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Polémica por remoción de policías que participar en allanamiento a vivienda de Dina Boluarte

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La reciente disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP), que ordena la reasignación de 60 oficiales de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), ha despertado críticas y cuestionamientos sobre la independencia de las instituciones policiales frente a posibles presiones políticas. La medida afecta, entre otros, a los agentes que participaron en el allanamiento de la vivienda de la presidenta Dina Boluarte en marzo pasado, en el marco del caso “Rolex”, que investiga presunto enriquecimiento ilícito.

La resolución, suscrita por el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, argumenta que las reasignaciones responden a la “necesidad del servicio”, aunque su coincidencia con investigaciones sensibles genera suspicacias. El coronel Harvey Colchado, quien lideró el operativo, fue recientemente pasado al retiro, mientras que otros oficiales involucrados han sido trasladados a unidades alejadas o sometidos a procesos disciplinarios.

Allanamiento del domicilio de Dina Boluarte por agentes policiales de la DIVIAC

El caso ha puesto en el centro del debate el destino de la Diviac, que desde julio de este año pasó a depender de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), en una decisión que sus críticos califican como un debilitamiento de su autonomía operativa. Según Zanabria, este cambio busca reducir cuestionamientos sobre el manejo de fondos, pero organizaciones civiles y analistas advierten que podría comprometer investigaciones de alto impacto contra el crimen organizado y la corrupción.

Diversos sectores de la sociedad, incluyendo figuras políticas de oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos, han señalado que estas decisiones podrían tener un trasfondo político, afectando a quienes lideraban investigaciones incómodas para el gobierno. En redes sociales como X (antes Twitter) y TikTok, se han viralizado videos y publicaciones que acusan al Ejecutivo de interferir en las operaciones policiales para proteger intereses personales y políticos.

Por su parte, el Ministerio del Interior y la Comandancia General insisten en que las reasignaciones son rutinarias y obedecen a criterios técnicos. No obstante, la percepción pública parece inclinarse hacia una narrativa de represalias contra agentes que han demostrado eficacia y compromiso en la lucha contra la corrupción.

El desmantelamiento parcial de la Diviac plantea serias interrogantes sobre el futuro de las investigaciones en curso. La confianza en las instituciones encargadas de garantizar la justicia se ve amenazada por decisiones que, para muchos, erosionan la independencia y profesionalismo de las fuerzas del orden.

Disponen la asignación de nuevas responsabilidades por la necesidad del servicio policial

La remoción de estos oficiales no solo afecta su carrera, sino que también envía un mensaje preocupante sobre las posibles consecuencias de investigar a altos funcionarios del Estado. En un contexto político marcado por tensiones y desconfianza, la ciudadanía exige mayor transparencia y garantías de que las investigaciones seguirán su curso sin interferencias indebidas.

¿Es este un paso hacia la reorganización eficiente de las fuerzas policiales o una señal de retroceso en la lucha contra la corrupción en Perú? La respuesta dependerá, en gran medida, de la capacidad del gobierno y la PNP para demostrar que sus acciones son guiadas por el interés público y no por intereses particulares.

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