Los congresistas de Perú Libre, Waldemar Cerrón y María Agüero, experimentaron un rechazo contundente durante su visita al Mercado Modelo de Huancayo, de la ciudad de Huancayo del departamento de Junín. En…
Nacional
Vladimir y Waldemar Cerrón intentaron beneficiarse con ley impulsada por su bancada

En medio de la controversia por la reciente Ley N.º 32108, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y su hermano, el congresista Waldemar Cerrón, enfrentan un nuevo revés judicial en su intento de archivar las acusaciones en su contra por el caso «Los Dinámicos del Centro».
Pese a los esfuerzos de los Cerrón para beneficiarse de una norma que ellos mismos impulsaron en el Congreso, utilizando la bancada de Perú Libre, el juez Jorge Chávez Tamariz resolvió que la ley no podía aplicarse en su caso, manteniendo la investigación abierta por el presunto delito de organización criminal.
El caso «Los Dinámicos del Centro»
Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, y Waldemar Cerrón, congresista y vicepresidente del Congreso, ahora aliados de Keiko Fujimori jefa de Fuerza Popular, están involucrados en la investigación por organización criminal debido a su presunta participación en la red de corrupción conocida como «Los Dinámicos del Centro».
Según las indagaciones de la fiscalía. Esta organización habría operado desde el Gobierno Regional de Junín, dirigido en su momento por Vladimir Cerrón, extendiendo sus actividades ilícitas a nivel nacional. Al respecto, la defensa de los hermanos Cerrón intentó que se aplicara la Ley N.º 32108, promulgada el 9 de agosto, que modifica aspectos clave en la definición de crimen organizado.
Por lo que, el abogado de los Cerrón, Arturo Silva Rojas, solicitó el archivo de la investigación basándose en esta nueva norma. No obstante, el juez Chávez Tamariz rechazó este pedido, argumentando que, aunque la ley es constitucional, su aplicación debe estar alineada con los tratados internacionales, específicamente la Convención de Palermo, que establece parámetros más amplios para delitos relacionados con organizaciones criminales.
El papel de la Convención de Palermo
La Convención de Palermo, ratificada por Perú en 2002, es un tratado internacional clave en la lucha contra la delincuencia organizada. Según esta convención, la definición de crimen organizado no se limita únicamente a la duración de la pena, sino que abarca también la gravedad del delito y su naturaleza transnacional.
El juez Chávez Tamariz, al interpretar la Ley N.º 32108 bajo el marco de la Convención de Palermo, señaló que la norma debe aplicarse de manera coherente con los compromisos internacionales asumidos por el Perú. Siendo determinante para desestimar la solicitud de los hermanos Cerrón, quienes esperaban que la ley modificada facilitara el archivo de su caso, porque al parecer ese habría sido los acuerdos arribados con las otras fuerzas políticas que se beneficiarían de todas maneras porque ellos no impulsaron.

Manipulación legislativa
El fallo del juez también expuso una preocupante tendencia dentro del Congreso de la República. Desde octubre de 2023, Waldemar Cerrón ha impulsado numerosos proyectos legislativos que buscan modificar aspectos clave del sistema de justicia. Muchos de estos proyectos han sido interpretados como intentos de debilitar las instituciones judiciales para favorecer a su hermano, Vladimir Cerrón, quien se encuentra en la clandestinidad tras ser condenado por colusión en el caso Aeródromo Wanka.
Entre estas iniciativas destaca un proyecto que proponía la creación de una comisión parlamentaria para fiscalizar la actuación de jueces y fiscales, generando rechazo de diversas instituciones del Estado, que la calificaron como un atentado contra la independencia judicial.
La respuesta judicial
En su resolución, el juez Jorge Chávez Tamariz aclaró que la Ley N.º 32108 no puede ser aplicada de manera arbitraria para favorecer a los hermanos Cerrón, ya que debe interpretarse de manera coherente con los tratados internacionales. Asimismo, subrayó que la jurisprudencia internacional establece que nadie puede beneficiarse de su propio fraude, haciendo referencia a la vinculación directa de Waldemar Cerrón en la elaboración y aprobación de la norma, que si bien es cierto fue presentada por la Bancada Perú Libre, le atribuyen dominio completo sobre las decisiones de sus integrantes.
A pesar de la decisión judicial, la defensa de los hermanos Cerrón ha anunciado que apelará el fallo, lo que augura una prolongada batalla legal. No obstante, este caso pone en evidencia los intentos del bloque de Perú Libre por instrumentalizar el Congreso en favor de intereses personales, utilizando la legislación como herramienta para evadir la justicia. Por lo que, sorprende a muchos que continúa victimizándose con supuestas persecuciones a su persona, cuando la realidad es que existe un contubernio con los partidos que gobiernan desde el Congreso y disponen las acciones gubernamentales a través o en coordinación con quien ocupa el sillón presidencial.
Un Congreso cuestionado
La estrategia de los Cerrón para manipular la legislación ha sido objeto de críticas no solo por parte de sectores políticos, sino también por instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público. La reciente propuesta de Waldemar Cerrón para fiscalizar la actuación de jueces y fiscales es vista como un ataque a la independencia del sistema judicial, y ha generado un fuerte rechazo dentro del Congreso y entre especialistas en derecho constitucional.

