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JNJ: Katherine Ampuero afirma «Que se vayan todos los miembros»
Exige profilaxis completa y la suspensión de Patricia Benavides debe ser revocada por ilegal.

Exige profilaxis completa y está convencida que la suspensión de Patricia Benavides debe ser revocada por ilegal.
La JNJ suspendió por 6 meses a la fiscal Patricia Benavides. ¿Le parece correcto este proceso disciplinario inmediato que aplicó la JNJ?
Ha sido un procedimiento vulneratorio a las garantías de un debido proceso. Ha sido un proceso exprés.
Es inconcebible que en 8 días hayan destituido a la titular de un organismo tan importante dentro del sistema de administración de justicia, como lo es el Ministerio Público.
Yo recuerdo cómo un sector criticó al Congreso cuando buscaron la destitución de los miembros de la JNJ, señalando que era un proceso exprés y que eso vulneraba el debido proceso, pero, en ese caso, sí se les dio a los miembros de la JNJ el derecho a ejercer su legítima defensa.
– Es por eso que vimos al abogado de la JNJ, Samuel Abad, desfilando por la Comisión de Justicia.
Exacto, fue un procedimiento que duró mucho más tiempo. Ellos pudieron ejercer su derecho a la defensa. Pero lo que ellos reclamaron en su momento es lo que ellos mismos han violentado ahora.
Ellos han abusado de la facultad que tienen, que es nombrar, ratificar y destituir de jueces y fiscales a nivel nacional.
Aquí ha habido un atropello a los derechos fundamentales y, en consecuencia, la suspensión carece de eficacia, es nula, y esto tiene que ser rectificado.
-Si es que la fiscal Benavides presenta alguna acción de amparo contra su suspensión, ¿no ve improbable que los jueces, sabiendo que la JNJ los puede remover, fallen a su favor?
No quiero pensar eso porque yo creo que en el Poder Judicial existen jueces probos y valientes, y que no se dejan amedrentar por la JNJ. Tengo fe en que hay jueces que, más allá de cuestiones ideológicas y políticas, van a aplicar la ley sin mirar a quién.
-En el caso de Patricia Benavides, ¿no le llama a usted la atención que ningún fiscal supremo haya abierto una investigación en su contra, tras ser sindicada por Marita Barreto como presunta cabecilla de una organización criminal?
Hasta el día de hoy, la fiscal Patricia Benavides no se encuentra siendo investigada por el Ministerio Público y quien debería investigarla es un fiscal supremo. Eso tenía que hacerse desde el día que dispusieron la detención de su asesor Jaime Villanueva.
La exfiscal de la Nación Patricia Benavides tuvo el mérito de haber denunciado constitucionalmente ante el Congreso al golpista Pedro Castillo por casos de corrupción, recuerda Katherine Ampuero.
Fuente: Expreso
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Movilización encabezada por Rafael López Aliaga expone la división de la derecha peruana y críticas a Keiko Fujimori

Domingo 19 de abril 2026.- La movilización encabezada por Rafael López Aliaga, ex candidato del partido derechista Renovación Popular, en el contexto postelectoral 2026 constituye un episodio relevante para entender la reconfiguración del espacio político conservador en el Perú, que expone la división y críticas a la principal representante del sector capitalista neoliberal. Más allá de su carácter coyuntural, la protesta se inscribe en una dinámica de cuestionamiento institucional que ha sido recurrente en procesos electorales recientes, marcada por denuncias de fraude no probadas.
Durante la jornada, López Aliaga reiteró acusaciones contra el proceso de conteo de votos y dirigió críticas explícitas a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Sus declaraciones, que incluyeron señalamientos de presuntas irregularidades, se producen en un contexto de competencia directa por un electorado ideológicamente cercano, lo que sugiere una estrategia de diferenciación dentro del mismo espectro político antes que una simple confrontación episódica.
En términos de movilización social, la protesta evidenció patrones geográficos y sociopolíticos consistentes con la base electoral del liderazgo convocante. Distritos como Miraflores, San Isidro, La Molina y San Borja han mostrado históricamente una mayor afinidad con propuestas de derecha liberal y conservadora, lo que permite inferir una participación significativa de sectores de ingresos medios y altos en este tipo de convocatorias.

