La presidente registra S/1’016,123.31 en el rubro “otros”, principalmente asociado a ahorros, depósitos y colocaciones financieras. Como candidata declaró solamente un Subaru valorizado en S/115,998.

Lima, 25 de agosto de 2026.- La presidente Keiko Fujimori declaró ante la Contraloría General de la República un patrimonio total de S/1’132,121.31 al inicio de su gestión, según su primera declaración jurada de ingresos, bienes y rentas como jefa de Estado.

El documento registra S/115,998 en el rubro bienes y S/1’016,123.31 en “otros”, categoría que comprende principalmente ahorros, depósitos y colocaciones financieras. Además, Fujimori consignó ingresos mensuales de S/35,568 provenientes del sector público.

¿Qué declaró como candidata?

El contraste adquiere relevancia porque en su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Generales 2026, Fujimori declaró como bien mueble un Subaru Forester, adquirido en 2017, valorizado en S/115,998. No registró bienes inmuebles a su nombre.

En esa misma declaración consignó S/271,853.45 de ingresos correspondientes al año 2024, provenientes del sector privado.

La diferencia entre los S/1’132,121.31 declarados actualmente y los S/115,998 correspondientes al vehículo es de S/1’016,123.31. Sin embargo, esta diferencia no puede interpretarse automáticamente como un incremento patrimonial irregular, debido a que las declaraciones responden a formatos y categorías diferentes.

El millón está registrado como “otros”

El principal elemento que requiere seguimiento es el rubro “otros”, donde la actual declaración ante Contraloría registra S/1’016,123.31.

Las fuentes públicas consultadas señalan que esta categoría comprende ahorros, depósitos y colocaciones financieras. Sin embargo, la información pública no permite identificar todos los detalles de las cuentas o instrumentos financieros involucrados.

Por ello, con la información disponible no es posible afirmar que se trate de dinero adquirido recientemente ni atribuirle un origen irregular.

El antecedente de 2011

La comparación con su última declaración como congresista ofrece otro dato relevante. Al culminar su periodo parlamentario en 2011, Fujimori declaró S/117,500 en bienes y S/603,700 en el rubro “otros”, por un total de S/721,200.

En ese sentido, frente a los S/1’132,121.31 declarados en 2026, la diferencia entre ambas declaraciones patrimoniales de Contraloría sería de S/410,921.31.

La pregunta pendiente

El dato que requiere mayor explicación pública no es únicamente el monto total declarado, sino la composición y origen de los S/1’016,123.31 registrados actualmente en “otros” y su correspondencia con las declaraciones patrimoniales anteriores.

La información publicada por la Contraloría permite conocer los montos generales, pero no todos los detalles de los activos financieros declarados.

Pulso27.com considera que la transparencia patrimonial de los altos funcionarios debe permitir a la ciudadanía comprender no solo cuánto se declara, sino también cómo está compuesto el patrimonio y cómo evolucionó entre una declaración y otra.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha incorporado una explicación de la presidenta Keiko Fujimori sobre la composición específica del monto registrado en el rubro “otros”.

Coracora, Ayacucho, 20 de agosto de 2026.- Un sismo de magnitud 7.2 remeció este jueves el sur andino del Perú a las 13:00:16 horas, con epicentro ubicado a 35 kilómetros al norte de Coracora, provincia de Parinacochas, región Ayacucho. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó una profundidad de 108 kilómetros e intensidad III-IV en Coracora.

El movimiento se sintió en varias regiones

El fuerte movimiento fue percibido en los ocho distritos de Parinacochas, entre ellos Coracora, Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravacayco y Upahuacho. También fue sentido en zonas de Apurímac, Ica y Moquegua, incluyendo Abancay y Nazca, de acuerdo con el reporte preliminar del COEN-INDECI.

Sin víctimas, pero continúa la evaluación

Hasta el primer balance oficial difundido por el COEN, no se reportaban daños a la vida o salud de las personas. Las oficinas de gestión del riesgo de desastres de los municipios desplegaron personal para verificar posibles afectaciones en viviendas, vías y otras infraestructuras, por lo que el balance podría cambiar conforme avance la evaluación en las comunidades más cercanas al epicentro.

