Lima, 13 de octubre de 2025.– En un contexto de crisis política y creciente malestar ciudadano hacia el Gobierno, un grupo de gobernadores regionales, varios de ellos investigados por corrupción y ligados a partidos de derecha, emitió un pronunciamiento en apoyo al presidente José Enrique Jeri Oré. En el documento, los firmantes respaldan la convocatoria a un “Pacto por la gobernabilidad democrática y la paz social”, abogando por la unidad entre fuerzas políticas y sociales, pese a las serias críticas que enfrentan por su propia gestión.

El comunicado, publicado este lunes, busca transmitir una imagen de diálogo y estabilidad; sin embargo, diversos analistas lo interpretan como un intento de blindaje político entre las autoridades regionales y el Ejecutivo. Entre los firmantes destacan los gobernadores de Lambayeque, Ayacucho, Callao, Pasco y Amazonas, muchos de los cuales están involucrados en procesos judiciales por delitos como corrupción, colusión y malversación de fondos. Según expertos, este respaldo tendría como objetivo garantizar impunidad frente a posibles investigaciones y preservar cuotas de poder en un escenario de reconfiguración política.

El pronunciamiento apela a la “unidad nacional” y al “fortalecimiento del Estado descentralizado”, pero elude cualquier autocrítica sobre los casos de corrupción y la deficiente gestión presupuestal en las regiones. En un clima de creciente desconfianza hacia las instituciones, el documento ha generado rechazo entre sectores populares y organizaciones sociales, que lo consideran un pacto entre élites regionales para sostener un gobierno debilitado y proteger sus propios intereses políticos y económicos.

El alcalde provincial de Pataz, en la región La Libertad, Aldo Carlos Mariños, llegó a Lima para sostener una reunión con el presidente interino José Jerí Oré. El encuentro tuvo como objetivo abordar temas vinculados al desarrollo local, la seguridad en la zona minera y los proyectos de infraestructura pendientes en la provincia. La reunión se realizó en Palacio de Gobierno y contó con la participación de representantes del Ejecutivo y asesores municipales.

Sin embargo, el acercamiento generó críticas entre sectores del movimiento social y popular de la sierra norte y centro del país, quienes esperaban que las autoridades locales mantuvieran una posición más distante frente a un gobierno que consideran transitorio y sin respaldo popular. Algunos dirigentes señalaron que la cita con Jerí podría interpretarse como un gesto de aval político a un régimen que, según indican, no pretende impulsar ningún cambio estructural en beneficio del país profundo, porque además responde a los intereses de los que dirigen el Congreso de la República, aliados de Dina Boluarte.

Por su parte, fuentes cercanas al alcalde defendieron la reunión, argumentando que su participación responde solamente a la necesidad de gestionar recursos y proyectos urgentes para la provincia de Pataz, afectada por problemas de conectividad vial y conflictos mineros. Afirmaron además que el diálogo con el Ejecutivo no implica renunciar a las demandas históricas del pueblo liberteño, sino buscar soluciones concretas para su provincia en el marco institucional.

Juliaca, Puno, 8 de octubre de 2025 – El precandidato presidencial del partido conservador peruano Avanza País, Phillip Butters, fue obligado a abandonar la ciudad de Juliaca tras un masivo rechazo ciudadano durante una visita de campaña. Decenas de pobladores, incluidos familiares de las víctimas de las protestas de 2022-2023, se congregaron frente a la emisora La Decana, donde Butters ofrecía entrevistas, exigiendo su salida. Los manifestantes, indignados por sus declaraciones pasadas que justificaron la represión policial en la región, lo acusaron de ser cómplice de las muertes ocurridas en Puno, donde al menos 21 personas perdieron la vida.

El ambiente se tornó hostil cuando los ciudadanos bloquearon las salidas de la radio, lanzando consignas como “Puno tiene memoria” y “Cómplice de las masacres”. Butters, quien en 2022 llamó “terroristas” a los manifestantes y avaló el uso de “balas” contra las protestas, permaneció atrincherado por cerca de dos horas. La Policía Nacional intervino con un cordón de seguridad, pero no pudo evitar que la multitud arrojara huevos, piedras, basura e incluso orina al precandidato, quien salió protegido con casco y chaleco antibalas rumbo a una comisaría.

El incidente expone la profunda herida que las protestas de 2022-2023 dejaron en Puno, particularmente en Juliaca, donde 18 personas murieron el 9 de enero de 2023 por la represión estatal. Las declaraciones de Butters, quien se negó a dialogar con la prensa local, fueron percibidas como una provocación en una región que aún exige justicia. Su actitud evasiva y la falta de un pronunciamiento claro tras el episodio han avivado las críticas, que lo señalan como un símbolo de polarización y desprecio por las víctimas. Conforme se puede apreciar en este link: https://www.facebook.com/share/v/17Hz7BSaZa/ compartido por Binacional TV.

En redes sociales, el rechazo a Butters se viralizó, con videos que muestran la intensidad de la protesta y el caos durante su evacuación. Usuarios y medios locales han calificado el evento como un revés para su campaña, evidenciando el rechazo que enfrenta en el sur del país. Este episodio subraya la fractura social que persiste en el Perú y el costo político de posturas que minimizan el dolor de comunidades afectadas por la violencia estatal.

La salida forzada de Butters de Juliaca envía un mensaje claro: la memoria de las víctimas no se negocia. Mientras el precandidato busca posicionarse rumbo a las elecciones, su paso por Puno revela que el camino hacia la presidencia estará marcado por el peso de sus palabras y el repudio de quienes no olvidan. La ciudadanía puneña, con su reacción, reafirma su demanda de respeto y justicia frente a una clase política que, en muchos casos, sigue sin escuchar.