El caso de los hermanos Cerrón, junto con la polémica Ley N.º 32108, expone los peligros de usar el poder legislativo para fines personales. Aunque la norma fue promulgada con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado, los vacíos legales que presenta han abierto una puerta para su interpretación sesgada. En este contexto, la intervención del juez Chávez Tamariz ha sido crucial para garantizar que la justicia no se vea comprometida por intereses políticos.
El rechazo del juez a la aplicación de la Ley N.º 32108 en el caso de «Los Dinámicos del Centro» marca un importante precedente en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en Perú. Aunque los Cerrón aún pueden apelar, esta decisión refuerza la necesidad de mantener la integridad de las instituciones judiciales y legislativas en un momento crítico para el país, donde está cada vez más claro la alianza de los Cerrón Rojas con los Fujimori, Acuña y otros, que coincidentemente, tienen denuncias similares.
Fuente: Webs y redes de noticias
Actualidad
Elecciones 2026: La derecha se desangra en veinte pedazos y la izquierda solo tiene tres cartas

Lima, 9 de diciembre de 2025.- A cuatro meses de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, el panorama político revela un quiebre inédito: la derecha conservadora y ultraderechista, históricamente dominante en segundas vueltas, aparece diluida en más de veinte fórmulas presidenciales sin opción real de unificación. Mientras tanto, la izquierda —lejos del progresismo tibio y de las socialdemocracias defensoras del modelo capitalista— se reduce a tres candidaturas definidas. Entre ellas, Juntos por el Perú (JPP), encabezada por Roberto Sánchez y respaldada por Pedro Castillo, Betsy Chávez y Margot Palacios, emerge como la única con cohesión, soporte territorial y capacidad efectiva de movilización.
Ningún candidato de derecha supera el 12,5%, y la suma dispersa de todas sus postulaciones apenas alcanza entre 25% y 30%, pese a que más de veinte listas fueron ratificadas tras las primarias del 8 de diciembre. Estas cifras golpean a un pequeño sector que pretende retener sus privilegios y que en 2021 intentó desconocer la victoria de Pedro Castillo con acusaciones de fraude nunca comprobadas, pese al intento de fabricar evidencias mediante una comisión manipulada desde el Congreso.
La supuesta unidad derechista fracasó desde el inicio. López Aliaga y Keiko Fujimori no sellaron ninguna tregua desde 2021; César Acuña marcha solo en el norte; mientras Álvarez y Forsyth disputan el mismo voto limeño de centro-derecha, López Chau y José Luna intentan aparecer como progresistas. El resultado es un voto conservador pulverizado: lo que en 2021 llegó a concentrar más del 70% en la segunda vuelta hoy se reduce a fragmentos mínimos, en un país donde el 51% permanece indeciso, en blanco o nulo, en rechazo directo al establishment y al “régimen Boluarte” y su sucesor, José Jerí Oré.
