El dengue en Perú va en aumento, sobre todo en la región de Tumbes. Los casos en este territorio, ubicado al norte del país, suman 948, de los cuales 384 han sido…
Agricultura
El norte de Perú se seca: la desesperada lucha por el agua en Piura, Lambayeque y Tumbes

El norte del Perú enfrenta una de sus crisis hídricas más severas en años. En departamentos como Piura, Lambayeque y Tumbes, los ciudadanos se ven obligados a cavar huecos frente a sus casas en busca de agua, mientras autoridades y expertos llaman a la urgencia de «rezar para que llueva«.
Esta problemática ha dejado sin agua a miles de personas y amenaza la producción agrícola en una zona que depende del recurso hídrico para el cultivo de arroz, caña de azúcar, algodón y otros cultivos; que, además impacto en la ganadería.

La situación es tan crítica que las reservas de agua de los principales reservorios de la región se han reducido a mínimos históricos, afectando tanto el consumo humano como la agricultura y ganadería.
Pobladores cavan huecos y una reserva a punto de agotarse
La situación en Piura ha llegado a tal punto que los residentes de zonas como el asentamiento humano Micaela Bastidas en el distrito de Veintiséis de Octubre han tomado medidas desesperadas. “Estamos cavando huecos porque ya no sale ni una gota de agua”, comenta Elena Zapata, una adulta mayor que depende de sus vecinos para conseguir agua, ya que no tiene fuerzas para cargar baldes. “Ahorita no hay nada. Estamos sufriendo completamente”, agregó, describiendo un escenario desgarrador donde las personas no saben cómo podrán acceder al recurso.

En Piura, la planta de tratamiento de Curumuy, que abastece de agua potable a toda la provincia, ha dejado de operar debido a los bajos niveles en el canal Daniel Escobar. La falta de lluvias y la reducción de agua en los ríos han agravado la situación.
Vecinos del A.H. Talarita, en el distrito de Castilla hacen largas colas con baldes y diversos recipientes en el Parque del Niño Héroe, para recolectar agua de la tubería que se utiliza para regar las áreas verdes del parque. Esta situación es resultado de la crisis hídrica que atraviesa la región, que ha generado una grave escasez de agua en la zona. Con visible molestia y malestar, los vecinos llegan con sus recipientes en busca de agua, una escena que se repite en diversos puntos de la ciudad. Esta medida es una respuesta a la falta de suministro, ya que el agua no llega a sus casas y las cisternas de la EPS Grau no tienen programado abastecer esta zona. Por otro lado, en el asentamiento humano Pachitea, vecinos de calles como Roma, Marañón, Lambayeque y Cajamarca expresaron su descontento ante la demora y falta de organización en la distribución de agua a través de cisternas. Ellos piden que esta sea equitativa.

Las autoridades, como Marco Vargas Trelles, gerente de la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Grau S.A., han advertido que solo queda agua para un mes. Sin embargo, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid, critica la falta de un plan hídrico eficaz en el gobierno regional, acusando a las gestiones anteriores de priorizar intereses políticos sobre soluciones técnicas. Para los más de 1.5 millones de habitantes de Piura, esta situación podría convertirse en una crisis de proporciones incalculables.

Sequía en el Tinajones y el impacto en la agricultura
La crisis también golpea a Lambayeque, donde el reservorio de Tinajones, vital para el suministro de agua en la región, se encuentra en niveles críticos. Con tan solo 29 millones de metros cúbicos de agua, las autoridades han decidido destinar el recurso exclusivamente al consumo humano, dejando sin agua a extensas áreas agrícolas.
Este recorte afecta de forma particular a los agricultores de arroz, uno de los principales cultivos de la región. La Junta de Usuarios del Valle Chancay ya ha tomado la decisión de no sembrar más de mil hectáreas de arroz, en lugares como Chongoyape y La Ramada, debido a la falta de agua para el riego.
Humberto Nieto Idrogo, jefe de Operaciones del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), mencionó que la sequía obligará a realizar cortes prolongados de suministro, afectando a 15 sectores agrícolas en las zonas de Pampa Grande, Ferreñafe, Lambayeque y Pomalca.
Estos cortes de agua no solo ponen en riesgo la economía local, sino también la seguridad alimentaria de miles de familias que dependen de la producción agrícola para subsistir.
Tumbes y la amenaza de quedarse sin agua en cuestión de semanas
Aunque Tumbes no cuenta con grandes proyectos de infraestructura hídrica, la falta de lluvias ha reducido drásticamente el caudal de los ríos de la región, que abastecen tanto a la población como a los agricultores. La región, que siempre ha tenido dificultades con el suministro de agua, se encuentra ahora al borde de una crisis inminente. Los pobladores temen que en las próximas semanas la situación se vuelva insostenible.

