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¿Lo quieres sacar del juego? El plan para inhabilitar a Pedro Castillo genera polémica

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El Congreso peruano vuelve a ser escenario de controversia tras la reciente denuncia constitucional presentada por Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, contra el expresidente Pedro Castillo. La iniciativa, que busca inhabilitarlo por 10 años para ejercer cargos públicos, ha encendido un debate sobre los límites entre la justicia y la instrumentalización política.

Muñante, quien argumenta que las medidas de prisión preventiva no garantizan la exclusión de Castillo de la vida política, presentó la denuncia en el contexto del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La medida también incluye a exministros como Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, todos señalados por infracciones a diversos artículos de la Constitución.

Aunque la inhabilitación es presentada como un mecanismo para salvaguardar la democracia, críticos apuntan a una estrategia política. Según analistas, la denuncia refleja el temor de sectores conservadores ante el posible resurgimiento de Castillo en la arena electoral, especialmente con su reciente alianza con el partido Todo con el Pueblo.

Lectura de Pedro Castillo en el contexto fallido de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022

La narrativa de Muñante se apoya en la decisión del Tribunal Constitucional que calificó los hechos de diciembre de 2022 como un intento de golpe de Estado. Sin embargo, defensores de Castillo argumentan que su actuación fue una respuesta a la crisis institucional generada por el Congreso, no un acto de rebelión.

El debate no es solo jurídico, sino profundamente político. Si bien el Congreso tiene el poder de inhabilitar a funcionarios, el uso reiterado de estas denuncias contra adversarios ideológicos puede erosionar la confianza en las instituciones.

En un país polarizado, la persecución de líderes populares bajo pretexto de «defensa de la democracia» podría consolidar la percepción de un sistema político que favorece a las élites. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene ahora la responsabilidad de manejar el caso con rigurosidad, para evitar que la justicia sea vista como un arma política.

La pregunta central persiste: ¿se trata de un acto necesario para proteger el orden democrático o de una maniobra para eliminar a un rival incómodo? El desenlace tendrá implicaciones profundas para el futuro político del país.

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