Perú, 26 de mayo de 2026.- Miles de agricultores arroceros mantienen paralizado el país en el segundo día de un paro nacional indefinido que afecta nueve regiones. La causa es concreta: el precio del arroz en chacra se desplomó de S/ 1,500 a S/ 600 por tonelada en menos de un año, empujando a miles de familias agricultoras al borde de la quiebra.

La protesta fue convocada por la Confederación Nacional de Arroceros del Perú (Conarroz), liderada por Wilder Vásquez, con el respaldo de la plataforma Conveagro y gremios de bananeros, cañicultores y cafetaleros. En el terreno, los rostros visibles son Rogelio Silva, de la Federación de Agricultores Piura-Tumbes, y Macario Silva Vílchez, de la Junta del Sector Hidráulico del Medio y Bajo Piura, quienes advirtieron que no levantarán los bloqueos sin compromisos escritos del Ejecutivo.

Las demandas del sector son cinco: declaratoria de emergencia agropecuaria, suspensión temporal de importaciones de arroz durante la cosecha nacional, compra estatal de 180,000 toneladas del cereal peruano, créditos agrarios accesibles ante el alza de fertilizantes y combustibles, y combate efectivo al contrabando de arroz por la frontera de Tumbes. Todos estos puntos, según los gremios, fueron acordados en mesas de diálogo previas que el Midagri nunca cumplió.

La respuesta del Gobierno llegó tarde y sin sustancia. El ministro de Desarrollo Agrario, César Quispe, reconoció que la crisis es estructural y que las medidas del Ejecutivo solo podrán «paliar en algo» la situación. Como gesto concreto, el Midagri reportó la compra de 410 toneladas de arroz nacional — una cifra irrisoria frente al excedente de 350,000 toneladas acumulado en las cosechas de 2025 y 2026.

Ante la presión de dos días consecutivos de bloqueos, la Presidencia del Consejo de Ministros convocó para el miércoles 27 de mayo una reunión de alto nivel con gobernadores regionales y dirigentes arroceros. Sin embargo, la agenda del Consejo de Ministros de ese día no incluyó decretos de urgencia ni medidas vinculantes — solo un informe sectorial del Midagri, lo que revela la distancia entre el discurso oficial y la disposición real a resolver el conflicto.

El escenario más probable es que la reunión del 27 derive en un acta de compromisos parciales — compras estatales ampliadas, cronograma de créditos, mesa técnica permanente — que los gremios evaluarán como condición mínima para levantar los bloqueos de forma temporal. Los productores, sin embargo, son explícitos: no se trasladarán a Lima a negociar y exigen que cualquier mesa de diálogo funcione en Piura, en el corazón de la zona productora.

El problema de fondo no tiene solución en una reunión de emergencia. La sobreproducción, la competencia del arroz importado y el encarecimiento de insumos configuran una crisis estructural que ningún gobierno ha querido enfrentar con políticas de largo plazo. Sea quien sea el ganador de la segunda vuelta del domingo, heredará un campo en ebullición y una deuda pendiente con cientos de miles de agricultores que sostienen la seguridad alimentaria del país.

Huancayo, 26 de mayo de 2026.- La visita de la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a la región Junín estuvo marcada por movilizaciones de rechazo, enfrentamientos y una represión policial que dejó heridos y detenidos, evidenciando la profunda división política que persiste en esta región de cara a la segunda vuelta electoral.

Fujimori llegó el lunes 25 con una agenda reservada: una reunión en un restaurante de Concepción —donde celebró su cumpleaños número 51— y un evento en el estadio de El Tambo sin acceso para la prensa ni el público. Desde el primer día, ciudadanos se congregaron en la plaza de la Constitución para expresar su rechazo con consignas como «Fujimori nunca más» y «la sangre derramada jamás será olvidada».

La jornada del martes concentró los incidentes de mayor gravedad. Horas antes del mitin, colectivos ciudadanos bloquearon el paso del bus de la orquesta Hermanos Yaipén, contratada por Fuerza Popular para animar el evento, obligándola a retirarse ante la presión de los manifestantes.

Durante el acto, una ciudadana que increpó a la congresista Rosángela Barbarán denunció haber sido agredida por presuntas militantes fujimoristas, quienes le habrían jalado el cabello y arañado. La mujer se encontraba acompañada de su madre adulta mayor. El incidente fue registrado en videos que se viralizaron en redes sociales. Fuerza Popular no emitió pronunciamiento oficial al respecto.

Pasadas las 7 de la noche, efectivos de la Policía Nacional dispersaron con gases lacrimógenas a los manifestantes en los exteriores del mitin. Se reportaron golpes a algunos ciudadanos y al menos un detenido, lo que motivó que un grupo rodeara la comisaría del distrito de El Tambo exigiendo su liberación.

