Los congresistas de Perú Libre, Waldemar Cerrón y María Agüero, experimentaron un rechazo contundente durante su visita al Mercado Modelo de Huancayo, de la ciudad de Huancayo del departamento de Junín. En…
Nacional
Vladimir y Waldemar Cerrón intentaron beneficiarse con ley impulsada por su bancada

En medio de la controversia por la reciente Ley N.º 32108, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y su hermano, el congresista Waldemar Cerrón, enfrentan un nuevo revés judicial en su intento de archivar las acusaciones en su contra por el caso «Los Dinámicos del Centro».
Pese a los esfuerzos de los Cerrón para beneficiarse de una norma que ellos mismos impulsaron en el Congreso, utilizando la bancada de Perú Libre, el juez Jorge Chávez Tamariz resolvió que la ley no podía aplicarse en su caso, manteniendo la investigación abierta por el presunto delito de organización criminal.
El caso «Los Dinámicos del Centro»
Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, y Waldemar Cerrón, congresista y vicepresidente del Congreso, ahora aliados de Keiko Fujimori jefa de Fuerza Popular, están involucrados en la investigación por organización criminal debido a su presunta participación en la red de corrupción conocida como «Los Dinámicos del Centro».
Según las indagaciones de la fiscalía. Esta organización habría operado desde el Gobierno Regional de Junín, dirigido en su momento por Vladimir Cerrón, extendiendo sus actividades ilícitas a nivel nacional. Al respecto, la defensa de los hermanos Cerrón intentó que se aplicara la Ley N.º 32108, promulgada el 9 de agosto, que modifica aspectos clave en la definición de crimen organizado.
Por lo que, el abogado de los Cerrón, Arturo Silva Rojas, solicitó el archivo de la investigación basándose en esta nueva norma. No obstante, el juez Chávez Tamariz rechazó este pedido, argumentando que, aunque la ley es constitucional, su aplicación debe estar alineada con los tratados internacionales, específicamente la Convención de Palermo, que establece parámetros más amplios para delitos relacionados con organizaciones criminales.
El papel de la Convención de Palermo
La Convención de Palermo, ratificada por Perú en 2002, es un tratado internacional clave en la lucha contra la delincuencia organizada. Según esta convención, la definición de crimen organizado no se limita únicamente a la duración de la pena, sino que abarca también la gravedad del delito y su naturaleza transnacional.
El juez Chávez Tamariz, al interpretar la Ley N.º 32108 bajo el marco de la Convención de Palermo, señaló que la norma debe aplicarse de manera coherente con los compromisos internacionales asumidos por el Perú. Siendo determinante para desestimar la solicitud de los hermanos Cerrón, quienes esperaban que la ley modificada facilitara el archivo de su caso, porque al parecer ese habría sido los acuerdos arribados con las otras fuerzas políticas que se beneficiarían de todas maneras porque ellos no impulsaron.

Manipulación legislativa
El fallo del juez también expuso una preocupante tendencia dentro del Congreso de la República. Desde octubre de 2023, Waldemar Cerrón ha impulsado numerosos proyectos legislativos que buscan modificar aspectos clave del sistema de justicia. Muchos de estos proyectos han sido interpretados como intentos de debilitar las instituciones judiciales para favorecer a su hermano, Vladimir Cerrón, quien se encuentra en la clandestinidad tras ser condenado por colusión en el caso Aeródromo Wanka.
Entre estas iniciativas destaca un proyecto que proponía la creación de una comisión parlamentaria para fiscalizar la actuación de jueces y fiscales, generando rechazo de diversas instituciones del Estado, que la calificaron como un atentado contra la independencia judicial.
La respuesta judicial
En su resolución, el juez Jorge Chávez Tamariz aclaró que la Ley N.º 32108 no puede ser aplicada de manera arbitraria para favorecer a los hermanos Cerrón, ya que debe interpretarse de manera coherente con los tratados internacionales. Asimismo, subrayó que la jurisprudencia internacional establece que nadie puede beneficiarse de su propio fraude, haciendo referencia a la vinculación directa de Waldemar Cerrón en la elaboración y aprobación de la norma, que si bien es cierto fue presentada por la Bancada Perú Libre, le atribuyen dominio completo sobre las decisiones de sus integrantes.
A pesar de la decisión judicial, la defensa de los hermanos Cerrón ha anunciado que apelará el fallo, lo que augura una prolongada batalla legal. No obstante, este caso pone en evidencia los intentos del bloque de Perú Libre por instrumentalizar el Congreso en favor de intereses personales, utilizando la legislación como herramienta para evadir la justicia. Por lo que, sorprende a muchos que continúa victimizándose con supuestas persecuciones a su persona, cuando la realidad es que existe un contubernio con los partidos que gobiernan desde el Congreso y disponen las acciones gubernamentales a través o en coordinación con quien ocupa el sillón presidencial.
Un Congreso cuestionado
La estrategia de los Cerrón para manipular la legislación ha sido objeto de críticas no solo por parte de sectores políticos, sino también por instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público. La reciente propuesta de Waldemar Cerrón para fiscalizar la actuación de jueces y fiscales es vista como un ataque a la independencia del sistema judicial, y ha generado un fuerte rechazo dentro del Congreso y entre especialistas en derecho constitucional.