La izquierda: tres opciones y tres rutas distintas. Al margen de los progresismos de discurso y de las izquierdas de salón, funcionales al modelo capitalista neoliberal, la izquierda auténtica pone en juego tres candidaturas concretas: Perú Libre con Vladimir Cerrón, ratificado el 8 de diciembre por los delegados, prófugo, cuestionado por sus pactos tácticos con el régimen Boluarte y con el fujimorismo en el Congreso actual, con serias posibilidades de ser inhabilitado por el JNE. Venceremos, con Ronald Atencio -candidato defensor de Guillermo Bermejo y de la línea de nacionalización radical discursiva-, que venció en internas al puneño Vicente Alanoca, enfrenta fracturas internas y rechazo de sectores indígenas por denuncias de racismo y maltrato contra su contendor perdedor. Juntos por el Perú, con Roberto Sánchez Palomino, sería la única plancha con cohesión orgánica: su fórmula fue cerrada por consenso; su principal fortaleza está en el bloque castillista. Pedro Castillo encabeza la lista al Senado Nacional con el número 1, anunciado desde el penal Barbadillo; Betsy Chávez también confirmó su candidatura al Senado por JP; y la congresista Margot Palacios, una de las voces más firmes en la denuncia de la persecución política y defensora de comunidades campesinas y nativas, completa el equipo político de mayor peso.
Las encuestas nacionales le dan entre 3% y 4%, pero los estudios regionales en el sur y los Andes (Apurímac, Cusco, Puno, Ayacucho) ubican a Sánchez entre 12% y 15%, justo donde el rechazo a Dina Boluarte y al Congreso es más alto.
El escenario que la derecha teme. Con un 51% del electorado aún sin decisión, el peor escenario para la derecha es evidente: si JP capta siquiera entre el 25% y 30% del voto castigo -algo plausible con Pedro Castillo como símbolo de resistencia e indignación popular-, Roberto Sánchez podría entrar a segunda vuelta con apenas 18% a 22%, e incluso ganar en primera si la derecha mantiene su dispersión entre cinco u ocho candidatos que no bajan del 5% cada uno. Pero ya estarían copando la Cámara de Senadores del Congreso de la República, advertidos de que la derecha hizo todas las reformas para gobernar desde esa instancia.
En una segunda vuelta, el guion de 2021 podría invertirse: un candidato de izquierda, enfrentándose a cualquier fragmento derechista, tendría amplias posibilidades de triunfo, con un 60% de rechazo ciudadano al régimen actual y a la derecha que mantuvo en el poder a Dina Boluarte y José Jerí, con represión, persecución y asesinatos que siguen impunes hasta hoy. Por ello, la derecha pretendería echar mano del fraude, motivo por el cual ya estaría tomando el control de los órganos electorales del Estado.
En suma, a cuatro meses de las elecciones, la derecha conservadora y neofascista está más dividida que nunca y desgastada hasta el límite: ningún candidato supera el 12,5% y la suma de todos apenas llega a un tercio del electorado. En contraste, la izquierda real solo ofrece una opción porque posee estructura partidaria y popular, símbolo y liderazgos claros: Juntos por el Perú.
Con Roberto Sánchez y el respaldo pleno de Castillo, Chávez y Palacios, el voto de resistencia e indignación del país finalmente tiene un instrumento organizado con amplio potencial de movilización nacional.
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Suspensión judicial paraliza elecciones internas de Ahora Nación y pone en jaque candidatura de Alfonso López Chau

