El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha presentado varios proyectos de ley ante la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República para su estudio y dictamen. Estos proyectos, presentados…
Nacional
Perú en crisis: Mayoría de peruanos cree que leyes del Congreso favorecen a la delincuencia

Lima – Una reciente encuesta nacional de Datum ha encendido las alarmas sobre la percepción de inseguridad en el Perú, revelando que el 62 % de los ciudadanos considera que las leyes aprobadas por el Congreso, dominado por Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso y Avanza País, benefician a los delincuentes. Este dato refleja un profundo cuestionamiento a la efectividad de la legislación actual en la lucha contra el crimen.
La desconfianza hacia las instituciones alcanza niveles críticos: un 89 % de los encuestados no confía en jueces ni fiscales, señalando liberaciones de detenidos, retrasos procesales y la falta de sentencias firmes como principales problemas. Esta crisis institucional se agrava con la percepción de que el sistema judicial es ineficiente o indulgente frente a la delincuencia.

Dina Boluarte, en el ojo de la tormenta
La presidenta Dina Boluarte es señalada por la mayoría como la principal responsable de la escalada de inseguridad, debido a la falta de medidas efectivas para frenar el aumento de los índices delictivos. La encuesta también muestra que el 86 % de los peruanos se siente inseguro en su ciudad, lo que ha generado temor a salir de noche, restricciones en actividades diarias y una menor participación en espacios públicos.
Inseguridad impulsa deseos de emigrar
El impacto de la delincuencia trasciende lo cotidiano: un 36 % de los ciudadanos ha considerado emigrar del país por motivos de seguridad. Esta cifra evidencia cómo la inseguridad no solo afecta emocionalmente, sino que también está influyendo en decisiones de vida trascendentales.
Un desafío urgente para las autoridades
Los resultados de Datum pintan un panorama alarmante, con una ciudadanía que percibe un sistema judicial colapsado y leyes que no protegen. Esta crisis estructural demanda acciones inmediatas y contundentes por parte del gobierno y el Congreso para recuperar la confianza ciudadana y garantizar la seguridad. La implementación de políticas efectivas y una reforma judicial profunda se presentan como prioridades ineludibles para enfrentar esta problemática.
Actualidad
FRENO HISTÓRICO A LA INHABILITACIÓN DE PEDRO CASTILLO Y BETSSY CHÁVEZ EN EL CONGRESO

En una decisiva sesión parlamentaria, un bloque de congresistas de izquierda socialista y del movimiento popular logró detener el nuevo intento de la derecha por inhabilitar políticamente al expresidente Pedro Castillo y a la ex primera ministra Betssy Chávez. La propuesta conservadora obtuvo solo 44 votos a favor en el caso de Castillo y 53 en el de Chávez, cifras muy por debajo de los 68 votos requeridos. La jornada dejó en evidencia la creciente resistencia frente al lawfare y al uso político de las instituciones que se profundizó tras la ruptura constitucional del 7 de diciembre de 2022.
La congresista Margot Palacios, de Juntos por el Perú, encabezó la firme oposición a estas inhabilitaciones, respaldada por legisladores de diversas bancadas de izquierda y del movimiento popular como Germán Tacuri, Roberto Sánchez, Wilson Quispe, Jaime Quito, Pasión Dávila y José María Balcázar. Para Palacios y sus colegas, las acusaciones carecen de sustento jurídico y forman parte de una estrategia destinada a impedir que líderes con amplio respaldo popular continúen participando en la vida política del país.
Palacios, candidata al Senado con el número 8 y respaldada por Pedro Castillo, se ha consolidado como una de las voces más coherentes en la defensa de los perseguidos políticos. Recientemente presentó un proyecto de ley de amnistía total para Castillo, con el fin de extinguir las condenas y procesos penales derivados de los sucesos de diciembre de 2022. Según la parlamentaria, esta iniciativa busca corregir el uso instrumental del sistema judicial para validar decisiones políticas impulsadas desde el Congreso.

