Un grupo de congresistas de Juntos por el Perú, liderados por Margot Palacios, y de la Bancada Socialista, encabezados por Jaime Quito, visitaron esta tarde al expresidente Pedro Castillo en el penal…
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Pedro Castillo denuncia penalmente a Dina Boluarte y a congresistas que aprobaron su vacancia

El expresidente Pedro Castillo presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de la Nación contra la exmandataria Dina Boluarte y los congresistas que votaron a favor de su vacancia el 7 de diciembre de 2022. En el documento, Castillo sostiene que la destitución fue irregular porque se aprobó con 101 votos y no con los 104 que exige el reglamento del Congreso para la causal de incapacidad moral permanente. También afirma que no se garantizó su derecho al debido proceso durante la sesión parlamentaria.
La denuncia incluye presuntos delitos de abuso de autoridad y aceptación ilegal de cargo. Castillo alega que Boluarte asumió la Presidencia sobre la base de un procedimiento que considera inválido y que los legisladores actuaron sin cumplir los requisitos constitucionales. Su defensa insiste en que la vacancia se ejecutó sin permitirle contar con abogado ni ejercer plenamente su defensa.

La vacancia de 2022 ocurrió horas después de que Castillo anunciara la disolución del Congreso y la instalación de un “gobierno de excepción”, acto considerado por diversas bancadas como un intento de quiebre del orden constitucional. Las principales fuerzas parlamentarias como Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular, Podemos, Somos Perú, Acción Popular, Alianza para el Progreso y otros, respaldaron la destitución, mientras que tan solamente 6 congresistas de izquierda la calificaron como una decisión política impulsada por la confrontación con el Ejecutivo y votaron en contra entre los que resaltan Margot Palacios de Ayacucho y Jaime Quito de Arequipa.
La nueva denuncia reabre el debate sobre la legalidad del proceso que llevó al relevo presidencial y vuelve a colocar en agenda la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. La congresista Margot Palacios señaló que Castillo ejerce un derecho constitucional y sostuvo que el Ministerio Público debe actuar sin presiones políticas. El caso podría generar nuevas tensiones en un escenario marcado por la polarización y por la proximidad de las elecciones generales de 2026.
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Movilización encabezada por Rafael López Aliaga expone la división de la derecha peruana y críticas a Keiko Fujimori

Domingo 19 de abril 2026.- La movilización encabezada por Rafael López Aliaga, ex candidato del partido derechista Renovación Popular, en el contexto postelectoral 2026 constituye un episodio relevante para entender la reconfiguración del espacio político conservador en el Perú, que expone la división y críticas a la principal representante del sector capitalista neoliberal. Más allá de su carácter coyuntural, la protesta se inscribe en una dinámica de cuestionamiento institucional que ha sido recurrente en procesos electorales recientes, marcada por denuncias de fraude no probadas.
Durante la jornada, López Aliaga reiteró acusaciones contra el proceso de conteo de votos y dirigió críticas explícitas a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Sus declaraciones, que incluyeron señalamientos de presuntas irregularidades, se producen en un contexto de competencia directa por un electorado ideológicamente cercano, lo que sugiere una estrategia de diferenciación dentro del mismo espectro político antes que una simple confrontación episódica.
En términos de movilización social, la protesta evidenció patrones geográficos y sociopolíticos consistentes con la base electoral del liderazgo convocante. Distritos como Miraflores, San Isidro, La Molina y San Borja han mostrado históricamente una mayor afinidad con propuestas de derecha liberal y conservadora, lo que permite inferir una participación significativa de sectores de ingresos medios y altos en este tipo de convocatorias.

No obstante, desde una perspectiva metodológica, es necesario matizar dicha inferencia. La ausencia de datos sistemáticos sobre la composición sociodemográfica de los asistentes impide afirmar con precisión la predominancia de un determinado grupo social en la movilización. En ese sentido, cualquier caracterización de la protesta como representativa de la “élite limeña” debe ser entendida como una hipótesis interpretativa basada en correlaciones electorales, no como una conclusión empíricamente verificada, a pesar que la mayoría de ellos fueron a la marcha desde esos distritos acomodados.
El discurso desplegado por López Aliaga también revela una estrategia de construcción narrativa orientada a cuestionar la legitimidad del proceso electoral en su conjunto. La reiteración de denuncias sin sustento comprobado se alinea con patrones observados en otros contextos regionales, donde actores políticos recurren a la impugnación preventiva o posterior de resultados como mecanismo de presión o reposicionamiento político.
Al mismo tiempo, el enfrentamiento con Fujimori pone en evidencia la fragmentación del bloque conservador. A pesar de compartir posiciones programáticas en temas económicos y sociales, ambos liderazgos compiten por un electorado similar, lo que intensifica la confrontación y reduce los márgenes para una eventual articulación política en el corto plazo.
En suma, la marcha liderada por López Aliaga debe ser leída no solo como una expresión de protesta frente al proceso electoral, sino como un síntoma de división interna de la derecha peruana, lo que favorece a oponente que queda en segundo lugar. Las tensiones entre sus principales figuras, sumadas a la utilización de narrativas de fraude, configuran el deseo de generar un escenario de incertidumbre que podría tener implicancias tanto en la estabilidad institucional en lo posterior.
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España exige el retiro de Israel de la Unión Europea en Cumbre Global Progresista 2026

