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Ejército se recompone con pase al retiro de generales de división y de brigada

Reconfiguración del alto mando. El comandante general del Ejército, general de división David Ojeda Parra, será el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en reemplazo del general de división Manuel Gómez de la Torre. Pero todavía no hay definición respecto a quién sería el reemplazo de Ojeda: los generales de división César Briceño Valdivia u Orestes Vargas Ortiz.
El representante del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa (JID), el general de división EP Carlos Ríos Aguilar, dejará la actividad militar a fin de año por disposición superior.
Además de Ríos, han sido pasados al retiro los generales de división EP Ricardo Bustamante Zúñiga, actual comandante general de la V División del Ejército (con sede en Iquitos), y Rubén Chucos Torres, comandante del Comando de Salud del Ejército (Cosale).
Ubicado en el segundo lugar del escalafón del instituto castrense, inmediatamente después del comandante general del Ejército, general de división EP David Ojeda Parra, la salida del general Carlos Ríos plantea una disyuntiva.

Al cumplir su mandato como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA), el general de división EP Manuel Gómez de la Torre, el Ejecutivo debe reemplazarlo escogiendo entre los comandantes generales de los institutos armados con más tiempo en el cargo.
Lo que significa que el comandante general del Ejército, David Ojeda, debería ocupar la posición del general Gómez de la Torre, ya que fue designado en el cargo el 20 de diciembre de 2022. Mientras que el comandante general de la Marina, almirante AP Luis Polar Figari fue designado el 4 de agosto de 2023, y el comandante general de la FAP, general del aire Carlos Chávez Cateriano, el 4 de noviembre de 2023.
Descontando al general Carlos Ríos que dejará la institución castrense a fin de año, el tercero en el escalafón del Ejército, y segundo en la línea de comando después del comandante general David Ojeda, es el jefe del Estado Mayor General del Ejército, general de división César Briceño Valdivia.
Briceño, además, ejerce otro cargo de importancia, como se verá más adelante: presidente del directorio de la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME).
Le sigue a Briceño el inspector general del Ejército, general de división Orestes Vargas Ortiz.
Los generales César Briceño y Orestes Vargas integran la misma promoción Andrés Avelino Cáceres II, que egresaron 1987 y ascendieron al grado de general de división el mismo año, 2020. La diferencia está en que Briceño es del arma de Ingeniería y Vargas de Caballería.
Movimiento general
De acuerdo con las fuentes castrenses consultadas, en una primera relación de generales de división que pasarían al retiro, aparecían, además de Ríos Aguilar, Bustamante Zúñiga y Chucos Torres, el general de división Orestes Vargas Ortiz.
Incluso se mencionó presuntas diferencias entre la Comandancia General del Ejército, que propuso el pase al retiro del general de división Ricardo Bustamante Zúñiga, y el Ministerio de Defensa.
En las últimas horas, finalmente, se concordó en que el general de división Orestes Vargas Ortiz continuaba en funciones y que el general de división Ricardo Bustamante Zúñiga dejaría la institución.
Lo cierto es que al asumir la jefatura del CCFFAA, el general de división David Ojeda Parra, le convendría que lo sustituya el general de división César Briceño Valdivia, su jefe de Estado Mayor General y presidente del directorio de FAME. Ambos están relacionados con un importante contra.
Esta año que termina, Ojeda recibió una transferencia de US$87 millones para adquirir 30 vehículos blindados 8×8 (US$60 millones) y 10.000 fusiles de asalto (US$27 millones).
Fusil contra fusil
El primer proceso fue un completo fracaso. La Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA) encontró serias deficiencias en el procedimiento y rechazó la elección de la oferta de la empresa turca Otokar, por superar el monto autorizado de US$60 millones.
El general David Ojeda insistió reiteradamente ante la ACFFAA, que jefatura el almirante AP (r) Manuel Váscones Morey, para que diera visto bueno a la adquisición. Váscones recibió el respaldo del Mindef, por lo que los US$60 millones para la compra de los blindados 8×8 pasó a manos de la Marina para financiar un proyecto de construcción de navíos.
Como consta en documentos a los que tuvo acceso La República, la decisión de la ACFFAA no gustó para nada al comandante general del Ejército. Pero quedaba pendiente la compra de los 10.000 fusiles de asalto, con un presupuesto de US$27 millones. Esta vez, sin embargo, el general Ojeda solicitó que la adquisición no pasaría por la ACFFAA, como en un principio se había establecido
Amparándose en una reciente norma del 15 de febrero de 2023, ley n° 31684, que supuestamente “obliga” al Ejército a contratar con empresas nacionales, David Ojeda logró que su institución, y no la ACFFAA, comprara los fusiles.
El Ejército ya había invitado a varias empresas para que presentaran sus ofertas de fusiles, pero repentinamente comunicó que FAME había informado que suscribió un convenio con la compañía Israel Weapons Industries (IWI) para ensamblar fusiles Arad 7 en el Perú.
Quien hizo posible el acuerdo entre FAME e IWI fue el presidente del directorio, el general de división César Briceño Valdivia, el número dos del comandante general David Ojeda.
Precisamente, Ojeda y Briceño se han presentado ante la Comisión de Fiscalización para defender la cuestionada compra de fusiles a IWI, sin licitación y sin probar el Arad 7 en el país. La mejor para Ojeda es que lo sustituya Briceño, para que siga insistiendo en la adquisición ante las autoridades que ya investigan el caso.
Quiénes son los generales de brigada
El general de brigada Henry Acosta Bernuy, quien fuera detenido preliminarmente por presuntos actos de corrupción, está en la lista de 19 invitados al retiro.
El jefe del Servicio de Material de Guerra, general William Lozano Flores, también pasará al retiro. Lozano intervino en la compra de fusiles israelíes Arad 7.Nuevo comandante general del Ejército estaría entre César Briceño y Orestes Vargas.
Fuente: La Republica
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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.
En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.
La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.
En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.
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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.
Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.
La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.
La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.
En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.
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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.
La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.
La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.
Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.
La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.








