Sociedad
Gobierno de Perú amenaza con encarcelar a quienes protestan contra privatización de Machu Picchu

El gobierno de Dina Boluarte a través del presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola, advirtió a los manifestantes que bloquean por varios días la única vía ferroviaria de acceso a la turística ciudadela de Machu Picchu que se arriesgan a ser encarcelados y descartó atender sus reclamos para que la venta de boletos a las ruinas arqueológicas vuelva a ser a través de una plataforma virtual estatal.
“No vamos a dar un paso atrás en la necesidad de cambiar este modelo de corrupción que ha venido funcionando ilegalmente desde hace muchos años”, dijo el primer ministro Alberto Otárola el lunes, sobre la fórmula de distribución de entradas a la joya turística peruana. Desde hace casi 10 días, los boletos pasaron al sector privado.
Recordó, además, a los manifestantes que según la ley podrían ser encarcelados entre 10 y 15 años por interrumpir las vías de acceso al patrimonio de la nación, ubicado en la región Cusco, en el sureste del país.
Otárola también rechazó otro pedido de los manifestantes, quienes exigen la renuncia de la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, porque impulsó la venta de entradas a Machu Picchu a través de una plataforma digital perteneciente a uno de los grupos económicos locales más poderosos. El 20 de enero se dejó de usar otra plataforma virtual estatal de venta de boletos que funcionaba hace más de 15 años.
“Nosotros no vamos a perder el principio de autoridad, no vamos a tomar una decisión distinta a la asumida de manera eficiente por la ministra de Cultura, a quien le expresamos todo nuestro apoyo en esta gestión”, añadió Otárola.

Mientras tanto, los ministros de Cultura. Ambiente y Comercio Exterior y Turismo llegaron a Cusco y evalúan viajar vía aérea a Machupicchu Pueblo. Los protestantes esperan la llegada de la comitiva para instalar la mesa de diálogo y buscar acuerdos ante el paro indefinido en rechazo a venta online a la ciudadela inca.
De acuerdo con RPP Noticias, toda la vía férrea desde Ollantaytambo hasta Machu Picchu está liberada sin presencia de manifestantes que provocó la suspensión del servicios de trenes desde la semana pasada. De esta manera, se garantizará la llegada de los ministros de Estado hasta el distrito de Machupicchu Pueblo para participar de la mesa de diálogo.
Vale señalar que esta tregua en medio del paro indefinido no significa que turistas nacionales o internacionales puedan viajar a Machu Picchu. La finalidad es que los representantes del Gobierno (ministros de Estado) puedan trasladarse con toda su comitiva hacia el distrito.
Los manifestantes exigen que se anule el contrato entre el Ministerio de Cultura y la empresa Joinnus que alquiló su plataforma de ventas virtuales para la compra y venta de boletos de entrada a Machu Picchu.
Fuente: Web de noticias y redes sociales

Actualidad
Lima se viste de morado en la procesión del Señor de los Milagros

Lima, 26 de octubre de 2025. Miles de fieles inundaron las calles del Centro Histórico de Lima en la tradicional procesión del Señor de los Milagros, una de las manifestaciones religiosas más importantes de Perú. La imagen del Cristo de Pachacamilla, pintada en el siglo XVII por un esclavo angoleño en una pared del conventillo de Pachacamilla, recorrió su ruta habitual desde el Monasterio de las Nazarenas hasta la iglesia de San Francisco, acompañada por el canto de coros, sahumadoras y el aroma característico del incienso que impregna el aire como un velo de tradición limeña. En este año de renovada fe, el anda pasó por avenidas emblemáticas donde el bullicio devoto se entreteje con el rumor de la ciudad eterna.
La devoción, que se remonta a los terremotos de 1655 y 1746 que no dañaron el mural original, une a limeños de todas las clases sociales en un acto de fe colectiva, donde el morado de las túnicas evoca no solo penitencia, sino el color del cielo al atardecer sobre el Rímac. Portadores vestidos de morado cargaron las andas de más de dos toneladas, mientras mujeres sahumadoras y cuadrillas de cargadores se turnaban en un ritual que simboliza esperanza en medio del ajetreo cotidiano, con vendedores de churros y anticuchos asándose en las esquinas como testigos mudos de esta costumbre que late en el corazón de la capital. Este año, la procesión incorporó medidas de seguridad reforzadas y transmisiones en vivo para los devotos que no pudieron asistir, permitiendo que el eco de las promesas se extienda más allá de las murallas coloniales.
Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2019, la festividad trasciende lo religioso para convertirse en un símbolo de identidad limeña, fusionando herencia colonial, afroperuana e indígena en una celebración que fortalece los lazos comunitarios y preserva tradiciones centenarias. Hacia 2026, se anticipa una mayor presencia de figuras públicas, como el presidente José Jeri y el cardenal Pedro Barreto, quienes, siguiendo la costumbre de rendir homenaje en la Plaza Mayor, se unirán a la procesión con mensajes de unidad, evocando cómo en Lima la política y la piedad caminan de la mano, entre rezos y el tintineo de las monedas en las colectas para los más humildes.
Actualidad
Gobierno de José Jerí activa estado de emergencia contra la criminalidad en Lima y Callao

