Juliaca, Puno, 8 de octubre de 2025 – El precandidato presidencial del partido conservador peruano Avanza País, Phillip Butters, fue obligado a abandonar la ciudad de Juliaca tras un masivo rechazo ciudadano durante una visita de campaña. Decenas de pobladores, incluidos familiares de las víctimas de las protestas de 2022-2023, se congregaron frente a la emisora La Decana, donde Butters ofrecía entrevistas, exigiendo su salida. Los manifestantes, indignados por sus declaraciones pasadas que justificaron la represión policial en la región, lo acusaron de ser cómplice de las muertes ocurridas en Puno, donde al menos 21 personas perdieron la vida.

El ambiente se tornó hostil cuando los ciudadanos bloquearon las salidas de la radio, lanzando consignas como “Puno tiene memoria” y “Cómplice de las masacres”. Butters, quien en 2022 llamó “terroristas” a los manifestantes y avaló el uso de “balas” contra las protestas, permaneció atrincherado por cerca de dos horas. La Policía Nacional intervino con un cordón de seguridad, pero no pudo evitar que la multitud arrojara huevos, piedras, basura e incluso orina al precandidato, quien salió protegido con casco y chaleco antibalas rumbo a una comisaría.

El incidente expone la profunda herida que las protestas de 2022-2023 dejaron en Puno, particularmente en Juliaca, donde 18 personas murieron el 9 de enero de 2023 por la represión estatal. Las declaraciones de Butters, quien se negó a dialogar con la prensa local, fueron percibidas como una provocación en una región que aún exige justicia. Su actitud evasiva y la falta de un pronunciamiento claro tras el episodio han avivado las críticas, que lo señalan como un símbolo de polarización y desprecio por las víctimas. Conforme se puede apreciar en este link: https://www.facebook.com/share/v/17Hz7BSaZa/ compartido por Binacional TV.

En redes sociales, el rechazo a Butters se viralizó, con videos que muestran la intensidad de la protesta y el caos durante su evacuación. Usuarios y medios locales han calificado el evento como un revés para su campaña, evidenciando el rechazo que enfrenta en el sur del país. Este episodio subraya la fractura social que persiste en el Perú y el costo político de posturas que minimizan el dolor de comunidades afectadas por la violencia estatal.

La salida forzada de Butters de Juliaca envía un mensaje claro: la memoria de las víctimas no se negocia. Mientras el precandidato busca posicionarse rumbo a las elecciones, su paso por Puno revela que el camino hacia la presidencia estará marcado por el peso de sus palabras y el repudio de quienes no olvidan. La ciudadanía puneña, con su reacción, reafirma su demanda de respeto y justicia frente a una clase política que, en muchos casos, sigue sin escuchar.

Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución de Pedro Castillo, el Perú no ha dejado de protestar. En el interior del país —Puno, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Apurímac, Moquegua, Huancavelica y Junín— la indignación se ha convertido en un clamor permanente. Las movilizaciones, que comenzaron con bloqueos de carreteras y tomas de aeropuertos, dejaron más de 50 muertos y 1.400 heridos entre 2022 y 2023, según Amnistía Internacional.

En Puno, la llamada “Masacre de Juliaca” del 9 de enero de 2023, donde 18 manifestantes fueron asesinados por disparos policiales, marcó un punto de inflexión. Desde entonces, el grito de “Dina asesina” resuena en plazas y marchas. En Ayacucho, el 15 de diciembre de 2022, la represión en Huamanga dejó heridos y detenidos, mientras en Andahuaylas, Apurímac, se reportaron más de 50 lesionados. Estas regiones, donde Pedro Castillo obtuvo más del 80% de respaldo en 2021, hoy concentran el rechazo más alto a Boluarte, cuya desaprobación alcanzó el 92% en 2024 según Datum.

Durante 2023, las protestas se extendieron con la “Tercera Toma de Lima”, que reunió a miles de delegaciones del sur y centro andino. En Cusco, la toma del aeropuerto Velasco Astete dejó heridos, mientras en Arequipa y Moquegua los bloqueos afectaron el transporte y la minería. Las manifestaciones, articuladas por gremios como el Sutep y la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha, no solo exigían la renuncia presidencial, sino una nueva Constitución que devuelva representatividad al país profundo.

El rechazo también se trasladó a los ministros. En octubre de 2024, en Lurigancho-Chosica, Boluarte y el ministro de Salud, César Vásquez, fueron abucheados durante una inauguración escolar. En Huaycán, Morgan Quero, ministro de Educación, recibió huevos y piedras tras calificar de “ratas” a las víctimas de las protestas, lo que derivó en una investigación fiscal. En Huancavelica, en junio de 2025, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, enfrentó pifias en un acto público, y en Arequipa, en julio, manifestantes atacaron un vehículo oficial.

