Una investigación de El Foco ha destapado un presunto esquema de irregularidades en el programa «Obras por Impuestos» (OXI) durante la gestión de Dina Boluarte, iniciado en diciembre de 2022. Según el informe, 130 proyectos por un total de S/ 2.198 millones fueron adjudicados a empresas «cascarón», entidades sin trabajadores registrados en la Sunat, con direcciones falsas o inexistentes y capital inflado mediante bonos de reconstrucción de dudosa validez. Estas compañías, concentradas en regiones como Áncash, Ica y Arequipa, habrían obtenido contratos en sectores clave como salud, educación y transporte, poniendo en riesgo la ejecución efectiva de obras destinadas a beneficiar a más de 22 millones de peruanos, según datos oficiales de ProInversión.

El programa OXI, gestionado por ProInversión, ha adjudicado 710 proyectos por S/ 12.839 millones desde 2009, con un récord de 126 proyectos por S/ 4.204 millones en 2024 y 94 adicionales por S/ 1.106 millones hasta mayo de 2025. Sin embargo, la investigación señala que al menos 15 empresas carecen de operatividad real, registrando domicilios en viviendas particulares o locales abandonados, lo que sugiere posibles actos de colusión o malversación. La falta de control concurrente por parte de la Contraloría y la ausencia de fiscalización del Congreso agravan las sospechas, ya que no se han identificado mecanismos efectivos para detectar estas anomalías en tiempo real.

El escándalo añade presión al gobierno de Boluarte, ya cuestionado por casos como el «Rolex» y presuntas firmas falsas en decretos. En redes sociales, la denuncia ha generado indignación, con miles de usuarios exigiendo intervención de la Fiscalía y auditorías inmediatas. Hasta el momento, ni ProInversión ni el Ejecutivo han respondido oficialmente, mientras el país espera esclarecer si estos S/ 2.198 millones realmente se traducirán en desarrollo o se perderán en un nuevo capítulo de corrupción. La ciudadanía y las autoridades deben actuar con urgencia para garantizar transparencia en un programa que, en teoría, busca cerrar brechas históricas de infraestructura.

En un nuevo episodio de tensión entre poderes del Estado, el Congreso de la República anunció que este jueves 2 de octubre apelará la decisión del Segundo Juzgado Constitucional de Lima, que ordenó otorgar una pensión vitalicia de S/ 15.600 mensuales al expresidente Pedro Castillo.

El fallo, emitido el 1 de octubre, consideró que el Parlamento vulneró el derecho a la igualdad al negar este beneficio a Castillo, mientras lo concedió a Alberto Fujimori, pese a que ambos enfrentan graves acusaciones penales. Esta apelación, lejos de promover justicia, parece reflejar un Congreso más interesado en mantener posturas políticas que en garantizar coherencia legal, prolongando un conflicto que erosiona la confianza en las instituciones.

La Procuraduría Parlamentaria sostiene que Castillo, procesado por rebelión y presunta organización criminal tras su intento de autogolpe en 2022, no cumple los requisitos para la pensión establecida por la Ley N° 26519. Sin embargo, el Poder Judicial ya señaló la contradicción de otorgar el beneficio a Fujimori, condenado por delitos graves, mientras se lo niega a Castillo, quien aún no tiene sentencia firme.

Lima, 29 de septiembre de 2025 – La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, que agrupa a 72 empresas y más de 120 líneas de buses, anunció un paro total de actividades para el próximo jueves 2 de octubre, en protesta por la creciente ola de inseguridad que afecta al sector. La decisión se tomó ayer en una asamblea liderada por Héctor Vargas, presidente de la coordinadora, quien señaló la falta de respuesta del Gobierno frente a las extorsiones, sicariato y asesinatos que han cobrado la vida de al menos 46 conductores en lo que va del año.

El paro, al que se han sumado gremios como la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), ASOTRANI y la Asociación Nacional de Conductores del Perú, busca presionar a las autoridades para implementar medidas efectivas contra el crimen organizado. Entre las demandas destacan mayor presencia policial, reformas legales para endurecer penas a extorsionadores y la derogación de normas percibidas como permisivas con la delincuencia.

La paralización, que comenzará desde las primeras horas del jueves, suspenderá el servicio de buses, combis y taxis colectivos en Lima y Callao, afectando a miles de usuarios. Los transportistas también planean una movilización hacia el Congreso de la República para presentar una propuesta legislativa que combata la inseguridad. No se han anunciado bloqueos de vías, pero las autoridades advierten posibles congestionamientos en el centro de Lima.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que coordinará con la Policía Nacional para garantizar la seguridad y evalúa ajustes en los horarios del Metropolitano y el Metro de Lima. Se recomienda a la ciudadanía considerar alternativas como aplicaciones de movilidad, teletrabajo o transporte particular.

La convocatoria sigue a una serie de protestas recientes, incluyendo un paro de 48 horas el pasado fin de semana, que generó bloqueos en avenidas como Wiesse y Pasamayito, así como concentraciones en Plaza San Martín. Los gremios advierten que, de no haber respuestas concretas del Ejecutivo, podrían iniciar un paro indefinido a partir del 4 de octubre, con posible adhesión de otros sectores como comerciantes y mototaxistas.

El Ministerio del Interior y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aún no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la movilización. La situación refleja la gravedad de la crisis de inseguridad en el país, que continúa impactando la vida diaria de los peruanos.Por [Nombre del Medio]Nota: Manténgase informado sobre actualizaciones de rutas y servicios a través de los canales oficiales de la ATU y la PNP.