Lima, 21 de octubre de 2025 – En un breve pero impactante mensaje a la Nación, el presidente José Jerí anunció esta noche la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, efectiva desde la medianoche de hoy. La medida, formalizada mediante el Decreto Supremo N° 124-2025-PCM y aprobada en una maratónica sesión del Consejo de Ministros, busca confrontar de manera frontal la escalada de violencia e inseguridad que azota a la capital y el principal puerto del país. «Pasamos de la defensiva a la ofensiva contra el crimen, para recuperar la paz y la confianza de millones de peruanos», enfatizó Jerí en su alocución de apenas 46 segundos desde el Palacio de Gobierno.
La emergencia, que regirá por 30 días, asigna a la Policía Nacional del Perú (PNP) el control absoluto del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas en operaciones conjuntas. Según el decreto publicado en El Peruano, se priorizarán intervenciones en zonas críticas basadas en inteligencia policial, mapas del delito y estadísticas de criminalidad, limitando temporalmente derechos constitucionales como la libertad de tránsito, reunión, inviolabilidad del domicilio y seguridad personal. Aunque no se detallaron controles específicos como un posible toque de queda –medida que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, no descartó–, el Ejecutivo convocará sesiones permanentes del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y comités locales para monitorear el impacto. Esta iniciativa surge en medio de protestas recientes contra el Gobierno y el Congreso, donde el fallecimiento del joven Eduardo Ruiz a manos de un efectivo policial en la Plaza Francia ha avivado el clamor por mayor seguridad.
La ciudadanía limeña recibe con cautela esta nueva ofensiva gubernamental, recordando ediciones previas de estados de emergencia que, bajo gestiones pasadas, generaron críticas por su escaso efecto duradero. Expertos en seguridad consultados por Pulso27 advierten que el éxito dependerá de la implementación efectiva de recursos y la coordinación interinstitucional, más allá de las restricciones. Mientras tanto, el presidente Jerí, quien asumió el cargo interino el pasado 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte, busca con esta medida consolidar su agenda de estabilización en un Perú polarizado. Actualizaciones sobre autorizaciones para actividades esenciales y zonas de alto riesgo se esperan en las próximas horas desde el Ministerio del Interior.
Actualidad
Transportistas paralizan Lima y Callao en un «paro seco» histórico: Exigen fin a la ola de extorsiones y asesinatos

Lima, 6 de octubre de 2025 – Desde las 00:00 horas de hoy, el rugido de los motores se apagó en Lima y Callao. La Cámara Internacional del Transporte (CIT) y más de 460 empresas de transporte público ejecutaron un paro seco nacional, dejando al 90% de los buses urbanos fuera de circulación. Este cese total, bautizado como el “apagón de motores”, responde a la imparable ola de inseguridad que azota al sector: extorsiones, amenazas por celular y el reciente asesinato del conductor venezolano Daniel José Cedeño Alfonso en San Juan de Miraflores.
La medida, que paralizó la movilidad de millones de ciudadanos, es un grito desesperado contra la impunidad. “No podemos seguir enterrando choferes ni pagando cupos a mafias. El gobierno mira para otro lado mientras nosotros ponemos los muertos”, denunció Martín Ojeda, vocero de la CIT, desde un piquete en la avenida Abancay. Según la Coordinadora de Transporte Urbano, en 2024 se registraron más de 200 asesinatos de transportistas, y en 2025 la cifra ya supera el 30% de incremento respecto al año anterior.
El paro, descrito como “seco” por su carácter pacífico –sin bloqueos ni enfrentamientos–, generó un impacto devastador en la capital. Miles de pasajeros abarrotaron paraderos, mientras taxis y aplicativos de transporte colapsaron por la demanda. En algunos distritos, como Comas y San Martín de Porres, se reportaron pinchazos de llantas a buses que intentaron operar, aunque los gremios niegan responsabilidad. “Queremos soluciones, no violencia. Pero no nos dejan otra salida”, afirmó Julio Campos, líder de la Alianza Nacional de Transportistas.
El Ministerio del Interior desplegó 3.000 agentes para evitar desmanes, mientras el gobierno de Dina Boluarte anunció el bloqueo de 1.5 millones de líneas telefónicas usadas para extorsiones. Sin embargo, los transportistas califican estas medidas como “parches insuficientes”. Exigen un estado de emergencia en el sector, patrullajes permanentes, cámaras de seguridad en buses y la derogatoria de leyes que, según ellos, “protegen a los criminales”.
Este no es el primer paro del sector. En 1977, los transportistas marcaron un hito con un cese nacional contra la crisis económica. Hoy, 48 años después, la lucha es por la vida misma. Las mafias, vinculadas al crimen organizado y a redes transnacionales como el Tren de Aragua, han convertido a los choferes en blanco de sicariato y extorsión. “Pagamos S/ 500 semanales para trabajar. Si no pagas, te matan. Así no se puede vivir”, relató un cobrador anónimo en Villa El Salvador.
El impacto económico del paro se estima en más de S/ 230 millones, según la Cámara de Comercio de Lima. Colegios suspendieron clases, mercados reportaron desabastecimiento parcial y el comercio informal aprovechó para subir tarifas. Pese al caos, un 68% de limeños apoya la protesta, según una encuesta de Datum Internacional, reflejando el hartazgo colectivo ante la inseguridad . ¿Respuesta del gobierno? La presidenta Boluarte prometió “respuestas potentes” y una mesa de diálogo con el Ministerio del Interior, pero su gestión enfrenta críticas por su lentitud. El ministro Carlos Malaver calificó el paro como “un golpe al ciudadano común” y pidió “paciencia” mientras se implementa un grupo élite contra extorsiones.
Al cierre de esta nota, el paro se levantó parcialmente tras negociaciones, pero la tensión persiste. Los transportistas han dado un ultimátum: “Sin seguridad, no hay transporte”. Mientras las calles de Lima recuperan su ritmo, la pregunta sigue en el aire: ¿Cuántos muertos más se necesitan para que el Estado actúe?.
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