El caso de los hermanos Cerrón, junto con la polémica Ley N.º 32108, expone los peligros de usar el poder legislativo para fines personales. Aunque la norma fue promulgada con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado, los vacíos legales que presenta han abierto una puerta para su interpretación sesgada. En este contexto, la intervención del juez Chávez Tamariz ha sido crucial para garantizar que la justicia no se vea comprometida por intereses políticos.
El rechazo del juez a la aplicación de la Ley N.º 32108 en el caso de «Los Dinámicos del Centro» marca un importante precedente en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Perú. Aunque los Cerrón aún pueden apelar, esta decisión refuerza la necesidad de mantener la integridad de las instituciones judiciales y legislativas en un momento crítico para el país, donde está cada vez más claro la alianza de los Cerrón Rojas con los Fujimori, Acuña y otros, que coincidentemente, tienen denuncias similares.
Fuente: Webs y redes de noticias
Actualidad
Crisis en Beca 18: miles de jóvenes en incertidumbre por recorte presupuestal y silencio del gobierno

Lima, 25 de enero de 2026 – Más de 100,000 jóvenes peruanos que postularon a la convocatoria 2026 del programa Beca 18 del Pronabec (Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo) permanecen en un limbo prolongado. Los resultados del Examen Nacional de Preselección (ENP), realizado en noviembre de 2025, debían publicarse en enero de este año, pero a la fecha no hay fecha exacta ni lista oficial, generando una creciente ola de protestas y acusaciones de ineficiencia y falta de transparencia por parte del gobierno interino del presidente José Jerí Oré.
El origen del retraso: un presupuesto drásticamente recortado
El programa Beca 18, diseñado para otorgar becas integrales (matrícula, alimentación, alojamiento y otros gastos) a jóvenes talentosos en situación de pobreza o extrema pobreza, alcanzó un récord histórico de postulantes en esta convocatoria: más de 103,000 jóvenes con buen rendimiento académico que culminaron la secundaria reciente.
El gobierno anterior había proyectado alrededor de 20,000 becas nuevas para 2026, duplicando metas de años previos (como las 20,000 de 2025). Sin embargo, el presupuesto aprobado por el gobierno interino de José Jerí Oré en el sector Educación para Pronabec, resultó extremadamente limitado: cerca de S/50 millones, lo que solo alcanzaría para financiar aproximadamente 2,000 becas o menos.
Este recorte se oficializó durante el debate presupuestal de noviembre-diciembre 2025. Fuentes oficiales del Pronabec y reportes periodísticos confirman que la falta de definición presupuestal impide aprobar las bases del concurso y publicar la lista de preseleccionados. Publicar resultados ahora expondría inmediatamente que la gran mayoría de postulantes aptos quedarían excluidos, lo que podría detonar un escándalo mayor.
La Oficina de Planeamiento Estratégico y Presupuesto del Ministerio de Educación (Minedu) no ha emitido el informe técnico necesario para sustentar financiamiento adicional, lo que ha llevado a que la institución opte por el silencio ante consultas de medios y afectados.
Silencio del gobierno: ¿Estrategia o Ineficiencia?
El presidente José Jerí Oré ha respondido de forma vaga a las demandas educativas, minimizando protestas juveniles en general y sin acciones concretas para reasignar fondos. La directora ejecutiva de Pronabec, Paola Liliana Lobatón Fuchs (designada el 18 de diciembre de 2025 tras la renuncia de la anterior titular por la polémica presupuestal), se reunió con afectados en diciembre y prometió «exigir rapidez», pero desde entonces no ha habido comunicaciones públicas significativas.
Padres de familia, postulantes y becarios actuales califican esta actitud como un «colmo de ineficiencia y complicidad». El retraso no solo es técnico: es percibido como una dilación política para ganar tiempo, negociar fondos extras o ajustar metas sin admitir el fracaso en cumplir promesas de movilidad social.