Lima, 8 de diciembre de 2025.- El Poder Judicial ordenó la suspensión provisional del proceso electoral interno del partido Ahora Nación, lo que paralizó las votaciones programadas para este domingo 7 de diciembre destinadas a elegir la plancha presidencial encabezada por Alfonso López Chau, así como a los candidatos al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino. La medida fue emitida por el Juzgado Civil de La Merced, en Junín, al declarar fundada una demanda de amparo presentada por los militantes Geraldine Estefany Ponce Llanos y Nilton César Meza Franco contra el Tribunal Electoral Nacional del partido. Según la resolución del juez Augusto Balbín Solís, la suspensión abarca los efectos jurídicos y fácticos del acta de sesión del 8 de octubre de 2025, que convocaba la elección de delegados y el cronograma general para las elecciones generales de 2026.
Los demandantes alegaron irregularidades graves en el procedimiento, como la falta de publicación oportuna de la convocatoria y el cronograma electoral, lo que les impidió presentar listas alternativas o formular tachas contra otras postulaciones. Además, denunciaron que el proceso no fue comunicado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ni a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), violando el derecho a participar, elegir y ser elegidos de los afiliados. Otro punto controvertido fue el requisito de un pago de hasta S/ 80.000 para inscribir candidaturas, calificado como discriminatorio e irregular. La resolución judicial advierte al Tribunal Electoral Nacional, presidido por Daniel Martín Plácido Matta, que se abstenga de continuar el proceso bajo apercibimiento de denuncia por desobediencia y resistencia a la autoridad, hasta la resolución del fondo del caso.
A pesar de la orden judicial, Ahora Nación procedió con la elección de delegados el 30 de noviembre y las votaciones del 7 de diciembre bajo la supervisión técnica de la ONPE, argumentando que el fallo es inaplicable y que los actos ya ejecutados no pueden ser retrotraídos. El Comité Ejecutivo Nacional del partido expresó preocupación por posibles intentos de bloquear su participación en los comicios de abril de 2026, y anunció que evaluará medidas legales posteriores. Expertos electorales consultados indican que esta suspensión podría derivar en una tacha ante el JNE, invalidando la candidatura de López Chau si se confirman las infracciones a la democracia interna, en un contexto de 37 partidos que completaron sus procesos sin mayores contratiempos.
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Margot Palacios postula al Senado Nacional con el número 8 por “Juntos por el Perú”

Lima, 8 de diciembre de 2025.– La congresista Margot Palacios Huamán, una de las voces más firmes y persistentes de la izquierda popular y socialista, fue confirmada como candidata al Senado Nacional con el número 8 en la lista de “Juntos por el Perú” para las elecciones generales de 2026. La plancha presidencial será liderada por el exministro Roberto Sánchez Palomino, mientras que el expresidente Pedro Castillo Terrones, líder de la alianza «Juntos con el pueblo», figura como invitado con el número 1 en la nómina senatorial, campaña que continuará desde el penal Barbadillo, donde permanece recluido por el delito de conspiración.
Palacios, quien renunció a Perú Libre en mayo de 2024 tras rechazar la alianza de ese partido con Fuerza Popular, formalizó su afiliación a Juntos por el Perú el 10 de julio del mismo año. Su postulación fue ratificada el último domingo en el congreso nacional del partido, donde la dirigencia y los delegados regionales la destacaron como “la principal figura” de la lista al Senado, ante la imposibilidad de que Castillo y la expremier Betsy Chávez participen directamente en la campaña debido a su reclusión.
Reconocida como “hija del Perú profundo”, Margot Palacios nació en Ayacucho, una de las regiones más golpeadas por la violencia política de los años ochenta y noventa. En recientes declaraciones, recordó las masacres de Accomarca, Cayara y Putis, los miles de desaparecidos y los crímenes cometidos por agentes del Estado, hechos que -afirmó- “siguen impunes mientras sus responsables reciben condecoraciones en un Congreso capturado por la derecha corrupta y represora”. En ese marco, justificó su candidatura como la continuidad de una lucha histórica contra el centralismo, el racismo y la exclusión que mantienen a departamentos como Ayacucho, Apurímac y Puno con niveles de pobreza superiores al 40 %.

Durante su gestión parlamentaria, Palacios presidió la comisión investigadora del derrame de petróleo de Repsol en Ventanilla en 2022, donde se concluyó la responsabilidad penal de la transnacional española por los daños causados a más de 34 mil pescadores artesanales. Asimismo, impulsó la creación de la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho, que beneficiará a 13 mil jóvenes de sectores populares, y promovió iniciativas como el retiro de hasta 5 UIT de la ONP para 4.7 millones de jubilados y la ley de amnistía para perseguidos del pueblo y para el expresidente Castillo.
Con un mensaje que entrelaza memoria, indignación y esperanza, la candidata aseguró que su ingreso al Senado busca “poner el poder al servicio del pueblo y transformar un país donde 10 familias acumulan más riqueza que 35 millones de peruanos”. “El Perú profundo ya no pedirá permiso -afirmó-; vamos a recuperar el poder popular que nos arrebataron para redactar una nueva Constitución”. Según fuentes de Juntos por el Perú, la postulación de Palacios busca canalizar el descontento social acumulado tras el golpe del 7 de diciembre de 2022 y las 49 muertes registradas durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y su sucesor, especialmente en el sur andino.
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