Piura, 09 de enero 2026.- El Perú se encuentra al borde de un eventual arbitraje internacional que podría derivar en una demanda de hasta 5.000 millones de dólares, tras la emisión del Decreto de Urgencia 010-2025. Desde una perspectiva político-legal, la norma introduce cambios sustanciales en la estructura patrimonial de Petroperú que, según contratos vigentes, podrían configurar un incumplimiento automático frente a acreedores internacionales. Se trata de un escenario que trasciende la gestión de una empresa estatal y coloca en riesgo directo al Estado peruano.

Los bonos emitidos por Petroperú por cerca de 2.000 millones de dólares y los créditos sindicados por otros 600 millones —destinados principalmente a la Nueva Refinería de Talara— establecieron como garantía colateral la totalidad de los activos de la empresa, incluyendo refinerías, ductos y campos de hidrocarburos. El decreto autoriza ahora la transferencia de esos activos a vehículos de propósito especial (SPV) que serían entregados a operadores privados mediante ProInversión. Para los acreedores, esta operación elimina la prenda que respaldaba su derecho de cobro, activando cláusulas de cross-default y negative pledge contempladas en los contratos.

El riesgo inmediato es financiero y jurídico. Fondos internacionales como BlackRock, Pimco o Franklin Templeton —tenedores de bonos afectados además por recientes rebajas de calificación crediticia— podrían exigir la aceleración de la deuda, reclamando el pago inmediato del capital, intereses, penalidades y costos legales. Con tasas cercanas al 7 u 8 % y cláusulas de compensación total (make-whole), la factura podría superar los 3.500 millones de dólares y escalar hasta los 5.000 millones si se incluyen daños por la pérdida de valor de las garantías.

En el plano internacional, la posición procesal del Perú aparece debilitada. Los contratos están sometidos al derecho de Nueva York y a arbitrajes en sedes como Londres o Miami, donde el análisis se centra estrictamente en el cumplimiento contractual. Además, precedentes del CIADI y de la Corte de Arbitraje de la CCI —como los casos CMS contra Argentina y Occidental contra Ecuador— han establecido que la alteración unilateral del régimen jurídico de una inversión puede constituir expropiación indirecta, obligando al Estado a indemnizar el valor total de mercado. La condición de presidente interino y la ausencia de aprobación legislativa refuerzan la tesis de arbitrariedad del acto.

Más allá del frente legal, el impacto político e institucional es significativo. Diversos analistas consideran que el Congreso, la Contraloría y el Ministerio Público deberían evaluar responsabilidades por un eventual perjuicio patrimonial al Estado. De confirmarse los riesgos advertidos en informes técnicos y financieros, el país pasaría de enfrentar los problemas de una empresa estatal endeudada a cargar con una potencial morosidad soberana. Un escenario que, según especialistas, podría hipotecar recursos públicos futuros y trasladar el costo de decisiones de corto plazo a las próximas generaciones.

Lima, 3 de enero de 2026.- La operación militar estadounidense que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ha quedado expuesta como un acto impulsado por el control de las vastas reservas petroleras venezolanas. El presidente Donald Trump declaró abiertamente que EE.UU. asumirá temporalmente el gobierno de Venezuela y enviará a sus grandes compañías petroleras a invertir miles de millones para «reparar la infraestructura rota y hacer fluir el petróleo», confirmando las denuncias de una intervención colonialista disfrazada de operación judicial por cargos de narcoterrorismo.

En Perú, candidatos presidenciales de izquierda como Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Vladimir Cerrón (Perú Libre) y Ronald Atencio (Venceremos) han condenado enérgicamente la agresión. Sánchez rechazó la «agresión militar e invasión a la soberanía del pueblo venezolano». Cerrón expresó «plena solidaridad» ante el «cobarde ataque bélico» y advirtió contra la complicidad en una «guerra imperialista». Atencio la calificó de «agresión genocida yanqui», enfatizando que no se puede permitir la violación a la autodeterminación de los pueblos.

Especial relevancia tienen las voces de Juntos por el Perú: su líder y candidato presidencial Roberto Sánchez, y la congresista Margot Palacios, figura femenina clave del partido. Palacios denunció una «salvaje agresión imperialista» destinada al saqueo del petróleo, alertando que «Trump viene por los recursos naturales de nuestros pueblos; si hoy no defendemos la soberanía de Venezuela, seremos los próximos», en una crítica directa al apetito extractivista estadounidense revelado por las propias palabras de Trump.

Estas condenas peruanas se suman a un rechazo internacional creciente, con gobiernos y líderes progresistas denunciando la violación al derecho internacional y el precedente peligroso de intervencionismo por recursos. Mientras la derecha peruana celebra la caída de Maduro, las posturas antiimperialistas de la izquierda cobran fuerza ante la evidencia de que la operación prioriza el dominio petrolero sobre cualquier pretensión de justicia.

Aunque el régimen chavista ha generado una profunda crisis humanitaria, la intervención estadounidense no busca democracia sino control económico, como lo admitió Trump al priorizar la explotación del oro negro venezolano. Las voces de Sánchez, Palacios, Cerrón, Atencio y otros líderes de izquierda peruana representan una defensa principista de la soberanía latinoamericana frente a este nuevo capítulo de colonialismo moderno.

Lima, 3 de enero de 2026.- El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, declaró este jueves que el gobierno de transición encabezado por el presidente interino José Jerí no cuenta con facultades constitucionales para impulsar reformas estructurales en Petroperú, como las establecidas en el Decreto de Urgencia N° 010-2025, publicado el 31 de diciembre.

Gutiérrez enfatizó que decisiones de esta magnitud sobre una empresa estratégica del Estado deben corresponder a un gobierno elegido legítimamente en las urnas, y no a una administración transitoria. «Es inaudito que un gobierno de transición pretenda definir el futuro de Petroperú», señaló en entrevistas a medios locales, al tiempo que anunció la elaboración de un informe técnico para evaluar la constitucionalidad, viabilidad y ejecutabilidad de la norma.

Además, el titular de la Defensoría defendió la rentabilidad de la petrolera estatal, destacando balances positivos en 2024 y 2025, y sostuvo que la empresa es viable sin necesidad de fragmentación o ingreso masivo de capital privado. El pronunciamiento refuerza el debate sobre la medida gubernamental, que busca evitar el colapso financiero de Petroperú pero ha sido criticada como una privatización encubierta.