El presidente Miguel Díaz-Canel visitó este jueves la Empresa Agroindustrial de Granos Los Palacios, en la provincia de Pinar del Río, donde supervisó los avances de un acuerdo de cooperación agrícola con la empresa vietnamita Agri-VMA, orientado al fortalecimiento de la producción de arroz en la isla.

Según cifras oficiales, el proyecto registra rendimientos de hasta 9 toneladas por hectárea, un nivel que las autoridades califican como poco habitual en el contexto productivo reciente del país. Hasta el momento se han sembrado más de 800 hectáreas, mientras que la meta es alcanzar 1 700 hectáreas y lograr una cosecha estimada de 14 000 toneladas.

La iniciativa combina maquinaria, tecnología y asistencia técnica vietnamita con infraestructura y mano de obra cubana. El Gobierno cubano presenta este modelo de cooperación como una alternativa para reducir las importaciones de arroz —uno de los principales productos de la dieta nacional, que aún se adquiere en grandes volúmenes en el exterior— y dinamizar el empleo en el sector agropecuario.

Durante el recorrido, Díaz-Canel afirmó que el proyecto representa un ejemplo de “prosperidad productiva”, al vincular producción, empleo e ingresos para las comunidades involucradas. Las autoridades también reconocieron afectaciones derivadas del déficit energético y de las recientes lluvias, aunque señalaron que las operaciones agrícolas continúan activas.

Cuba destina una parte significativa de sus divisas a la importación de alimentos, incluido el arroz. En ese escenario, proyectos de cooperación como el desarrollado en Los Palacios buscan aliviar la presión sobre las reservas externas del país, aunque su impacto dependerá de la capacidad de expansión, la sostenibilidad del acuerdo y la disponibilidad de insumos para mantener la producción.

El presidente cubano calificó de maniobra política la acusación del Departamento de Justicia de EE.UU. contra el exjefe de Estado, vinculada al derribo de avionetas en 1996.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel salió al paso este martes mediante sus redes sociales para rechazar la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, exjefe de Estado y actual primer secretario del Partido Comunista de Cuba. El mandatario calificó el cargo —vinculado al derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en febrero de 1996— de «pretendida acusación» carente de sustento jurídico, y la describió como una maniobra política orientada a fabricar un pretexto para una eventual acción militar contra la isla.

El episodio al que alude la acusación ocurrió el 24 de febrero de 1996, cuando la Fuerza Aérea Revolucionaria cubana derribó dos aeronaves Cessna sobre el estrecho de La Florida, matando a cuatro miembros de Hermanos al Rescate: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Pablo Morales y Mario de la Peña. Washington sostuvo en su momento que los aviones se encontraban en espacio aéreo internacional, mientras La Habana insistió en que las aeronaves habían violado su zona jurisdiccional en al menos tres ocasiones previas ese mismo día y que las autoridades estadounidenses habían sido advertidas de las consecuencias sin que mediara respuesta. Una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), publicada en 1996, concluyó que el derribo ocurrió en espacio aéreo internacional, extremo que Cuba rechazó formalmente.

Díaz-Canel reiteró la posición histórica del gobierno cubano: que la acción militar de 1996 constituyó un acto de legítima defensa ante intrusiones reiteradas de «elementos terroristas» en su espacio aéreo soberano, agravadas por la pasividad de la administración Clinton pese a las notificaciones diplomáticas previas. Omitió mencionar, sin embargo, que el incidente derivó en la aprobación por el Congreso estadounidense de la Ley Helms-Burton, que codificó y endureció el embargo económico vigente desde 1962 y cuya Sección III permanece parcialmente activada desde 2019.

La acusación, cuya autoría formal corresponde al Departamento de Justicia bajo la administración Trump, se produce en un contexto de marcada tensión bilateral: Cuba figura nuevamente en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo desde 2021, y el bloqueo económico —cuyo impacto el gobierno cubano estimó en más de 15.000 millones de dólares en daños durante el último año contable— sigue siendo el principal punto de fricción entre ambos países ante instancias internacionales, incluida la Asamblea General de la ONU, que votó por trigésima segunda vez consecutiva en 2023 a favor de su levantamiento.

