La suspensión del servicio, que afectará varias zonas de estas jurisdicciones, fue programada para realizar trabajos de mantenimiento del sistema de almacenamiento de agua potable.
Política
Antauro Humala no podrá ser candidato presidencial porque Corte Suprema declaró ilegal al partido ANTAURO

La Corte Suprema de Justicia declaró el pasado jueves la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), lo que representa un duro golpe para las aspiraciones políticas de su líder, Antauro Humala.
La resolución implica que el partido no podrá participar en elecciones mientras dure el proceso de apelación y revisión legal, y Humala, condenado previamente por homicidio calificado y rebelión, no podrá postular a la presidencia en las elecciones de 2026.

Sin embargo, aún podría intentar liderar una lista parlamentaria si no se aprueba una propuesta legislativa que impediría a sentenciados postular a cargos públicos.
Antauro Humala, conocido por sus posturas etnocaceristas y su crítica radical al sistema político, ha expresado un abierto rechazo al fallo. Según sus declaraciones, considera que el fallo responde a un intento del “estatus quo” de frenar las ideas de cambio que él representa.
A través de sus allegados, Humala ha anunciado que apelará la decisión y, de ser necesario, acudirá al Tribunal Constitucional (TC), aunque el proceso podría tardar hasta dos años, como señaló el constitucionalista Aníbal Quiroga. «Si se plantea un amparo, el TC valorará si la Corte Suprema actuó de forma constitucional», explicó Quiroga.
En paralelo, el vocero del movimiento en Loreto, Óscar Llapapasca, defendió la posición de Humala y aseguró que la ilegalidad del partido no significa la derrota de sus ideales. Afirmó que el sistema está criminalizando las propuestas de cambio y que el proyecto político de Humala no rechaza derechos humanos ni a grupos marginados, sino que busca transformar el sistema de raíz.

Por otro lado, figuras del ámbito político y judicial se han posicionado respecto al fallo. Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, señaló que no se debe permitir la participación de quienes buscan un cambio constitucional que pondría en riesgo la estabilidad del país.
En una postura similar, el general en retiro José Baella argumentó que se deben tomar medidas para evitar que agrupaciones con antecedentes violentos accedan al poder, trazando un paralelo entre ANTAURO y el Movadef.
Mientras tanto, la presidenta del TC, Luz Pacheco, confirmó que recientemente se reunió con Humala, aunque afirmó que su intención fue la de «limpiar su nombre» respecto al caso Andahuaylazo. Pacheco aclaró que se trata de una situación diferente a la ilegalidad del partido y que no se discutió esa reciente decisión judicial.
En este contexto, Humala, junto al partido en la que se inscribió para participar en las elecciones generales del 2026, enfrenta un complejo panorama político y legal.

Aunque persiste la incertidumbre sobre el futuro de A.N.T.A.U.R.O., el propio Humala ha dejado claro que su lucha por un cambio estructural en el país no terminará aquí, y que, de ser necesario, llevará el caso incluso ante instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Durante una rueda de prensa ofrecida el martes 5 de noviembre en el centro de la capital de Perú, Antauro Humala, quien reconoció el gobierno de la usurpadora de Dina Boluarte, dijo mantener la esperanza de postular a la presidencia con el partido ANTAURO para cambiar la podredumbre en el país, con el estilo que nos tiene acostumbrados.
Actualidad
FRENO HISTÓRICO A LA INHABILITACIÓN DE PEDRO CASTILLO Y BETSSY CHÁVEZ EN EL CONGRESO

En una decisiva sesión parlamentaria, un bloque de congresistas de izquierda socialista y del movimiento popular logró detener el nuevo intento de la derecha por inhabilitar políticamente al expresidente Pedro Castillo y a la ex primera ministra Betssy Chávez. La propuesta conservadora obtuvo solo 44 votos a favor en el caso de Castillo y 53 en el de Chávez, cifras muy por debajo de los 68 votos requeridos. La jornada dejó en evidencia la creciente resistencia frente al lawfare y al uso político de las instituciones que se profundizó tras la ruptura constitucional del 7 de diciembre de 2022.
La congresista Margot Palacios, de Juntos por el Perú, encabezó la firme oposición a estas inhabilitaciones, respaldada por legisladores de diversas bancadas de izquierda y del movimiento popular como Germán Tacuri, Roberto Sánchez, Wilson Quispe, Jaime Quito, Pasión Dávila y José María Balcázar. Para Palacios y sus colegas, las acusaciones carecen de sustento jurídico y forman parte de una estrategia destinada a impedir que líderes con amplio respaldo popular continúen participando en la vida política del país.
Palacios, candidata al Senado con el número 8 y respaldada por Pedro Castillo, se ha consolidado como una de las voces más coherentes en la defensa de los perseguidos políticos. Recientemente presentó un proyecto de ley de amnistía total para Castillo, con el fin de extinguir las condenas y procesos penales derivados de los sucesos de diciembre de 2022. Según la parlamentaria, esta iniciativa busca corregir el uso instrumental del sistema judicial para validar decisiones políticas impulsadas desde el Congreso.

