Un informe del programa televisivo “Cuarto Poder” destapó una controversia al revelar que una directiva reciente flexibiliza los controles sobre los regalos, donaciones y cortesías que la presidenta Dina Boluarte y su entorno en Palacio de Gobierno pueden recibir. La norma, según el programa, elimina restricciones claras sobre el valor de estos obsequios, generando preocupación por la falta de transparencia en un contexto donde la mandataria ya enfrenta cuestionamientos por el caso Rolex. La revelación ha desatado críticas de diversos sectores que exigen mayor claridad y regulación para evitar posibles conflictos de interés. 

En respuesta, el ministro de Justicia, Enrique Alarcón, defendió la directiva, asegurando que solo se aceptarán “obsequios simbólicos” entregados en actos oficiales, como los provenientes de embajadores durante visitas diplomáticas. Sin embargo, no especificó qué se considera “simbólico” ni detalló los mecanismos de supervisión para garantizar que no se abuse de esta flexibilidad. Expertos en ética pública advierten que la ambigüedad de la norma podría abrir la puerta a irregularidades, especialmente en un gobierno bajo escrutinio por su manejo de la integridad. 

La ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil han exigido que el Ejecutivo precise los límites y publique un registro detallado de los regalos recibidos por la presidenta y funcionarios. Mientras tanto, el Congreso ha anunciado que evaluará citar al ministro Alarcón para que explique la directiva. Este nuevo episodio se suma a los desafíos del gobierno de Boluarte para proyectar una imagen de transparencia, en un momento en que la confianza en las instituciones públicas sigue siendo frágil.

La Federación Departamental de Trabajadores del Cusco (FDTC), base de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), ha convocado a una jornada regional de lucha este lunes 22 de julio desde las 9 a.m., en defensa del Gasoducto Sur Andino y por una política energética que impulse el desarrollo industrial y el empleo en el Macro Sur.

La convocatoria llama a la participación masiva de organizaciones sociales, sindicales, gremios profesionales, autoridades locales, partidos políticos y estudiantes del Cusco y el sur del país. Según el pronunciamiento emitido por la FDTC, la jornada tiene como objetivos centrales exigir al gobierno de Dina Boluarte la conclusión del Gasoducto Sur Andino, la construcción de plantas de fraccionamiento y generación térmica, y la implementación de un modelo energético soberano, al servicio de las regiones del sur.

Los dirigentes advierten sobre el anuncio gubernamental de priorizar el denominado «gasoducto costero», al que acusan de ser un proyecto diseñado para beneficiar a grupos empresariales y postergar nuevamente al Cusco y al sur andino. Denuncian que esta medida busca legalizar de forma encubierta decisiones que contradicen compromisos contractuales y que enterrarían de forma definitiva el proyecto original del gasoducto sur.

“Bajo ninguna circunstancia aceptaremos el anuncio del ‘gasoducto costero’ que pretende sepultar el gasoducto sur andino. Esta decisión es inaceptable y constituye una traición a nuestras aspiraciones de desarrollo industrial regional”, señalaron los voceros de la FDTC.

La movilización se realizará en simultáneo con concentraciones en la Plaza San Francisco y la Plaza Limacpampa de Cusco. La FDTC también ha advertido que, de confirmarse en el Mensaje Presidencial del 28 de julio el abandono definitivo del Gasoducto Sur Andino, convocarán a un paro regional del Macro Sur en coordinación con frentes regionales, sindicatos, universidades y organizaciones de base.

Esta jornada se da en un contexto de creciente malestar en el sur del país, donde amplios sectores sociales exigen una política energética que priorice el desarrollo de sus regiones, con empleo digno, servicios públicos y soberanía sobre sus recursos naturales.

El alcalde provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, expresó su descontento tras la reciente mesa de diálogo convocada por el gobierno central, calificándola de una «lavada de cara» debido a la falta de acuerdos concretos y participación reducida de los involucrados locales en la problemática minera que ha traído muertes en los últimos meses.

En una reunión celebrada el 29 de mayo de 2025 en el distrito de Pataz del departamento norteño de La Libertad, ministros de diversas carteras del gobierno de Dina Boluarte se reunieron con autoridades locales, ronderos y mineros artesanales para abordar la situación de la minería en la región. Sin embargo, según Mariños, no se alcanzaron compromisos sustanciales que respondieran a las demandas de la población.

El alcalde manifestó su frustración al señalar que, a pesar de las expectativas generadas, la mesa de diálogo no produjo resultados tangibles. «No se llegó a ningún acuerdo concreto. Fue solo una reunión más sin compromisos claros», afirmó Mariños.

Esta situación ha generado malestar entre los pobladores de Pataz, quienes esperaban soluciones efectivas a la problemática minera que afecta a la región. El alcalde ha anunciado que, ante la falta de avances, se evaluarán nuevas medidas de protesta para exigir una atención real y efectiva por parte del gobierno central.

La comunidad de Pataz mantiene su postura firme en la defensa de sus derechos y espera que futuras instancias de diálogo conduzcan a acuerdos concretos que beneficien a la población local.