Lima, 28 de noviembre de 2025 – En una sesión que se extendió hasta altas horas de la madrugada, el Pleno del Congreso de la República aprobó por 100 votos a favor, 12 en contra y una abstención la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, según el dictamen del Proyecto de Ley N° 12255/2025-PE remitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El monto total asciende a S/ 257.561.619.143, lo que representa un incremento nominal del 2,3% (S/ 5.761 millones) respecto al presupuesto inicial de 2025, pero que, al descontar la inflación proyectada del 2,5%, implica una contracción real en sectores clave. Especialistas del Instituto Peruano de Economía (IPE) y la Defensoría del Pueblo advierten que esta asignación perpetúa brechas sociales, afectando a más de 10 millones de peruanos en pobreza multidimensional, con un énfasis desproporcionado en gasto corriente (70% del total) sobre inversión social.

De acuerdo con los datos oficiales del MEF incorporados al dictamen aprobado, el sector educación recibe S/ 38.200 millones, equivalente al 14,8% del presupuesto total y un crecimiento nominal del 2,5%, pero con una reducción real del 0,2% tras inflación. El programa Beca 18 y Pronabec solo obtendrán S/ 50 millones adicionales de los S/ 700 millones solicitados, obligando al Ministerio de Educación a reasignar fondos internos para sostener becas existentes, según la disposición transitoria aprobada. En salud, los S/ 22.500 millones asignados marcan un incremento nominal del 3,1%, pero una caída real del 0,4%, insuficiente para el nombramiento progresivo de 50.000 trabajadores ex CAS-COVID ni para reducir listas de espera en hospitales públicos, que superan los 1,2 millones de atenciones pendientes. Estos montos, detallados en el Anexo del Presupuesto Público publicado por el MEF, priorizan atención primaria, pero ignoran la subejecución histórica del 25% en regiones rurales.

Los programas de alimentación y vivienda pública tampoco escapan al ajuste: Qali Warma y comedores populares mantienen S/ 1.800 millones sin aumento real, dejando sin desayuno garantizado a 4 millones de niños en zonas vulnerables, mientras el Fondo MIVIVIENDA y Techo Propio se congelan en S/ 980 millones, un 0% de crecimiento nominal que no cubre la demanda de 500.000 familias en hacinamiento. Organizaciones como Unicef Perú y el Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales tildan este presupuesto de «el más regresivo en una década», con la directora de Unicef, Delicia Ferrando, alertando: «Se destinan fortunas a infraestructura vial, pero millones de peruanos seguirán sin acceso básico a salud o un techo digno». El MEF estima que estas brechas, donde el 56% de la población rural carece de agua potable y el 40% vive en viviendas informales, se agravarán en un año electoral como 2026, exigiendo observaciones ejecutivas para redirigir al menos el 5% del gasto corriente hacia inversión social.

Lima, 25 noviembre de 2026.– Este miércoles 26 de noviembre, desde las 9:00 a. m., el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional leerá la sentencia contra el expresidente Martín Vizcarra por el presunto cobro de S/ 2.3 millones en coimas de los consorcios Obrainsa e ICCGSA, a cambio de adjudicaciones de obras cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua. El Ministerio Público solicita 15 años de prisión efectiva.

Vizcarra, quien entre 2016 y 2020 se presentó como el gran renovador de la política peruana, terminó siendo para muchos el emblema de una corrupción revestida de un discurso de centro y “socialdemocracia”. Durante su convulsionado gobierno (2018-2020), destinó millonarios fondos de publicidad estatal a los principales medios que lo elevaban como figura heroica, además de favorecer con importantes licitaciones a los mismos grupos económicos que respaldaron su campaña y la creación acelerada de su partido Perú Nación.

Lejos de impulsar transformaciones de fondo, su gestión terminó fortaleciendo a los sectores de poder tradicionales, mientras el país continuaba sumido en desigualdad y precariedad. La disolución del Congreso en 2019 -promocionada como un acto democrático- operó también como un escudo político para él y su entorno más cercano, integrado por familiares, exsocios y operadores investigados desde su etapa en Moquegua.

Más allá del resultado del juicio -una sentencia condenatoria de 15 años o una eventual absolución-, los críticos sostienen que el vizcarrismo fue esencialmente una operación de marketing político que recicló a la misma élite bajo un nuevo logo y un discurso “antifujimorista”. Su red política mantiene presencia en el Parlamento y en gobiernos regionales, capitalizando la fragmentación electoral que les permite sobrevivir incluso en medio de múltiples cuestionamientos.

El caso Vizcarra vuelve a poner sobre la mesa una constante en la política peruana: cambian los nombres y los partidos, pero persisten la corrupción, los pactos con los poderes fácticos y las promesas de “cambio” que nunca tocan los privilegios de quienes realmente dominan el país.

Lima, 20 de noviembre de 2025. – A partir de hoy y hasta el 3 de diciembre, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones que no presentaron su solicitud en la primera fase del octavo retiro extraordinario (Ley N.° 32445) tienen una segunda y última oportunidad estructurada para pedir hasta 4 UIT (S/ 21.400). El cronograma, organizado por el último dígito del DNI, comenzó ayer con los documentos terminados en letra y hoy corresponde a quienes tienen terminación en 0, en un horario único de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. a través de las plataformas virtuales de las cuatro AFP (Integra, Habitat, Prima y Profuturo).

La medida responde al persistente escepticismo de los aportantes respecto a la capacidad de las administradoras para generar rentabilidad suficiente que garantice una jubilación digna. En los últimos diez años, los fondos han registrado periodos de pérdidas reales ajustadas por inflación y comisiones que, en opinión de economistas y colectivos de afiliados, erosionan el ahorro previsional. Este contexto ha motivado que más de 6 millones de personas hayan retirado parte o la totalidad de sus fondos en los siete retiros anteriores, priorizando liquidez inmediata frente a la incertidumbre de largo plazo.

Quienes no alcancen esta segunda ventana aún podrán registrar su solicitud en el periodo libre del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, aunque los desembolsos —de hasta 1 UIT (S/ 5.350) por tramo— se efectuarán en un máximo de 30 días calendario cada uno. Las AFP han reforzado sus plataformas digitales para evitar las caídas registradas en fases previas, mientras la Asociación de AFP y la SBS recomiendan a los interesados ingresar con anticipación y tener actualizados sus datos bancarios para agilizar el proceso.