La congresista sostiene que las sentencias contra Castillo y Chávez responden a un Poder Judicial subordinado a la actual mayoría parlamentaria. En reiteradas intervenciones ha denunciado la criminalización de la protesta social y el intento de excluir de la esfera electoral a quienes representan proyectos de transformación económica y social. Su voz se ha convertido en un referente del campo popular, articulando la defensa de los derechos democráticos con la exigencia de justicia para las víctimas del régimen.
La reciente votación demuestra que, pese al control ejercido por la derecha y sectores aliados —incluyendo a parte de Perú Libre— existe una resistencia firme dentro y fuera del Parlamento. Para los congresistas que votaron en contra, este resultado es una victoria parcial pero significativa en la defensa de la voluntad popular y en la lucha contra la persecución política. Mientras continúan las demandas por la libertad de Pedro Castillo y justicia para las víctimas de la represión, Margot Palacios reafirma su compromiso con una democracia al servicio del pueblo y no de los intereses económicos que buscan perpetuar su dominio.
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Podemos Perú enfrentaría grave crisis de credibilidad si se confirma el juicio oral contra José Luna Gálvez

Lima, 3 de diciembre de 2025 – El partido Podemos Perú, que actualmente postula a Raúl Noblecilla como candidato a la segunda vicepresidencia con discurso de “defensa del pueblo” y promesa de indulto a Pedro Castillo, quedaría en una posición extremadamente incómoda si el Poder Judicial admite a trámite la acusación fiscal que solicita 22 años y 8 meses de prisión para su líder efectivo, José Luna Gálvez, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el caso conocido como “Los Gánsters de la Política”.
La contradicción sería aún más evidente si se recuerda que los congresistas de la bancada de Podemos Perú votaron unánimemente a favor de la vacancia presidencial de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y, durante casi tres años, rechazaron sistemáticamente todas las mociones de vacancia contra Dina Boluarte, blindándola en más de 40 ocasiones junto a Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú y Perú Libre, solo para voltearle la espalda en octubre de 2025 cuando su impopularidad superó el 90 %.
Analistas consultados por este medio advertirían que, de concretarse el juicio oral contra Luna Gálvez y mantenerse el discurso de “izquierda” en la campaña 2026, Podemos Perú podría perder la poca credibilidad que tiene ante el electorado en un país ya saturado de promesas vacías y traiciones parlamentarias, porque además ya es forzado a extremo el discurso de sus dos candidatos a vicepresidencia, porque en escencia es un partido de la derecha pragmática que siempre estuvo aliniado a los gobiernos neoliberales de turno.
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Congresista Margot Palacios presenta valiente proyecto de amnistía para Pedro Castillo

En un acto de profunda consecuencia política, la congresista Margot Palacios de Juntos por el Perú, presentó hoy 2 de diciembre de 2025, el proyecto de ley que busca otorgar amnistía al expresidente Pedro Castillo Terrones, condenado por el fallido cierre del Congreso del 7 de diciembre de 2022. Lejos de retroceder ante las críticas previsibles, Palacios sostiene que las acciones de Castillo no constituyeron delito consumado, pues ninguna institución del Estado acató la disolución y no se afectó ningún bien jurídico esencial. “No se puede castigar una intención que nunca se materializó”, argumentó la legisladora, recordando que las Fuerzas Armadas y la Policía mantuvieron su lealtad a la Constitución.
La iniciativa no solo pide la inmediata libertad del exmandatario y la extinción de sus antecedentes, sino que incluye a quienes colaboraron en la redacción del mensaje presidencial, como la expremier Betssy Chávez. Para Palacios, se trata de un acto de justicia histórica con el maestro rural que representó por primera vez al “Perú olvidado”. En coherencia con su trayectoria, la congresista ya había defendido en 2021 la amnistía para rondas campesinas procesadas por ejercer justicia comunitaria, demostrando que su lucha siempre ha estado del lado de los sectores populares frente a lo que considera un uso selectivo y político de la justicia penal.
En momentos donde muchos prefieren el silencio o la conveniencia electoral, Margot Palacios asume el costo de ser consecuente: “Mi lealtad es con el pueblo que me eligió y con un proyecto que nunca renunció a transformar el país desde abajo”. Su proyecto, aunque enfrenta fuerte resistencia en un Congreso mayoritariamente opuesto porque 101 congresistas votaron a favor de la vacancia y solamente 6 en contra, entre ellos ella, coloca nuevamente sobre la mesa el debate sobre los límites del poder, la legitimidad de las instituciones y la necesidad de proteger a quienes, desde la izquierda, intentaron romper el cerco histórico de la exclusión. Para la congresista, defender a Pedro Castillo no es defender un golpe, sino defender la voluntad popular y la democracia que el pueblo construyó en las urnas el 2021.
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