Lima, 12 de octubre de 2025 – Aldo Carlos Mariños, alcalde de la provincia de Pataz, fue confrontado por una multitud enardecida en la Plaza San Martín de Lima tras su encuentro con el presidente José Jerí Oré en Palacio de Gobierno. La reunión, ocurrida el mismo día, fue vista por muchos como un acto de traición, dado que Mariños había liderado una «Marcha del Sacrificio» de 45 días desde Pataz hasta Lima para exigir obras de infraestructura, salud y seguridad, demandas que no habían sido atendidas por anteriores gobiernos. Pero el movimiento popular que crece en Perú busca cambios estructurales que denotan en mensajes y discursos durante sus movilizaciones. Como se puede apreciar en el link: https://x.com/RPPNoticias/status/1977571808464298271

La multitud, compuesta por simpatizantes de partidos progresistas y de izquierda, además de ciudadanos comunes, lo acusó de «vendido» y «oportunista,» durante su presentación en la Plaza San Martín, donde aparentemente pretendía dar informe de la reunión sostenida con el presidente interino de Perú, reflejando la profunda desconfianza hacia la clase política peruana, un sentimiento exacerbado por la reciente vacancia de la expresidenta Dina Boluarte y la asunción de Jerí, respaldado por los mismos parlamentarios y partidos de la derecha que mantuvieron en el gobierno a Boluarte.

El incidente se produjo horas después de que Jerí invitara públicamente a Mariños a dialogar en Palacio, un gesto que el presidente calificó como una apertura al diálogo constructivo. Sin embargo, para muchos peruanos, esta reunión simbolizó un compromiso con un Congreso y un Ejecutivo percibidos como corruptos y ineficientes, especialmente en un contexto donde la confianza en las instituciones gubernamentales es extremadamente baja, especialmente por las muertes producidas en el 2022 y 2023, cuyos deudos aún claman justicia.

Lima, 11 de octubre de 2025. – Apenas 24 horas después de asumir la presidencia interina de Perú, José Enrique Jerí Oré enfrenta una tormenta política desatada por sectores de la izquierda progresista, conocidos como «caviares». Estos intelectuales y activistas de la socialdemocracia peruana, vinculados a figuras como Gustavo Gorriti y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), han elevado la voz para demandar su destitución inmediata. Argumentan que el nuevo mandatario, de 38 años y oriundo del partido conservador Somos Perú, arrastra un historial de denuncias por presunta violación sexual y corrupción que lo inhabilitan moralmente para liderar un país en ebullición. En un contexto donde Perú ha tenido siete presidentes en ocho años, esta ofensiva revela las fisuras de una democracia que parece regida más por la casualidad que por la meritocracia.

El ascenso de Jerí al poder se produjo en la madrugada del 10 de octubre, tras la vacancia constitucional de Dina Boluarte por «incapacidad moral permanente» ante el colapso de la seguridad ciudadana, aprobada con 122 votos a favor en el Congreso. Como presidente del Congreso, Jerí juró ante el Pleno legislativo prometiendo un «gobierno de transición, empatía y reconciliación nacional», con énfasis en declarar «la guerra al crimen organizado». Sin embargo, su trayectoria no invita a la confianza: una investigación por abuso sexual iniciada en enero de 2025, derivada de un incidente en diciembre de 2024 con una mujer de 31 años, y acusaciones de enriquecimiento ilícito por presuntos sobornos en proyectos de riego en Cajamarca. Aunque Jerí niega todo y el Ministerio Público archivó el caso de violación por falta de evidencia en agosto de 2025, los «caviares» lo tildan de «símbolo de la podredumbre institucional», exigiendo un reemplazo provisional más íntegro, como un jurista independiente o un líder de consenso civil.

