Lima, 5 de octubre de 2025. — Cientos de jóvenes salieron a las calles del centro de Lima el sábado 4 y domingo 5 de octubre convocados por el colectivo Generación Z, un movimiento juvenil que denuncia la corrupción estructural, la impunidad y la represión que pesan sobre el país. Las movilizaciones, autoconvocadas a través de redes sociales, expresaron el hartazgo de una generación que no se siente representada por el Congreso ni por el gobierno de Dina Boluarte.

La concentración principal se realizó el sábado en la Plaza San Martín, desde donde los manifestantes marcharon hacia el Congreso de la República, en medio de un fuerte despliegue policial. Con pancartas, tambores y símbolos de la cultura popular —la “Z” pintada en los rostros y la bandera pirata de One Piece—, los jóvenes exigieron el fin de la impunidad, justicia por las víctimas de la represión de 2022 y 2023, y una renovación completa del sistema político. “No tenemos miedo, tenemos memoria”, se escuchó corear durante la marcha.

Aunque la protesta transcurrió de manera pacífica, organizaciones de derechos humanos denunciaron uso excesivo de la fuerza. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) reportó que el joven músico Rumi, integrante de un colectivo de sikuris, resultó herido por un proyectil metálico que se alojó en su cadera, presuntamente disparado por efectivos policiales. La CNDDHH exigió la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos para investigar el hecho y denunció que agentes intentaron retener el celular del herido y manipular la evidencia del proyectil extraído.

El domingo, las movilizaciones continuaron en menor número, pero con una marcada presencia cultural. Colectivos feministas, universitarios y artísticos convirtieron la Plaza San Martín en un espacio de expresión libre, con música, poesía y performances que reafirmaron su rechazo a la represión estatal y al silencio institucional. Las consignas apuntaron también contra los grandes medios, acusados de minimizar la protesta juvenil.

El movimiento Generación Z, nacido de las redes sociales y de la frustración colectiva ante la corrupción y la violencia policial, se consolida así como una nueva fuerza ciudadana, sin jerarquías ni partidos, que irrumpe con creatividad, humor y determinación. Su mensaje es directo: la juventud no callará ante la injusticia, la mentira ni el miedo.

La dimisión de Juan José Santiváñez de la cartera de Justicia y Derechos Humanos se enmarca menos en una ambición electoral y más en una retirada estratégica ante el inminente cerco judicial. La Fiscalía lo identifica como presunto cabecilla de una organización criminal que operó desde el corazón del Estado, una acusación que transforma su renuncia en un acto de preservación personal.

Las evidencias recopiladas por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder son específicas y abrumadoras. Los allanamientos conectan a Santiváñez con una trama delictiva que incluye la fabricación de un arraigo laboral para Nicanor Boluarte, la manipulación de ascensos policiales a cambio de cobros indebidos y la alteración de contratos públicos para beneficiar a estudios de abogados como Tenorio Abogados & Asociados, donde habría ocultado documentos.

Su gestión previa como ministro del Interior añade capas de gravedad al caso. Fue censurado por el Congreso en marzo por incapacidad moral, vinculado a la represión de protestas. Además, audios con peritaje forense validado lo sitúan en conversaciones sobre el desmantelamiento de la Diviac a petición de la presidenta Boluarte y el uso del cofre presidencial para facilitar la fuga del prófugo Vladimir Cerrón.

La cronología de su salida es elocuente: renunció minutos después de que el Congreso anunciara un nuevo debate de censura. Con doce investigaciones en curso —por lavado de activos, tráfico de influencias y encubrimiento, entre otros—, su aspiración a un escaño con Alianza para el Progreso aparece como un intento transparente de obtener inmunidad parlamentaria.

El caso Santiváñez trasciende a un individuo; es un síntoma de la captura criminal del Estado. Su huida hacia la política no es una transición, sino la consolidación de una estrategia de impunidad, evidenciando cómo las instituciones son manipuladas para proteger a operadores clave de un régimen cuestionado en su origen y legitimidad.

Una investigación de El Foco ha destapado un presunto esquema de irregularidades en el programa «Obras por Impuestos» (OXI) durante la gestión de Dina Boluarte, iniciado en diciembre de 2022. Según el informe, 130 proyectos por un total de S/ 2.198 millones fueron adjudicados a empresas «cascarón», entidades sin trabajadores registrados en la Sunat, con direcciones falsas o inexistentes y capital inflado mediante bonos de reconstrucción de dudosa validez. Estas compañías, concentradas en regiones como Áncash, Ica y Arequipa, habrían obtenido contratos en sectores clave como salud, educación y transporte, poniendo en riesgo la ejecución efectiva de obras destinadas a beneficiar a más de 22 millones de peruanos, según datos oficiales de ProInversión.

El programa OXI, gestionado por ProInversión, ha adjudicado 710 proyectos por S/ 12.839 millones desde 2009, con un récord de 126 proyectos por S/ 4.204 millones en 2024 y 94 adicionales por S/ 1.106 millones hasta mayo de 2025. Sin embargo, la investigación señala que al menos 15 empresas carecen de operatividad real, registrando domicilios en viviendas particulares o locales abandonados, lo que sugiere posibles actos de colusión o malversación. La falta de control concurrente por parte de la Contraloría y la ausencia de fiscalización del Congreso agravan las sospechas, ya que no se han identificado mecanismos efectivos para detectar estas anomalías en tiempo real.

El escándalo añade presión al gobierno de Boluarte, ya cuestionado por casos como el «Rolex» y presuntas firmas falsas en decretos. En redes sociales, la denuncia ha generado indignación, con miles de usuarios exigiendo intervención de la Fiscalía y auditorías inmediatas. Hasta el momento, ni ProInversión ni el Ejecutivo han respondido oficialmente, mientras el país espera esclarecer si estos S/ 2.198 millones realmente se traducirán en desarrollo o se perderán en un nuevo capítulo de corrupción. La ciudadanía y las autoridades deben actuar con urgencia para garantizar transparencia en un programa que, en teoría, busca cerrar brechas históricas de infraestructura.