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Cuestionan gestión del Defensor del Pueblo por abandono de funciones esenciales

La gestión de Josué Gutiérrez, actual Defensor del Pueblo, ha sido fuertemente cuestionada por un grupo de ciudadanos, entre ellos ex Defensores del Pueblo como Walter Albán y Eliana Revollar. Mediante un pronunciamiento, los críticos han expresado su preocupación por lo que describen como un «abandono progresivo» de las tareas esenciales de la Defensoría, una institución creada en 1996 para la defensa de los derechos fundamentales y la supervisión del poder estatal.
El pronunciamiento, emitido en el marco del 28° aniversario de la Defensoría del Pueblo, destaca que bajo la dirección de Gutiérrez, la entidad ha perdido independencia y ha descuidado su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos. Según los firmantes, la gestión actual ha debilitado el equipo de trabajo y afectado la cultura organizacional de la institución. Además, acusan a Gutiérrez de «alinearse con objetivos ajenos» a la misión original de la Defensoría.
Uno de los actos más criticados de la gestión de Gutiérrez ha sido el despido arbitrario de Magali González, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría, quien se había manifestado críticamente respecto a la administración del Defensor.

Cuestionamientos sobre designaciones y copamiento político
Otro aspecto controversial en la gestión de Gutiérrez ha sido la contratación de Juan Carlos Gonzales Hidalgo, esposo de la sobrina del líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. Gonzales fue nombrado secretario general de la Defensoría en agosto de 2023, tres meses después de que Gutiérrez asumiera el cargo, lo que ha generado sospechas de influencias políticas en la entidad.
Los críticos advierten que esta designación es parte de un intento de «copar» instituciones clave del país, tal como ocurrió con la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y el Tribunal Constitucional (TC). Temen que esta tendencia pueda extenderse a otros organismos como la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Silencio ante abusos de poder
El pronunciamiento también señala que Gutiérrez ha guardado silencio ante violaciones de derechos humanos, en particular, sobre la respuesta violenta del Estado durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, que resultaron en la muerte de al menos 50 personas. A pesar de las numerosas denuncias, la Defensoría del Pueblo, bajo su actual gestión, no ha alzado la voz en defensa de las víctimas.
Los exfuncionarios expresaron su solidaridad con los trabajadores de la Defensoría que continúan resistiendo esta situación institucional y realizaron un llamado a la ciudadanía a movilizarse pacíficamente en defensa de la institucionalidad democrática en el Perú.
Este escenario plantea una crisis dentro de la Defensoría del Pueblo, que pone en juego su legitimidad y su papel fundamental en la protección de los derechos humanos y el sistema democrático del país. Agravado por la cercanía con políticos con procesos judiciales de Fuerza Popular y Perú Libre, que son los aliados en el Congreso de la República, y blindar a la actual presidenta de la República Dina Boluarte.