La congresista sostiene que las sentencias contra Castillo y Chávez responden a un Poder Judicial subordinado a la actual mayoría parlamentaria. En reiteradas intervenciones ha denunciado la criminalización de la protesta social y el intento de excluir de la esfera electoral a quienes representan proyectos de transformación económica y social. Su voz se ha convertido en un referente del campo popular, articulando la defensa de los derechos democráticos con la exigencia de justicia para las víctimas del régimen.
La reciente votación demuestra que, pese al control ejercido por la derecha y sectores aliados —incluyendo a parte de Perú Libre— existe una resistencia firme dentro y fuera del Parlamento. Para los congresistas que votaron en contra, este resultado es una victoria parcial pero significativa en la defensa de la voluntad popular y en la lucha contra la persecución política. Mientras continúan las demandas por la libertad de Pedro Castillo y justicia para las víctimas de la represión, Margot Palacios reafirma su compromiso con una democracia al servicio del pueblo y no de los intereses económicos que buscan perpetuar su dominio.
Actualidad
Podemos Perú enfrentaría grave crisis de credibilidad si se confirma el juicio oral contra José Luna Gálvez

Lima, 3 de diciembre de 2025 – El partido Podemos Perú, que actualmente postula a Raúl Noblecilla como candidato a la segunda vicepresidencia con discurso de “defensa del pueblo” y promesa de indulto a Pedro Castillo, quedaría en una posición extremadamente incómoda si el Poder Judicial admite a trámite la acusación fiscal que solicita 22 años y 8 meses de prisión para su líder efectivo, José Luna Gálvez, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el caso conocido como “Los Gánsters de la Política”.
La contradicción sería aún más evidente si se recuerda que los congresistas de la bancada de Podemos Perú votaron unánimemente a favor de la vacancia presidencial de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y, durante casi tres años, rechazaron sistemáticamente todas las mociones de vacancia contra Dina Boluarte, blindándola en más de 40 ocasiones junto a Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú y Perú Libre, solo para voltearle la espalda en octubre de 2025 cuando su impopularidad superó el 90 %.
Analistas consultados por este medio advertirían que, de concretarse el juicio oral contra Luna Gálvez y mantenerse el discurso de “izquierda” en la campaña 2026, Podemos Perú podría perder la poca credibilidad que tiene ante el electorado en un país ya saturado de promesas vacías y traiciones parlamentarias, porque además ya es forzado a extremo el discurso de sus dos candidatos a vicepresidencia, porque en escencia es un partido de la derecha pragmática que siempre estuvo aliniado a los gobiernos neoliberales de turno.
Minería
Paro nacional indefinido de mineros artesanales bloquea seis vías y exige ampliación del REINFO

Lima, 3 de diciembre de 2025.– La Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN) inició ayer un paro nacional indefinido que mantiene bloqueados al menos seis puntos críticos de la red vial nacional, según el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran) emitido a las 06:00 horas de hoy.
Los tramos interrumpidos incluyen el km 782 de la Panamericana Sur (puente Ocoña, Camaná-Arequipa), el km 444 (Nazca-Ica), el cruce Choccoyo en el Corredor Minero del Sur (Chumbivilcas-Cusco) y la carretera Trujillo-Agallpampa Quiruvilca en La Libertad. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones estima pérdidas superiores a los S/ 120 millones en las primeras 48 horas por paralización de carga y transporte interprovincial. Los manifestantes exigen la aprobación inmediata de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), cuyo plazo de inscripción vence el 31 de diciembre de 2025 conforme al Decreto Supremo N° 012-2025-EM publicado el 30 de junio.
Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), al 30 de noviembre existían 78,456 inscritos activos en el REINFO, de los cuales aproximadamente 42,000 no cuentan aún con autorización de inicio o reinicio de actividades y quedarían automáticamente fuera del proceso de formalización.

CONFEMIN sostiene que la prórroga debe extenderse hasta el 31 de diciembre de 2027 y eliminarse los requisitos de denuncia minera propia, propuesta contenida en el predictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso que fue observado por el Ejecutivo en agosto pasado. Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú reporta el despliegue de 450 efectivos en los puntos de mayor conflictividad, con un saldo de un fallecido y 20 heridos desde el reinicio de las protestas en noviembre.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reiteró esta mañana que el Gobierno no respaldará una séptima prórroga del REINFO y llamó a los dirigentes a retomar el diálogo técnico en la Comisión Multisectorial creada por Resolución Ministerial N° 278-2024-MINEM. Mientras tanto, la Junta de Portavoces del Congreso no ha incluido aún el debate del predictamen en la agenda de la presente legislatura.
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