Ante la acusación, Díaz-Canel apeló a la trayectoria política y personal de Raúl Castro —quien gobernó Cuba entre 2008 y 2018 tras suceder a su hermano Fidel— como «escudo moral» frente a lo que calificó de intento de menoscabar su figura histórica. El gobierno cubano no ha indicado si presentará alguna respuesta formal ante organismos internacionales, ni si convocará al encargado de negocios estadounidense en La Habana —rango diplomático vigente desde la ruptura de relaciones consulares en 2017— para protestar por la acción judicial.

Tres semanas de bloqueos, cuatro muertos y desabastecimiento en La Paz marcan la peor crisis política de Bolivia en cuatro décadas. El presidente descartó dimitir, pero anunció cambios de gabinete bajo una presión social que no cede.

La Paz, 20 de mayo de 2026.- Bolivia cumple tres semanas de movilizaciones sostenidas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz, con bloqueos de carreteras, enfrentamientos callejeros y una marcha multitudinaria que llegó este lunes a La Paz desde el altiplano. La coalición opositora —campesinos indígenas, mineros, maestros y sindicatos— mantiene como demanda única e innegociable la renuncia del mandatario, quien asumió en noviembre de 2025 tras 20 años de hegemonía del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El detonante inmediato fue la eliminación del subsidio a los combustibles en diciembre pasado, medida que disparó una inflación interanual del 14% a abril, la más alta desde los años 80. Pero los reclamos se fueron acumulando: aumento salarial insuficiente, escasez de divisas y una reforma agraria rechazada en el campo. El 6 de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB) y varios sindicatos firmaron un pacto formal para exigir la dimisión de Paz, transformando protestas sectoriales en una crisis política abierta.

El movimiento que presiona al gobierno es plural y heterogéneo. Lo integran la COB —el mayor sindicato nacional—, la Federación de Campesinos Túpac Katari, los Ponchos Rojos (milicia campesina aymara del altiplano) y organizaciones afines al expresidente Evo Morales, quien articuló una marcha desde Caracollo hasta la capital. El gobierno señala a Morales como el cerebro político detrás de la movilización —algo que él niega— en un momento en que el exmandatario enfrenta una segunda orden de captura por un proceso de trata de personas.

El punto más álgido ocurrió el lunes 18 de mayo, cuando miles de manifestantes intentaron tomar la Plaza Murillo, sede del Palacio de Gobierno. La policía antidisturbios respondió con gases lacrimógenos durante horas, se registraron saqueos a edificios públicos y un vehículo policial fue incendiado. Los enfrentamientos dejaron al menos cuatro muertos en el conjunto de las protestas y decenas de heridos. El Palacio resistió blindado por cordones militares y policiales, pero la imagen de la sede del poder asediada marcó un punto de no retorno en la crisis.

Este miércoles 20 de mayo, Paz reapareció públicamente tras casi una semana de silencio para descartar su renuncia —»estaré cinco años para reordenar el país», declaró— y anunciar una remodelación del gabinete con inclusión de representantes sociales y la creación de un Consejo Económico y Social. La oposición en las calles rechazó el ofrecimiento: los líderes de la protesta calificaron los anuncios de insuficientes y ratificaron su exigencia de dimisión. Su propio vicepresidente, Edmand Lara, se declaró abiertamente opositor al gobierno y llamó a continuar las movilizaciones.

La crisis tiene lecturas encontradas en la región. Washington, a través del secretario Marco Rubio, respaldó a Paz y calificó las protestas de intento desestabilizador. El presidente colombiano Gustavo Petro las llamó «insurrección popular», lo que derivó en la expulsión de la embajadora colombiana de La Paz. Dentro del país, el Comité Pro Santa Cruz —bastión del oriente boliviano— denunció lo que consideró un «golpe en marcha» contra el gobierno electo. La fractura es profunda: parte del movimiento que llevó a Paz al poder siente que traicionó sus expectativas de un gobierno moderado de transición.

A mediano plazo, el escenario más probable es el de un gobierno que sobrevive políticamente pero pierde capacidad de gobernar. La falta de mayoría legislativa, la fragmentación de su base social y una economía sin reservas de divisas reducen los márgenes de maniobra del ejecutivo. El movimiento opositor, por su parte, también enfrenta su propia prueba: sostener la presión callejera sin los sectores que ya negociaron salida con el gobierno —mineros cooperativistas de Potosí y parte del magisterio— y sin que la figura de Morales, con causas judiciales pendientes, se convierta en un lastre para la legitimidad de las protestas.