No obstante, desde una perspectiva metodológica, es necesario matizar dicha inferencia. La ausencia de datos sistemáticos sobre la composición sociodemográfica de los asistentes impide afirmar con precisión la predominancia de un determinado grupo social en la movilización. En ese sentido, cualquier caracterización de la protesta como representativa de la “élite limeña” debe ser entendida como una hipótesis interpretativa basada en correlaciones electorales, no como una conclusión empíricamente verificada, a pesar que la mayoría de ellos fueron a la marcha desde esos distritos acomodados.
El discurso desplegado por López Aliaga también revela una estrategia de construcción narrativa orientada a cuestionar la legitimidad del proceso electoral en su conjunto. La reiteración de denuncias sin sustento comprobado se alinea con patrones observados en otros contextos regionales, donde actores políticos recurren a la impugnación preventiva o posterior de resultados como mecanismo de presión o reposicionamiento político.
Al mismo tiempo, el enfrentamiento con Fujimori pone en evidencia la fragmentación del bloque conservador. A pesar de compartir posiciones programáticas en temas económicos y sociales, ambos liderazgos compiten por un electorado similar, lo que intensifica la confrontación y reduce los márgenes para una eventual articulación política en el corto plazo.
En suma, la marcha liderada por López Aliaga debe ser leída no solo como una expresión de protesta frente al proceso electoral, sino como un síntoma de división interna de la derecha peruana, lo que favorece a oponente que queda en segundo lugar. Las tensiones entre sus principales figuras, sumadas a la utilización de narrativas de fraude, configuran el deseo de generar un escenario de incertidumbre que podría tener implicancias tanto en la estabilidad institucional en lo posterior.
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España exige el retiro de Israel de la Unión Europea en Cumbre Global Progresista 2026

Barcelona 18 de abril 2026.– En el marco de la Cumbre Global Progresista 2026 (GPM2026), el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha elevado el tono de su discurso en relación con Israel, planteando la necesidad de revisar de manera profunda los vínculos del país con la Unión Europea ante la situación en Oriente Medio.
Durante su intervención principal, Sánchez defendió que Europa debe actuar con mayor firmeza frente a lo que calificó como incumplimientos del derecho internacional, y señaló que mantener relaciones privilegiadas con Israel resulta incompatible con los principios fundacionales del bloque comunitario. En ese contexto, instó a considerar medidas que incluyan su exclusión de ciertos marcos de cooperación europea.
El mandatario español subrayó que la defensa de los derechos humanos y la protección de la población civil deben situarse en el centro de la política exterior europea, especialmente ante la crisis en Gaza. “No se puede mirar hacia otro lado”, afirmó, insistiendo en que la credibilidad de la Unión Europea depende de la coherencia entre sus valores y sus acciones.
En paralelo, Sánchez mantuvo encuentros con líderes internacionales afines, con quienes coincidió en la necesidad de reforzar el multilateralismo y avanzar hacia una respuesta coordinada de la comunidad internacional. Estas reuniones consolidan un bloque de países que presionan por cambios en la política global hacia el conflicto.
España, que en los últimos meses ha incrementado su protagonismo diplomático, también reiteró su apoyo al reconocimiento del Estado palestino como parte de una solución de dos Estados. Esta postura, sin embargo, sigue generando divisiones dentro de la Unión Europea, donde no existe una posición unificada.
Con este planteamiento, el Gobierno español busca influir en la agenda europea y acelerar un debate interno sobre los límites de sus relaciones exteriores, en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones y una fuerte presión política sobre las instituciones comunitarias.
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Segunda vuelta electoral aún en disputa en Perú

Los resultados preliminares difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con más del 90% de actas procesadas, muestran un escenario de alta fragmentación política. En el plano legislativo, varias organizaciones ya superan la valla electoral del 5%, lo que les permitiría obtener representación en el Congreso. Fuerza Popular encabeza las preferencias con alrededor de 17%, seguida por otras agrupaciones que se mantienen por encima del umbral mínimo.
Entre los principales partidos que estarían pasando la valla destacan el liderado por Keiko Fujimori con aproximadamente 17% de los votos; así como las fuerzas vinculadas a Roberto Sánchez con cerca de 12% y Rafael López Aliaga con alrededor de 11.9%. Otras agrupaciones se ubican entre el 6% y 8%, consolidando su ingreso al Parlamento. Las proyecciones indican que estos porcentajes variarían levemente, manteniéndose dentro de esos rangos al cierre del conteo.
En la contienda presidencial, Keiko Fujimori lidera con cerca del 17%, lo que prácticamente asegura su presencia en la segunda vuelta. Sin embargo, el segundo lugar sigue en disputa entre Roberto Sánchez (≈12%) y Rafael López Aliaga (≈11.9%), quienes mantienen una diferencia mínima dentro del margen estadístico. Esta situación mantiene la incertidumbre sobre quién acompañará en el balotaje.
Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continúa evaluando actas observadas y recursos de nulidad. Este proceso será determinante para oficializar tanto a los partidos que superan la valla electoral como a los dos candidatos que disputarán la presidencia en la segunda vuelta, una vez concluya el escrutinio total.
En este contexto, el país se encamina a una definición ajustada, con una segunda vuelta aún abierta y un Congreso fragmentado. Pero, casi definido a que Juntos por el Perú liderado por Roberto Sánchez obtenga su pase a la segunda vuelta electoral, como ya lo habíamos advertido en las notas anteriores a las elecciones generales del 12 de abril.
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