Lima, 18 de junio de 2025 – La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República aprobó hoy, el informe final que recomienda la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por «incapacidad moral permanente» en el marco del caso «Cirugías»; con 9 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra de los miembros titulares y alternos.

Según el documento, la mandataria incumplió su deber constitucional al no informar al Parlamento sobre su ausencia durante una cirugía estética, lo que el grupo investigador considera un abandono de funciones. La decisión, tomada en una sesión extraordinaria, marca un hito en el proceso que ahora pasará al Pleno del Congreso.

El informe, respaldado por la mayoría de los miembros de la comisión, detalla que Boluarte no notificó oficialmente su procedimiento médico, lo que generó cuestionamientos sobre la transparencia en su gestión. Durante la sesión, se presentaron pruebas y testimonios que sustentan la acusación, incluyendo la falta de comunicación formal al Legislativo. Este caso, conocido como «Cirugías», se suma a investigaciones previas como el caso «Cofre», aprobado el 6 de junio, pero la resolución de hoy centra la atención en la cirugía estética de la presidenta.

La aprobación del informe ha intensificado la polarización política en el país. Sectores de oposición, que lideraron la investigación, argumentan que la conducta de Boluarte refleja una grave irresponsabilidad, mientras que sus aliados sostienen que la acusación es desproporcionada y busca desestabilizar al gobierno. La decisión de la Comisión de Fiscalización, encabezada por congresistas críticos al Ejecutivo, ha generado un fuerte debate sobre las implicancias de un posible proceso de vacancia.

El siguiente paso será la discusión del informe en el Pleno del Congreso, donde se requerirán 87 votos para aprobar la destitución de la presidenta. Este proceso podría extenderse debido a las negociaciones entre bancadas y la compleja coyuntura política. Mientras tanto, la ciudadanía sigue de cerca los acontecimientos, en un contexto de creciente incertidumbre sobre el futuro del gobierno de Boluarte.

Lima, 18 de junio de 2025 – Gremios de transportistas iniciaron hoy un paro en Lima y Callao, con concentraciones en el óvalo Santa Anita, el puente Los Ángeles, la plaza Bolognesi y el óvalo La Perla. La protesta reclama un plan integral de seguridad ante extorsiones, sicariato y asesinatos que han marcado el 2025.

Los transportistas exigen derogar la Ley N.º 32108 y retirar proyectos sobre “terrorismo urbano”, considerados ineficaces o criminalizantes. También piden formalizar el servicio de taxi colectivo. Algunos líderes demandan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y un gobierno de transición.

El paro no cuenta con apoyo unánime. Transportistas formales e interprovinciales lo rechazan, calificándolo de “politizado”, mientras los informales lideran la movilización. Muchos conductores trabajan hasta el mediodía, limitando el impacto. La afectación se concentra en rutas informales, sin paralizar totalmente Lima.

Las protestas se trasladaron al mediodía a la Plaza Norte, con una marcha prevista hacia la Plaza San Martín y posiblemente el Congreso. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la ATU garantizan que el Metro, el Metropolitano y buses interprovinciales operan normalmente. La Policía Nacional refuerza la seguridad, sin incidentes graves hasta las 09:33.

Universidades como la PUCP, la Universidad de Lima y la UPCH suspendieron clases presenciales y pasaron a modalidad virtual. El Ministerio de Trabajo recomienda tolerancia horaria y teletrabajo en Lima. Las escuelas no han emitido disposiciones generales, aunque algunas podrían adoptar medidas similares.

El paro se enmarca en protestas iniciadas en 2024 por asesinatos, explosiones y extorsiones en rutas periurbanas. Las mesas de diálogo y cambios ministeriales no han frenado la inseguridad, impulsando nuevas movilizaciones. En 2024, se reportaron más de 50 asesinatos de transportistas.

La marcha hacia el Congreso será clave para evaluar si el Gobierno abre un diálogo. Los anuncios oficiales y el respaldo social determinarán el rumbo de la jornada. Sigue la cobertura en vivo en nuestras redes sociales.

Lima, 17 de junio de 2025 – En un esfuerzo por transformar San Juan de Lurigancho (SJL), el distrito más poblado de Lima, la congresista Margot Palacios (JP) presentó el Proyecto de Ley N.º 11546 para reubicar el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho. La iniciativa, que ha generado un respaldo unánime entre vecinos y expertos, promete devolver la seguridad, la paz social y un nuevo horizonte de desarrollo a esta emblemática zona de la capital peruana.

El penal de Lurigancho, situado en el corazón de SJL, enfrenta una grave crisis de hacinamiento, albergando a 9,748 internos en una infraestructura diseñada para solo 3,204 personas. Esta situación lo ha convertido en un foco de crimen organizado, desde donde se orquestan delitos como extorsiones, secuestros y sicariatos, impactando directamente la tranquilidad de los residentes. La presencia del penal también genera un deterioro en la calidad de vida, desvalorización de propiedades y un freno al desarrollo económico, además del temor constante por motines o fugas, como los registrados en abril de 2025.

Con el Proyecto de Ley N.º 11546, se busca trasladar el penal a una nueva ubicación adecuada, dotada de infraestructura moderna que garantice mayor seguridad y mejores condiciones para los internos. “San Juan de Lurigancho no puede seguir cargando con las consecuencias de un penal obsoleto y mal ubicado. Es momento de recuperar este espacio para el progreso humano, económico y urbano del distrito”, afirmó la congresista Palacios. La reubicación permitirá liberar el terreno actual para proyectos transformadores, como parques, centros educativos o espacios comerciales, impulsando la economía local y elevando la calidad de vida de los vecinos.

La propuesta ha sido recibida con entusiasmo por la comunidad de SJL, que ve en ella una oportunidad para recuperar la paz y vivir sin el temor que genera la cercanía del penal. “Por primera vez sentimos que nuestras preocupaciones son escuchadas. Queremos un distrito seguro para nuestros hijos”, expresó María Torres, vecina de la zona. Expertos en seguridad y urbanismo también han celebrado la iniciativa. El criminólogo Luis Quispe destacó: “Reubicar el penal reducirá la criminalidad en SJL y abrirá la puerta a una planificación urbana más inclusiva y sostenible, devolviendo dignidad a los residentes”.

El proyecto establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en colaboración con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), identificará un nuevo terreno y diseñará un plan integral de reubicación. Esta medida no solo fortalecerá la seguridad ciudadana, sino que posicionará a SJL como un polo de desarrollo económico y social. Palacios reafirmó su compromiso con la justicia social: “San Juan de Lurigancho merece tranquilidad, dignidad y un futuro lleno de oportunidades para todos”.

Con un apoyo ciudadano y técnico que crece cada día, el Proyecto de Ley N.º 11546 se perfila como un hito histórico para convertir a San Juan de Lurigancho en un distrito más seguro, próspero y habitable, marcando un punto de inflexión en la lucha contra la inseguridad y el abandono que ha afectado a esta vibrante comunidad limeña.