El exministro del Interior, Juan José Santiváñez, censurado por su ineficacia ante la inseguridad en marzo de 2025, fue abucheado en actos policiales. En Loreto, las protestas mineras de julio de 2025 contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dejaron cuatro heridos y denunciaron el abandono del Estado frente a las comunidades amazónicas.

Otro símbolo del malestar popular es el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, cuestionado por su cercanía al empresariado minero. En mayo de 2025, gremios agrarios de Arequipa y Puno convocaron un paro nacional contra su propuesta de reducir impuestos solo a agroexportadores, dejando fuera a la agricultura familiar, que representa el 97% de la producción nacional. Sus declaraciones —“si te va mal, no le tienes que pedir nada al Estado”— y su frase en Perumin 37 (“la agricultura puede esperar, la minería no”) desataron protestas en el valle de Tambo, donde manifestantes quemaron una efigie de Boluarte. El 4 de octubre de 2025, en Ayacucho, Manero fue abucheado a la salida de una audiencia agraria por familiares de víctimas y frentes de defensa.

Mientras tanto, las marchas juveniles en Lima y sus periferias reactivan la protesta. En septiembre de 2025, colectivos de la Generación Z salieron a las calles de Los Olivos y Plaza San Martín para denunciar la corrupción y la represión, con varios heridos y una fuerte presencia policial. En redes sociales, los hashtags #DinaAsesina y #FueraBoluarte acumulan miles de publicaciones, reflejando un rechazo que traspasa fronteras.

En septiembre de 2025, Cusco suspendió trenes hacia Machu Picchu por bloqueos, y en Ayacucho, el Sutep lideró marchas exigiendo justicia para las víctimas. El gobierno, sin capacidad de diálogo, califica las protestas como “cultura de odio”, mientras el Congreso, también con más del 90% de desaprobación, sostiene a Boluarte al rechazar mociones de vacancia.

La presidenta concentra hoy más del 85% de su agenda en Lima y Callao, evitando regiones donde su presencia genera rechazo. Pero el interior sigue siendo el termómetro de la crisis política. En Puno, Huancavelica y Arequipa, los pueblos continúan movilizados, exigiendo justicia, elecciones anticipadas y el fin de un sistema que consideran indolente y excluyente.

Las acusaciones por genocidio, corrupción y enriquecimiento ilícito, junto al Rolexgate y las cirugías estéticas ocultas, han profundizado la desconfianza. Cada abucheo, bloqueo o marcha expresa un sentimiento acumulado de traición y abandono.

A tres años del estallido social, el grito no se apaga. El sur y la sierra resisten, con un mensaje que retumba en cada plaza y carretera: el Perú no olvida, y su clamor sigue siendo incesante.

El gobierno de Daniel Noboa ha profundizado su apuesta por el modelo neoliberal con la eliminación del subsidio al diésel, vigente desde septiembre de 2025. El precio del galón pasó de 1,80 a 2,80 dólares, una medida presentada como clave para ahorrar 1.100 millones de dólares anuales y cumplir con los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, la decisión ha detonado protestas masivas encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), junto a gremios de transportistas y trabajadores.

Aunque el Banco Central del Ecuador (BCE) reportó un crecimiento del 3,9 % en el primer semestre de 2025, el Banco Mundial proyecta que la economía cerrará el año con apenas 1,9 %, lo que evidencia la fragilidad de un modelo que prioriza el pago de deuda externa sobre las necesidades sociales. Las compensaciones anunciadas —9,2 millones de dólares para transportistas y 78 millones para agricultores— resultan insuficientes frente al incremento del costo del transporte y de la canasta básica, golpeando con mayor fuerza a los sectores más vulnerables.

La aparente mejora económica contrasta con el aumento de la deuda pública, que alcanzó los 83.256 millones de dólares en enero de 2025, un 6 % más que en 2024. El FMI estima un crecimiento del 1,7 % y una inflación del 1,3 % para este año, pero las cifras no reflejan el costo social: una contracción del 2 % en 2024, un estado de excepción en ocho provincias, 24 detenciones y denuncias de represión policial. Las protestas han incluido bloqueos de carreteras y una marcha de más de 100.000 personas en Cuenca, mientras el gobierno endurece su discurso y amenaza con sanciones bajo cargos de “terrorismo”.

Analistas describen el modelo de Noboa como autoritario y extractivista, pues privilegia los intereses externos sobre el bienestar de la población y consolida una economía dependiente y desigual. Pese a contar con reservas internacionales por 8.451 millones de dólares a agosto de 2025, el Ejecutivo se niega a revertir la eliminación del subsidio, lo que podría escalar el conflicto hacia un paro nacional indefinido.

La crisis ecuatoriana, seguida con atención en países vecinos como Perú, constituye una alerta sobre los riesgos de aplicar políticas neoliberales que, al ignorar las demandas populares, amenazan la estabilidad regional y perpetúan la pobreza. Se hace cada vez más urgente, advierten especialistas, avanzar hacia un modelo económico inclusivo y soberano.