La situación genera especial preocupación en las zonas rurales de Parinacochas, donde una parte importante de las viviendas está construida con adobe y calamina, materiales que pueden presentar mayor vulnerabilidad frente a movimientos sísmicos. Autoridades locales advirtieron que la prioridad es llegar a los anexos y poblados ubicados al norte de Coracora para determinar si existen viviendas afectadas.

Nazca reporta interrupción eléctrica

El impacto del sismo también alcanzó la región Ica. El COEN informó preliminarmente una interrupción del servicio eléctrico en la provincia de Nazca, que dejó a unos 6.000 usuarios sin suministro mientras se realizaban las verificaciones correspondientes. En Ica, Apurímac y Ayacucho, los gobiernos locales continuaban monitoreando la situación sin reportar, hasta ese momento, daños adicionales.

La Marina de Guerra del Perú, mediante la Dirección de Hidrografía y Navegación, descartó riesgo de tsunami para el litoral peruano tras el movimiento telúrico. La evaluación resulta relevante por la magnitud del evento, aunque su epicentro se ubicó en territorio continental y a considerable profundidad.

El peligro no termina con el primer movimiento

Defensa Civil recomendó a la población mantener la calma, ubicarse en zonas seguras, evitar ascensores y utilizar mensajes de texto para reducir la saturación de las redes de comunicación. Las autoridades también mantienen vigilancia ante la posibilidad de réplicas, mientras brigadas municipales y regionales continúan desplazándose hacia las zonas rurales.

El terremoto vuelve a poner bajo la lupa la vulnerabilidad de las poblaciones altoandinas y la necesidad de que la evaluación no se limite a las capitales provinciales. El primer reporte no registra víctimas, pero la emergencia todavía no está cerrada: falta conocer el estado real de las viviendas y comunidades próximas al epicentro. El desafío para el Estado es llegar antes que una eventual réplica y garantizar que ninguna población quede aislada o sin asistencia.

El reclamo: seguridad para trabajar

Los transportistas sostienen que han solicitado una audiencia con la presidenta de la República para plantear medidas concretas contra el crimen organizado y conocer qué acciones ejecutará el Ejecutivo. Según los gremios, hasta ahora no se ha concretado la reunión solicitada, situación que terminó empujándolos a anunciar la medida de fuerza.

Entre sus principales pedidos figuran el fortalecimiento de las unidades policiales y fiscales especializadas, mayor control de las comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios, presencia policial permanente en paraderos considerados de alto riesgo y protección para quienes denuncien casos de extorsión. Los dirigentes sostienen que ya entregaron propuestas al Gobierno, pero no han recibido una respuesta que consideren suficiente.

Una violencia que ya deja víctimas

La preocupación del sector tiene sustento en cifras oficiales. El Ministerio Público reportó 214 atentados contra el transporte público de Lima y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026, con 283 víctimas: 152 fallecidos y 131 heridos. El 94,4 % de los ataques ocurrió directamente contra unidades de transporte público.

Los gremios también recuerdan ataques recientes contra trabajadores y directivos del sector. Entre ellos figura el asesinato de Eugenio Benítez Tacanga, gerente general de la Empresa de Transportes Corazón de Jesús de San Diego, quien fue baleado el 6 de agosto en Los Olivos. Para los transportistas, estos hechos demuestran que la violencia ya no afecta solamente a quienes conducen las unidades, sino también a quienes administran las empresas.

El paro todavía puede evitarse

La paralización podría quedar sin efecto si el Ejecutivo concede antes del 25 de agosto la audiencia solicitada y establece una mesa de trabajo con compromisos verificables. Los dirigentes han señalado que su protesta será pacífica y que no buscan privilegios, sino condiciones mínimas de seguridad para continuar trabajando.

El anuncio coloca al Gobierno ante una nueva prueba frente a la inseguridad. No se trata solamente de si los buses circularán el 25 de agosto: está en juego la capacidad del Estado para proteger a trabajadores y pasajeros frente a una criminalidad que ya ha dejado cientos de víctimas. Si no hay diálogo ni respuestas concretas, Lima y Callao podrían enfrentar una nueva jornada de paralización y una creciente presión social sobre el Ejecutivo.