Reacción social: twitazos, marchas y amenaza de escalada
La indignación ha tomado forma en redes y calles. El 24 de enero de 2026, en el marco del Día Internacional de la Educación, la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) convocó un twitazo nacional con hashtags como #JeriBecasYa y #BecasEnRiesgo, que generó cientos de publicaciones exigiendo respuestas inmediatas y etiquetando directamente al presidente, Minedu y MEF.
Protestas previas incluyen marchas el 9 de enero frente al MEF y Minedu, y movilizaciones de becarios por retrasos en subvenciones de Beca Permanencia. La FEP ha advertido que, sin anuncios concretos en los próximos días, se iniciarán acciones más fuertes: marchas masivas en Lima (posiblemente frente a Palacio de Gobierno o Congreso) y regiones, vigilias o tomas simbólicas.
Postulantes y padres se organizan en grupos de WhatsApp, Instagram y asambleas juveniles, sumando voces de quienes planean futuras postulaciones y ven este caso como precedente de debilitamiento permanente del programa.
Contexto más amplio: desigualdad educativa y debates en curso.
Esta crisis se inscribe en un panorama de acceso limitado a la educación superior en Perú. Cada año egresan alrededor de 450,000 jóvenes de secundaria, pero solo 30 – 38% transita a superior, y apenas 15-22% a instituciones públicas (gratuitas pero altamente competitivas y desiguales). Programas como Beca 18 cubren solo una fracción mínima mediante concursos asimétricos.
En paralelo, el Congreso debate reformas: el Ciclo Cero (aprobado en comisiones en 2025, impulsado por Perú Libre), apoyado por los partidos que gobiernan, establece un semestre preparatorio con promedio mínimo de 13 para avanzar, criticado como «filtro disfrazado» para mantener tal como está la situación. En contraste, el Proyecto de Ley 10001/2024-CR de la congresista Margot Palacios Huamán (ahora en Juntos por el Perú y candidata al Senado con número 8) propone ingreso directo, progresivo y gratuito a universidades públicas, con reformas estructurales para evitar colapso, un camino mucho más serio por la gradualidad y el establecimiento de la educación gratuita como derecho público, acompañado de cambios en el propio sistema educativo.
Mientras el Ejecutivo guarda silencio, la presión social crece. Miles de familias vulnerables esperan que el gobierno priorice la educación como derecho real, no como promesa incumplida. Si no hay resolución pronto, la crisis podría escalar a niveles nacionales, afectando no solo a los postulantes de 2026, sino al futuro de la movilidad social en el país.
Actualidad
Puno fue escenario de una de las mayores presentaciones de candidaturas presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026

Puno, 24 de enero de 2026.– La ciudad de Juliaca fue escenario de una de las más multitudinarias presentaciones de candidaturas presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026, en un acto político que congregó a la plancha presidencial, candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, así como a dirigentes, militantes y simpatizantes del partido Juntos por el Perú provenientes de diversas regiones del país.
El evento marcó el lanzamiento oficial de la candidatura presidencial de Roberto Sánchez Palomino, en un contexto de intensificación de la actividad proselitista a nivel nacional. La actividad se desarrolló en la región Puno, considerada estratégica dentro del escenario electoral del sur andino.
Entre los candidatos principales al Senado Nacional que participaron se encuentran José Mercedes Castillo Terrones, Margot Palacios Huamán, Elías Varas Seguin, Jaime Quito Sarmiento, Isaac Humala, Pasión Dávila, entre otros. Asimismo, asistieron postulantes a la Cámara de Diputados como Irma Castillo Terrones, Yenifer Paredes Paredes, Cledin Vásquez, César Tito Rojas y una lista larga de ellos que hicieron uso de la palabra. Durante la jornada se expusieron propuestas vinculadas a demandas sociales, descentralización y fortalecimiento de la representación regional en el Congreso.

