Lima, 2 de diciembre de 2025.– A menos de dos meses de ser vacada por incapacidad moral, la expresidenta Dina Boluarte podría recibir una pensión vitalicia de hasta 35 mil soles mensuales gracias al respaldo de Fuerza Popular y sectores de la derecha parlamentaria que, durante su gestión, fueron sus principales socios para reprimir las protestas que dejaron 49 civiles muertos y cientos de heridos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. El pedido, presentado apenas diez días después de su salida del poder, avanza en el Congreso con la venia del fujimorismo, que controla la Mesa Directiva a través de Fernando Rospigliosi.

El mismo partido que en 2022 celebró la caída de Pedro Castillo y avaló el estado de emergencia que facilitó la masacre de manifestantes en Ayacucho, Juliaca y Andahuaylas, ahora defiende que Boluarte “fue elegida constitucionalmente” y merece el privilegio, ignorando que nunca ganó una elección como presidenta y que su gobierno fue sostenido con balas y decretos represivos. Voces como la del congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) insisten en que “a todo expresidente se le debe dar pensión”, mientras callan sobre las ejecuciones extrajudiciales documentadas por la CIDH y Amnistía Internacional.

La indignación ciudadana crece en redes y calles ante lo que muchos califican como el colmo del cinismo: quienes ayer aplaudieron la represión hoy pretenden premiar a su autora con dinero público. Organizaciones de víctimas y familiares de los fallecidos en las protestas anunciaron movilizaciones para los próximos días, exigiendo que el Pleno rechace la pensión y que, en su lugar, se investiguen y sancionen los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el mando de Boluarte y sus aliados naranja. El debate se verá esta semana y definirá, una vez más, si el Congreso está del lado de los peruanos o de quienes los asesinaron para aferrarse al poder.

Lima, 1 de diciembre de 2025 – Tras el cumplimiento parcial del nombramiento de hasta el 50% inicial de personal administrativo CAS en el Ministerio de Salud (Minsa), sindicatos como CASMINSA elevaron su demanda al Ejecutivo y Congreso para asignar recursos presupuestarios que completen el tramo restante, beneficiando a miles de profesionales, técnicos y auxiliares que sostienen la gestión en hospitales y direcciones regionales. La Resolución Ministerial N° 638-2025/MINSA, publicada en septiembre, ya habilita a más de 28,000 trabajadores aptos para el proceso que inicia en diciembre, con estabilidad laboral, incrementos salariales de hasta 60% y derechos plenos bajo el régimen 728, pero el límite del 50% deja fuera a un grupo equivalente, generando inquietud por la precariedad persistente en regiones como Apurímac y Huancavelica.

El pedido se basa en el literal r) del artículo 8 de la Ley N° 32185, que autoriza el avance progresivo con financiamiento inicial cubierto (S/ 8.6 millones vía modificaciones del MEF), pero excluye explícitamente el tramo final para 2025. Aunque la reciente Ley N° 32499 amplió al 100% los nombramientos asistenciales (médicos y enfermeros), los administrativos esperan una modificación similar; el ministro César Vásquez anunció que el proyecto de Presupuesto 2026, en trámite parlamentario, incorpora fondos para este 50% restante, reconociendo su rol esencial en la eficiencia del sistema de salud pública y evitando impactos fiscales desbalanceados.

Dirigentes sindicales celebran los beneficios ya concretos –como gratificaciones integrales, CTS y 30 días de vacación- pero advierten que, sin la asignación inmediata para el complemento, se arriesga la continuidad operativa en el sector. Con capacitaciones concluidas y el portal https://nombramiento.minsa.gob.pe/ activo, el llamado urge al MEF y al Congreso a priorizar esta equidad laboral en las sesiones de diciembre, consolidando un 2025 de reivindicaciones para el personal CAS y fortaleciendo la atención sanitaria nacional.

Lima, 28 de noviembre de 2025 – En una sesión que se extendió hasta altas horas de la madrugada, el Pleno del Congreso de la República aprobó por 100 votos a favor, 12 en contra y una abstención la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, según el dictamen del Proyecto de Ley N° 12255/2025-PE remitido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El monto total asciende a S/ 257.561.619.143, lo que representa un incremento nominal del 2,3% (S/ 5.761 millones) respecto al presupuesto inicial de 2025, pero que, al descontar la inflación proyectada del 2,5%, implica una contracción real en sectores clave. Especialistas del Instituto Peruano de Economía (IPE) y la Defensoría del Pueblo advierten que esta asignación perpetúa brechas sociales, afectando a más de 10 millones de peruanos en pobreza multidimensional, con un énfasis desproporcionado en gasto corriente (70% del total) sobre inversión social.

De acuerdo con los datos oficiales del MEF incorporados al dictamen aprobado, el sector educación recibe S/ 38.200 millones, equivalente al 14,8% del presupuesto total y un crecimiento nominal del 2,5%, pero con una reducción real del 0,2% tras inflación. El programa Beca 18 y Pronabec solo obtendrán S/ 50 millones adicionales de los S/ 700 millones solicitados, obligando al Ministerio de Educación a reasignar fondos internos para sostener becas existentes, según la disposición transitoria aprobada. En salud, los S/ 22.500 millones asignados marcan un incremento nominal del 3,1%, pero una caída real del 0,4%, insuficiente para el nombramiento progresivo de 50.000 trabajadores ex CAS-COVID ni para reducir listas de espera en hospitales públicos, que superan los 1,2 millones de atenciones pendientes. Estos montos, detallados en el Anexo del Presupuesto Público publicado por el MEF, priorizan atención primaria, pero ignoran la subejecución histórica del 25% en regiones rurales.

Los programas de alimentación y vivienda pública tampoco escapan al ajuste: Qali Warma y comedores populares mantienen S/ 1.800 millones sin aumento real, dejando sin desayuno garantizado a 4 millones de niños en zonas vulnerables, mientras el Fondo MIVIVIENDA y Techo Propio se congelan en S/ 980 millones, un 0% de crecimiento nominal que no cubre la demanda de 500.000 familias en hacinamiento. Organizaciones como Unicef Perú y el Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales tildan este presupuesto de «el más regresivo en una década», con la directora de Unicef, Delicia Ferrando, alertando: «Se destinan fortunas a infraestructura vial, pero millones de peruanos seguirán sin acceso básico a salud o un techo digno». El MEF estima que estas brechas, donde el 56% de la población rural carece de agua potable y el 40% vive en viviendas informales, se agravarán en un año electoral como 2026, exigiendo observaciones ejecutivas para redirigir al menos el 5% del gasto corriente hacia inversión social.