enfrentamientos con personal de seguridad, a quienes los estudiantes denunciaron por agresiones con objetos contundentes. En los alrededores, la Policía Nacional se mantuvo desplegada, aunque no se registraron incidentes mayores.

Al respecto, la congresista de la República Margot Palacios se pronunció a través de su página Facebook manifestando que «la educación no es un privilegio, es un derecho fundamental que debe ser defendido por toda la sociedad» y mostrando su respaldo pleno y firme a la lucha de la Federación Universitaria de San Marcos, de los maestros y de todos los alumnos que hoy se movilizaron de manera pacífica en el campus universitario.
En respuesta, la universidad emitió un comunicado anunciando la suspensión de clases presenciales hasta el 15 de septiembre por labores de “mantenimiento”. También informó medidas complementarias, como el incremento de raciones en el comedor universitario y la opción de pagar solo matrícula para quienes cursen una segunda carrera. No obstante, los estudiantes calificaron estas disposiciones como insuficientes y exigieron la instalación de una mesa de diálogo formal con las autoridades.
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Dirigentes agrarios denuncian presunto cobro de cupos en el PROVRAEM

El dirigente social Nelson Palomino La Serna denunció que presuntamente se estarían cobrando cupos laborales para acceder a puestos en el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (PROVRAEM). Según indicó en declaraciones a radio Studiovraem, una persona identificada como “María” estaría vinculada a estas prácticas y afirmó contar con audios que sustentarían sus señalamientos.
Por otro lado, el exsecretario de la Federación de Productores Agropecuarios del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (Fepavrae), Julián Pérez Mallqui, cuestionó la designación de Rogelio Huamani Carbajal como director ejecutivo del PROVRAEM. Aseguró que su nombramiento habría sido “apadrinado” y que la dirigencia actual de la Fepavrae tendría conocimiento de esa situación.
Asimismo, Pérez criticó el rol del sindicato de la entidad, al que acusó de mantener acuerdos con directivos designados. Ante ello, solicitó que la dirigencia de la Fepavrae convoque a una reunión con representantes de la cuenca del VRAEM para evaluar medidas frente a estas presuntas irregularidades.
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Congreso peruano amplía plazo de afiliación partidaria para elecciones subnacionales de 2026

La Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó el 9 de septiembre de 2025 una modificación excepcional a la Ley Orgánica de Elecciones que amplía hasta el 30 de noviembre de 2025 el plazo para que nuevos militantes puedan afiliarse a partidos políticos y postular en las Elecciones Regionales y Municipales de octubre de 2026. La propuesta, respaldada por bancadas como Podemos Perú y Renovación Popular, busca incrementar la participación ciudadana y renovar los liderazgos políticos a nivel local.
El dictamen, que requiere aún la aprobación del Pleno del Congreso, permitiría postular a personas que se afilien después del plazo original del 16 de junio de 2025, siempre que no mantengan múltiples afiliaciones. La medida aplica exclusivamente para los comicios subnacionales, pues el plazo para las Elecciones Generales de abril de 2026 venció en julio de 2024.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han manifestado preocupación por posibles afectaciones al calendario electoral y a la seguridad jurídica del proceso. Ambos organismos exhortaron al Legislativo a garantizar la estabilidad de las normas electorales mientras se debate la iniciativa parlamentaria.
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