El rechazo en Junín no es nuevo. En la campaña de 2021, Fujimori enfrentó protestas similares en Jauja y Huancayo. En la campaña actual, un mitin en Pichanaki debió suspenderse semanas atrás ante el lanzamiento de piedras, y un estrado cedió durante su visita a la comunidad asháninka de Pampa Michi. La región concentra sectores que asocian al fujimorismo con la violencia política de los noventa y con la represión de las protestas sociales de 2022 y 2023.

La segunda vuelta enfrenta a Fujimori con Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con los comicios previstos para el domingo siguiente. Junín es considerada una región históricamente adversa al fujimorismo, lo que convierte cada actividad proselitista en un termómetro de las tensiones que atraviesa el proceso electoral en el centro del país.

Lima, 23 de mayo de 2026. A menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la organización Resistimos con Esperanza (RCE) ha convocado el I Congreso Nacional “Historia del Terrorismo en el Perú: Memoria para el Futuro”, programado para los días 27 y 28 de mayo en formato virtual. El evento, desarrollado con el respaldo del Instituto de Estudios Americanos–CEU CEFAS, se presenta como un espacio de reflexión histórica sobre la violencia terrorista. Sin embargo, la composición de sus expositores y el contexto político en el que se realiza han despertado interrogantes sobre su carácter académico y su eventual utilización como plataforma de intervención en el debate electoral.

El momento elegido para la realización del congreso resulta especialmente significativo. La memoria del terrorismo ha sido uno de los pilares narrativos más importantes del fujimorismo desde la captura de Abimael Guzmán en 1992 y continúa siendo un recurso recurrente en las campañas de Fuerza Popular. En ese escenario, la participación de figuras estrechamente vinculadas a ese espacio político dificulta interpretar el encuentro como una iniciativa neutral. Aunque la organización no registra vínculos partidarios formales, su entorno institucional y mediático mantiene afinidades evidentes con sectores liberal-conservadores que respaldan la candidatura de Keiko Fujimori.

Entre los principales expositores destaca Marco Miyashiro, exjefe del GEIN y protagonista de la operación que condujo a la captura de Guzmán. Su trayectoria profesional le otorga una autoridad indiscutible para abordar el tema; sin embargo, su condición de senador electo por Fuerza Popular para el período 2026-2031 introduce un elemento político imposible de ignorar. A ello se suma la participación del periodista y escritor Víctor Andrés Ponce, director de opinión asociado al medio digital El Montonero y una de las voces más visibles del pensamiento liberal-conservador peruano, quien expondrá sobre la influencia del marxismo en la academia, la educación y la política nacional.

La dimensión ideológica del evento también se expresa en la presencia de la española María San Gil, exdirigente del Partido Popular vasco y reconocida figura del movimiento antiterrorista en España. Su inclusión proyecta el congreso hacia una narrativa internacional que vincula las experiencias de ETA y Sendero Luminoso con los debates contemporáneos sobre la izquierda política en Iberoamérica, una interpretación frecuente en los círculos conservadores transnacionales. Junto a ella participan militares y policías en retiro, analistas de seguridad, víctimas de Sendero Luminoso y representantes de instituciones vinculadas a la lucha contrasubversiva.

No obstante, el aspecto más llamativo del programa es la ausencia de voces que permitan una mirada plural sobre el conflicto armado interno. No figuran investigadores asociados a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), académicos especializados de universidades como la PUCP o San Marcos, ni representantes de organizaciones de derechos humanos que durante décadas han documentado violaciones cometidas por agentes del Estado. Tampoco participan representantes de las comunidades andinas más afectadas por la violencia, particularmente de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Junín, regiones que concentraron gran parte de las víctimas del conflicto.

Estas omisiones adquieren relevancia porque la propia CVR concluyó que cerca de un tercio de las víctimas mortales del conflicto fueron consecuencia de acciones perpetradas por fuerzas estatales o grupos paramilitares. Sin embargo, ninguna de las ponencias programadas aborda de manera específica esa dimensión de la violencia. Las víctimas convocadas al evento representan experiencias legítimas y valiosas, pero corresponden únicamente a quienes sufrieron directamente los ataques de Sendero Luminoso, dejando fuera a familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos atribuidas al Estado.

No existe evidencia que permita afirmar que el congreso forme parte de una estrategia electoral coordinada con Fuerza Popular. Sin embargo, la coincidencia temporal con la campaña presidencial, la presencia de dirigentes y representantes vinculados al partido, la afinidad ideológica de los organizadores y la exclusión sistemática de perspectivas divergentes justifican un examen crítico de su propuesta. Más que ofrecer una visión integral de la historia del terrorismo en el Perú, el evento parece presentar una interpretación específica y políticamente situada de un período complejo y doloroso cuya comprensión exige incorporar todas las voces involucradas.