La crítica de la socialdemocracia peruana no es aislada, sino un eco de la frustración colectiva que azota al país. En redes sociales y columnas de opinión en medios como El Comercio y La República, figuras caviar como los analistas de IDL-Reporteros cuestionan la legitimidad de un sistema que eleva a figuras controvertidas por sucesión automática, sin escrutinio popular. «Perú no puede seguir siendo una lotería presidencial donde la ética es opcional», escribió el profesor Rodrigo Barrenechea de la Universidad del Pacífico, resumiendo el hastío ante un Congreso fragmentado que aprueba vacancias con la misma facilidad con que ignora sus propios escándalos. Esta presión llega en un momento delicado, con protestas callejeras por la inseguridad –que ha elevado las tasas de homicidio en un 30% este año– y una economía estancada por la incertidumbre política, lo que agrava la desconfianza en las instituciones.

El tono de las demandas caviar trasciende la mera denuncia personal y apunta a una reforma profunda. Organizaciones como Transparencia Perú y el colectivo No a Keiko han sumado sus voces, proponiendo que el Tribunal Constitucional intervenga para designar un gabinete de transición con énfasis en probidad ética, priorizando perfiles sin sombras judiciales. «No basta con promesas de reconciliación; necesitamos líderes que encarnen la decencia que el Perú merece», declaró un comunicado conjunto de intelectuales progresistas. Críticos conservadores, por su parte, acusan a los «caviares» de elitismo y obstruccionismo, alegando que su activismo selectivo ignora los logros de Jerí en el Congreso, como la aprobación de leyes anticorrupción. No obstante, encuestas preliminares del Datum indican que el 62% de los peruanos rechaza la gestión interina de Jerí, reflejando un país polarizado donde la moralidad se ha convertido en el último bastión de esperanza.

A nueve meses de las elecciones generales de 2026, el episodio de Jerí expone la fragilidad de un sistema político que prioriza la supervivencia partidaria sobre la estabilidad nacional. Mientras el nuevo presidente se instala en Palacio de Gobierno sin esposa ni hijos –un perfil inusual que algunos ven como frescura millennial y otros como desconexión con la realidad social–, el debate sobre su destitución podría precipitar una nueva crisis constitucional. Perú, cuna de civilizaciones ancestrales, navega hoy por aguas turbulentas donde la ética no es un lujo, sino una necesidad imperiosa para evitar el colapso definitivo de su democracia. La pelota está ahora en la cancha del Congreso y la opinión pública: ¿se optará por la continuidad caótica o por un relevo que restaure la fe en el Estado?

Lima, 9 de octubre de 2025 – Miles de peruanos salieron a las calles de Lima, Cusco, Puno, Arequipa y Piura para exigir la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, mientras el Congreso admitió cuatro mociones por «incapacidad moral permanente» con 113 votos. El detonante fue el atentado contra la orquesta Agua Marina y el aumento de extorsiones (20.700 casos en 2025), que han desatado una furia ciudadana contra la inseguridad y un gobierno con 7% de aprobación. En Lima, 5.000 manifestantes, liderados por la «Generación Z» y transportistas, marcharon en Plaza San Martín y Av. Abancay, enfrentando gases lacrimógenos y dejando tres heridos.

En regiones, las protestas fueron igual de intensas. En Cusco, 1.000 personas realizaron cacerolazos en la Plaza de Armas, exigiendo justicia por el alza del 50% en extorsiones. Puno vio bloqueos en Juliaca con 800 participantes, recordando las 17 muertes de 2023, mientras Arequipa y Piura sumaron 1.200 y 500 manifestantes, respectivamente, con paros y marchas contra el crimen organizado. En X, hashtags como #VacanciaYa y #QueSeVayanTodos acumulan miles de menciones, con llamados a un paro nacional el 15 de octubre.

El Congreso, con bancadas como Renovación Popular y Fuerza Popular ahora apoyando la vacancia tras blindar a Boluarte seis veces, estima 104 votos para destituirla esta noche. La presidenta, que se aferra al cargo hasta 2026, enfrenta cargos por represión (49 muertos en 2022-2023) y escándalos como los Rolex. «No es solo Dina; es el Congreso entero», gritaban manifestantes, denunciando leyes pro-crimen.

Si la vacancia prospera, José Jerí Oré asumiría la transición, pero su historial de sobornos genera rechazo. Rumores de renuncia o asilo de Boluarte en Ecuador o Brasil circulan, mientras la «Generación Z» promete escalar protestas. «Esto no acaba con Dina; es hasta que se vayan todos», tuiteó un activista.