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Fiscalía denuncia a 11 congresistas peruanos por polémico doble cobro de sueldos

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La Fiscalía de la Nación presentó el 22 de enero de 2025 una denuncia constitucional contra once congresistas peruanos por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, al haber aprobado un proyecto de ley que les permitió recibir de manera simultánea su sueldo como parlamentarios y pensión por su condición de pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. La denuncia involucra a miembros de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas durante el periodo 2021-2022, quienes, según la Fiscalía, aprobaron la Ley 31473 que modificó el régimen de pensiones, beneficiándose de este cambio.

Entre los denunciados figuran prominentes congresistas de diversas bancadas, como José Williams Zapata (Renovación Popular), Roberto Chiabra (Renovación Popular), José Cueto (Fuerza Popular), Alfredo Azurín (Acción Popular), Jorge Montoya (Renovación Popular), Patricia Juárez (Fuerza Popular), Hamlet Echevarría (Perú Libre), Américo Gonza (Fuerza Popular), Juan Lizarzaburu (Renovación Popular), Pedro Martínez (Fuerza Popular) y Lucinda Vásquez (Unión por el Perú). Todos ellos están siendo investigados por su papel en la aprobación de un dictamen que, según el Ministerio Público, permitió que algunos de estos congresistas percibieran una doble remuneración sin restricciones.

El caso surge a partir del Proyecto de Ley 319-2021, que fue aprobado con un texto sustitutorio y estableció que los congresistas en situación de retiro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pudieran recibir, de manera simultánea, tanto su pensión como el sueldo correspondiente a su labor legislativa. Entre los beneficiados se encuentran Williams, Montoya, Chiabra, Cueto y Azurín. La Fiscalía alega que esta modificación fue impulsada de manera indebida por los mismos congresistas que se vieron favorecidos por ella.

Los congresistas denunciados por la Fiscalía por presunta comisión del delito de negociación incompatible

La denuncia ha causado una fuerte reacción dentro del Congreso. La congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, calificó la denuncia de “excesiva” y anunció que presentará una querella contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, alegando que se ha vulnerado el artículo 93 de la Constitución, que establece la inviolabilidad del voto parlamentario. «El actuar de la Fiscalía está atacando nuestras prerrogativas como legisladores», afirmó Juárez.

Por su parte, los congresistas involucrados han defendido la legalidad de su pensión, argumentando que estas son prestaciones por su servicio militar o policial y no una remuneración adicional por su cargo como legisladores. José Cueto, por ejemplo, rechazó las acusaciones y tildó de «ignorante» a la Fiscal Espinoza, mientras que Jorge Montoya subrayó que su pensión es un derecho ganado tras más de cuatro décadas de servicio.

El escándalo de la doble remuneración resalta las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones. En paralelo, se han presentado nuevas denuncias contra exministros del gobierno de Pedro Castillo, lo que refleja una creciente crisis de confianza en las instituciones políticas del país.

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