Barcelona 18 de abril 2026.– En el marco de la Cumbre Global Progresista 2026 (GPM2026), el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha elevado el tono de su discurso en relación con Israel, planteando la necesidad de revisar de manera profunda los vínculos del país con la Unión Europea ante la situación en Oriente Medio.
Durante su intervención principal, Sánchez defendió que Europa debe actuar con mayor firmeza frente a lo que calificó como incumplimientos del derecho internacional, y señaló que mantener relaciones privilegiadas con Israel resulta incompatible con los principios fundacionales del bloque comunitario. En ese contexto, instó a considerar medidas que incluyan su exclusión de ciertos marcos de cooperación europea.
El mandatario español subrayó que la defensa de los derechos humanos y la protección de la población civil deben situarse en el centro de la política exterior europea, especialmente ante la crisis en Gaza. “No se puede mirar hacia otro lado”, afirmó, insistiendo en que la credibilidad de la Unión Europea depende de la coherencia entre sus valores y sus acciones.
En paralelo, Sánchez mantuvo encuentros con líderes internacionales afines, con quienes coincidió en la necesidad de reforzar el multilateralismo y avanzar hacia una respuesta coordinada de la comunidad internacional. Estas reuniones consolidan un bloque de países que presionan por cambios en la política global hacia el conflicto.
España, que en los últimos meses ha incrementado su protagonismo diplomático, también reiteró su apoyo al reconocimiento del Estado palestino como parte de una solución de dos Estados. Esta postura, sin embargo, sigue generando divisiones dentro de la Unión Europea, donde no existe una posición unificada.
Con este planteamiento, el Gobierno español busca influir en la agenda europea y acelerar un debate interno sobre los límites de sus relaciones exteriores, en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones y una fuerte presión política sobre las instituciones comunitarias.
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Segunda vuelta electoral aún en disputa en Perú

Los resultados preliminares difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con más del 90% de actas procesadas, muestran un escenario de alta fragmentación política. En el plano legislativo, varias organizaciones ya superan la valla electoral del 5%, lo que les permitiría obtener representación en el Congreso. Fuerza Popular encabeza las preferencias con alrededor de 17%, seguida por otras agrupaciones que se mantienen por encima del umbral mínimo.
Entre los principales partidos que estarían pasando la valla destacan el liderado por Keiko Fujimori con aproximadamente 17% de los votos; así como las fuerzas vinculadas a Roberto Sánchez con cerca de 12% y Rafael López Aliaga con alrededor de 11.9%. Otras agrupaciones se ubican entre el 6% y 8%, consolidando su ingreso al Parlamento. Las proyecciones indican que estos porcentajes variarían levemente, manteniéndose dentro de esos rangos al cierre del conteo.
En la contienda presidencial, Keiko Fujimori lidera con cerca del 17%, lo que prácticamente asegura su presencia en la segunda vuelta. Sin embargo, el segundo lugar sigue en disputa entre Roberto Sánchez (≈12%) y Rafael López Aliaga (≈11.9%), quienes mantienen una diferencia mínima dentro del margen estadístico. Esta situación mantiene la incertidumbre sobre quién acompañará en el balotaje.
Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa evaluando actas observadas y recursos de nulidad. Este proceso será determinante para oficializar tanto a los partidos que superan la valla electoral como a los dos candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta, una vez concluya el escrutinio total.
En este contexto, el país se encamina a una definición ajustada, con una segunda vuelta aún abierta y un Congreso fragmentado. Pero, casi definido a que Juntos por el Perú liderado por Roberto Sánchez obtenga su pase a la segunda vuelta electoral, como ya lo habíamos advertido en las notas anteriores a las elecciones generales del 12 de abril.
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