«Tenemos que rezar para que llueva«: el llamado paradójico de un funcionario
Marco Vargas Trelles, gerente de EPS Grau, ha resumido el sentir de muchos piuranos al pedir públicamente a la población «rezar para que llueva«. Sin embargo, esta declaración refleja la falta de infraestructura adecuada para afrontar una sequía de esta magnitud.
Vargas lamenta que, pese a las recurrentes crisis de agua en la región, no se hayan implementado proyectos que garanticen un suministro estable tanto para la población como para la agricultura. “Pasamos de tener abundancia de agua a la escasez extrema, y no se ha hecho nada”, declaró, subrayando la necesidad urgente de construir más pozos y recuperar la capacidad de almacenamiento de los reservorios.
Actuación del Gobierno Nacional y Regional
A nivel gubernamental, las respuestas han sido limitadas y las acusaciones de falta de planificación. El Gobierno Nacional dirigido por Dina Boluarte, a través del titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) han mantenido silencio absoluto y omisión de funciones respecto a este tema.
El alcalde de Piura, Gabriel Madrid, ha señalado al presidente del Proyecto Especial Chira Piura, Víctor Garrido Lecca, de desinformar sobre la situación en el reservorio de Poechos. Además, apuntó que el gobierno regional, liderado por Luis Neyra León, no ha presentado un plan hídrico para hacer frente a la crisis. Las críticas se extienden hacia administraciones anteriores, que, según Madrid, han asignado recursos de forma equivocada, dejando a la región sin infraestructura de almacenamiento y distribución de agua en tiempos de sequía.

Un futuro incierto para los habitantes del norte peruano por la crisis hídrica
Mientras el norte de Perú se enfrenta a la peor crisis hídrica en años, la incertidumbre sigue creciendo entre la población. Los expertos alertan que, de no mejorar la situación, podría haber un éxodo de familias que dependerán de la ayuda estatal para sobrevivir en medio de un contexto donde el agua se ha convertido en un recurso cada vez más escaso. En tanto, los agricultores ven con temor la posibilidad de perder sus cultivos, lo que no solo representa una pérdida económica, sino también una amenaza para la seguridad alimentaria de toda la región.
La crisis hídrica en Piura, Lambayeque y Tumbes pone de manifiesto la necesidad de políticas a largo plazo y una planificación adecuada que permita a la población enfrentarse a futuras crisis hídricas, reflexionando sobre la necesidad de conservar los pocos recursos hídricos aptos para consumo humano y uso agrícola, especialmente en el sur de Perú, donde la actividad minera viene contaminando con la complicidad y omisión de gobierno corruptos.
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Trabajadores agrarios de agroexportadora Hass Perú S.A. denuncian intento de desarticular su sindicato y abusos laborales

Chao, Virú (La Libertad), febrero 2026.- Trabajadores de Hass Perú S.A., empresa agroexportadora de palta Hass y arándanos en el valle de Chao, denuncian prácticas antisindicales sistemáticas tras la constitución legal de su sindicato. El Sindicato de Trabajadores de la Empresa Hass Perú S.A. (SINTRAHASSP) fue inscrito oficialmente en diciembre de 2025 mediante la Resolución Subgerencial N° 000204-2025 del Gobierno Regional de La Libertad, cumpliendo todos los requisitos legales y gozando de protección constitucional.
A pesar de ello, los afiliados acusan a la empresa de intentos de desestabilización sindical, incluyendo no respeto a la libre afiliación, falta de reconocimiento pleno al sindicato y represalias directas. La Federación de Trabajadores del Sector Agroindustrial de La Libertad (FETSA RLL) señala despidos selectivos de dirigentes y afiliados, considerados nulos por discriminación antisindical según la normativa vigente y convenios de la OIT.
Entre las irregularidades laborales más graves denunciadas destacan condiciones precarias: jornadas intensas en lodo y bajo sol sin equipo de protección personal adecuado (guantes, botas o herramientas), lo que ha provocado accidentes, incluyendo pérdida de dedos en un caso reportado. Además, se reportan abandonos nocturnos en zonas rurales tras la jornada (esperas de más de una hora en oscuridad), presiones excesivas por productividad y exigencias de horas extras fuera de lo legal, con «premios» que buscan normalizar la explotación.
Los sueldos base permanecen estancados pese al crecimiento exportador de la empresa (aumento del 68% entre 2019 y 2024), sin reconocimiento proporcional de labores adicionales ni beneficios acordes. En enero de 2026, los trabajadores realizaron una huelga y paralización de labores para exigir diálogo y mejoras, lo que llevó a la Intendencia Regional de La Libertad de SUNAFIL a emitir una orden de inspección inmediata para verificar los hechos.
El conflicto pone en evidencia la asimetría en el sector agroexportador de La Libertad: boom de divisas versus precariedad laboral persistente. FETSA RLL y SINTRAHASSP llaman a fortalecer la sindicalización y exigen al Estado mayor diligencia en fiscalización. La empresa no ha emitido pronunciamiento público respondiendo a las acusaciones hasta el momento, en claro desafío a las demandas laborales, donde el Estado aparentemente también no puede hacer nada.
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Triunfo de los agricultores europeos