En su discurso, Roberto Sánchez Palomino destacó el rol del sur del país en el proceso electoral y afirmó que su candidatura presidencial busca consolidar una propuesta política que recoja las principales demandas de los sectores populares y de los departamentos históricamente postergadas. También hizo un llamado a la unidad de las organizaciones políticas y sociales con miras a los comicios de 2026.
Los candidatos al Senado coincidieron en la necesidad de promover una agenda legislativa orientada a la libertad del expresidente Pedro Castillo Terrones, el impulso de una nueva Constitución y la implementación de cambios estructurales, además del fortalecimiento de la democracia y la defensa de los derechos sociales. Los organizadores señalaron que el evento evidenció cohesión interna y despliegue territorial de la propuesta política de Juntos por el Perú.
Con esta presentación en Puno, la campaña electoral hacia las Elecciones Generales 2026 ingresa a una nueva etapa, caracterizada por el desarrollo de actividades proselitistas fuera de Lima y por los esfuerzos de los partidos políticos por posicionar a sus principales liderazgos a nivel nacional.
Actualidad
El presidente interino José Jerí enfrenta una vacancia inminente por reuniones clandestinas con empresario chino

Lima, 21 de enero de 2026 – El presidente interino de la República, José Jerí Oré, se encuentra en el centro de una grave crisis política tras su comparecencia este miércoles ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, donde trató explicar las reuniones no registradas oficialmente con el empresario chino Zhihua Yang (conocido como «Johnny Yang»), dueño de varios locales comerciales. La sesión, que duró varias horas y fue presidida por el legislador Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular), abordó dos encuentros clave: uno el 26 de diciembre de 2025 en un chifa en el distrito de San Borja, y otro el 6 de enero de 2026 en el local Market Capón del Centro de Lima.
En su intervención, Jerí negó cualquier irregularidad, tráfico de influencias o negociación ilícita, argumentando que las reuniones respondieron a invitaciones relacionadas con actividades de amistad Perú-China, sin solicitudes de favores ni beneficios indebidos. Admitió la presencia ocasional de Ji Wu Xiaodong (investigado por otros delitos), pero sostuvo desconocer detalles de su situación judicial. El mandatario descartó renunciar, enfatizando que hacerlo implicaría admitir culpas inexistentes, y aseguró plena colaboración con las investigaciones. El empresario Zhihua Yang emitió un comunicado negando haber pedido favores y cuestionando la filtración de videos de seguridad.
El Congreso registra al menos tres mociones de censura contra Jerí en su calidad de presidente de la Mesa Directiva, lo que derivaría en su salida de la presidencia interina. Una de ellas, impulsada por la congresista Ruth Luque Ibarra, que cuenta con las 20 firmas requeridas para su admisión a trámite y argumenta falta de transparencia e incapacidad moral por las reuniones clandestinas. Bancadas como Renovación Popular y otros funcionales al régimen también han anunciado recolección de firmas para una censura adicional y pedido de un Pleno Extraordinario. Estas mociones requieren solamente de 66 votos en el Pleno para prosperar.
Paralelamente, avanza una moción de vacancia presidencial por presunta incapacidad moral permanente, promovida por el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) y con firmas en aumento (alcanzando al menos 16 en reportes previos). Asimismo, Margot Palacios Huamán impulsa una segunda moción de vacancia presidencial, que ya contaría con 15 firmas. Este mecanismo exige 87 votos en el Pleno, un umbral más elevado, aunque sectores progresistas, de izquierda y algunos independientes lo impulsan con fuerza. Mientras, bancadas de ka derecga parlamentaria que son mayoría como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos han mantenido silencio o posiciones de respaldo implícito al mandatario hasta el momento, pero está claro que en el práctica no apoyarán dicha mociones.
Por su parte, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra Jerí por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses, tras los reportajes que difundieron imágenes de los encuentros. El caso, denominado «Chifagate» en medios, se desarrolla en plena transición gubernamental a meses de las Elecciones Generales de 2026, generando amplio debate sobre transparencia y posibles convocatorias a Pleno extraordinario en el Congreso, actualmente en receso.
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