El pleno del Parlamento Europeo votó el 21 de enero de 2026 remitir el pacto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para evaluar su compatibilidad con los tratados europeos, especialmente en estándares ambientales, sanitarios y de protección agraria. La votación fue ajustadísima: 334 a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.
Firmado apenas días antes (el 17 de enero en Paraguay tras más de 25 años de negociaciones), el acuerdo abre la puerta a mayores importaciones de carne, azúcar, soja y pollo de Mercosur, producidos con normas más laxas que las europeas, lo que genera temores de competencia desleal y perjuicio al campo local.
Miles de agricultores protestaron masivamente frente al Parlamento en Estrasburgo el día previo, con tractores bloqueando accesos y concentraciones de más de 5.000 personas. Al conocerse el resultado, estallaron celebraciones: bocinazos, abrazos, banderas ondeando y gritos de «¡La lucha no fue en vano!» en vídeos virales que recorren las redes.
Organizaciones como Copa-Cogeca, FNSEA y COAG calificaron el voto como una «victoria histórica» lograda por la movilización sostenida. Aunque la Comisión Europea lamentó la decisión y podría intentar una aplicación provisional, el Parlamento y varios países se oponen. La revisión del TJUE podría durar 18-24 meses, dando un respiro clave al sector. ¡El campo europeo festeja hoy una conquista ganada con esfuerzo!
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Denuncian prácticas antisindicales en empresa agroexportadora Hass Perú de La Libertad

La Libertad, 12 de enero 2026.- Trabajadores de Hass Perú, empresa agroexportadora dedicada al cultivo de palta y arándanos en el departamento de La Libertad, han hecho pública una denuncia grave contra la compañía por presuntas prácticas antisindicales. El Sindicato de Trabajadores de Hass Perú (SINTRAHASSP), oficialmente registrado en diciembre de 2025 mediante la Resolución Subgerencial N° 000204-2025 del Gobierno Regional de La Libertad, acusa a la empresa de responder a su constitución con despidos de dirigentes y afiliados, hostigamiento laboral y deficiencias en medidas de seguridad que habrían provocado accidentes graves, incluyendo uno donde un trabajador perdió tres dedos de la mano.
Entre las exigencias del sindicato destacan la reposición inmediata de los despedidos —considerados nulos por constituir discriminación antisindical según la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y convenios de la OIT ratificados por Perú—, mejoras en el transporte al finalizar la jornada (con demoras excesivas en la movilidad), cese de presiones excesivas por parte de supervisores en la cosecha de arándano (con tolerancias mínimas de defectos que derivan en suspensiones), incremento de bonos en poda y cosecha, reducción de tareas excesivas y respeto pleno a la normativa de negociación colectiva.
La denuncia, que circula en redes sociales desde inicios de enero de 2026 y ha sido respaldada por economistas laborales como Fernando Cuadros Luque y Eduardo Zegarra, vincula estos hechos a un contexto más amplio de precarización en el sector agroexportador. Críticos señalan que la reciente Ley N° 32434 (conocida como Ley Chlimper 2.0, promulgada en 2025) reduce impuestos y aportes a EsSalud para las grandes empresas, lo que debilitaría la fiscalización laboral y facilitaría prácticas de este tipo en un rubro que concentra altos niveles de contratos temporales.
Ante las acusaciones, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó el 13 de enero de 2026 que su Intendencia Regional de La Libertad emitió una orden de inspección en la empresa, ubicada en Chao (Virú), para verificar las demandas laborales y presuntas irregularidades, incluyendo paralizaciones de actividades reportadas. La entidad ha enfatizado su rol en sancionar infracciones muy graves como actos contra la libertad sindical.
Este caso refleja tensiones persistentes en el sector agroindustrial peruano, donde el reconocimiento de sindicatos choca frecuentemente con estrategias empresariales de contención de costos. Mientras los trabajadores exigen respeto a derechos constitucionales y laborales, las autoridades competentes deberán determinar si se configuran violaciones que ameriten sanciones, reposiciones o medidas correctivas, en un escenario de creciente visibilidad de denuncias similares en la costa norte.

















