Cusco, 22 de abril 2026.- Miles de estudiantes universitarios salieron a las calles este jueves en Cusco y en diversas ciudades del país para protestar contra el incremento del pasaje universitario, medida que —según denuncian— afecta directamente su acceso a la educación.

La movilización, convocada por federaciones estudiantiles y colectivos universitarios, congregó a jóvenes de instituciones públicas y privadas. En el centro histórico de Cusco, los manifestantes recorrieron avenidas principales portando pancartas y entonando consignas en rechazo a lo que califican como un “aumento injustificado”.

“Muchos estudiantes dependen del pasaje diferenciado para poder asistir a clases. Este incremento pone en riesgo nuestra continuidad académica”, señaló una representante estudiantil durante la jornada.

Las protestas no se limitaron a Cusco. Reportes similares se registraron en ciudades como Arequipa, Puno y Lima, donde los estudiantes también exigieron la intervención de las autoridades para regular las tarifas del transporte público.

De acuerdo con los organizadores, el alza del pasaje universitario se ha producido en medio de un contexto económico complejo, lo que agrava la situación de miles de jóvenes que ya enfrentan dificultades para costear materiales, alimentación y otros gastos asociados a su formación.

Por su parte, representantes del sector transporte argumentan que el incremento responde al aumento en los costos operativos, como el combustible y el mantenimiento de las unidades. Sin embargo, los estudiantes cuestionan la falta de mecanismos de fiscalización y diálogo previo.

Las autoridades locales indicaron que se establecerán mesas de trabajo entre estudiantes, transportistas y funcionarios para evaluar posibles soluciones. No obstante, los manifestantes advirtieron que continuarán con las movilizaciones si no se atienden sus demandas.

La jornada culminó de manera mayormente pacífica, aunque con interrupciones temporales del tránsito en varias zonas. Organizaciones estudiantiles no descartan convocar a una protesta nacional en los próximos días si no se alcanzan acuerdos concretos.

Lima, 21 de abril de 2026.- El antifujimorismo en el Perú nació como una causa legítima del pueblo frente a la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en la década de 1990, la cual dejó víctimas en el contexto del conflicto armado interno, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. A ello se sumó la instalación de una red de corrupción estructural desde el aparato estatal. Sin embargo, lo que hoy se presenta como antifujimorismo en amplios sectores políticos y mediáticos ha mutado hacia una versión domesticada: un antifujimorismo neoliberal que denuncia el autoritarismo, pero preserva el modelo económico instaurado en los años noventa.

Este fenómeno se sostiene sobre una base social concreta. De acuerdo con el INEI, una gran mayoría de la población peruana se encuentra en condiciones de informalidad laboral, que supera el 70% a nivel nacional, mientras que la riqueza continúa altamente concentrada en los sectores de mayores ingresos. A pesar de esta realidad, partidos progresistas y socialdemócratas —denominados coloquialmente como “caviares”— han sostenido un discurso antifujimorista que evita cuestionar estas brechas estructurales, defendiendo la Constitución de 1993 y el modelo de libre mercado como pilares fundamentales, o proponiendo reformas limitadas que no alteran los intereses del gran capital, especialmente el de origen transnacional.

En los procesos electorales recientes, esta contradicción se ha hecho evidente. En el año 2001, el antifujimorismo permitió la llegada al poder de Alejandro Toledo con el respaldo de sectores de la derecha neoliberal. En el 2011, este mismo bloque se articuló en torno a la candidatura de Ollanta Humala para frenar a Keiko Fujimori, logrando una victoria por un estrecho margen. En 2021, el antifujimorismo volvió a activarse —con tensiones internas— en apoyo a Pedro Castillo, quien obtuvo más de 8.8 millones de votos en segunda vuelta, con un respaldo decisivo de las regiones del sur andino. No obstante, dicho apoyo no implicó una adhesión real a un programa de transformación estructural, pues sectores del antifujimorismo neoliberal ocuparon espacios clave en el Ejecutivo, aprovechando la debilidad organizativa y técnica del nuevo gobierno.

Una vez en el poder, el gobierno de Castillo enfrentó el cerco de estos mismos sectores, expresado en gremios empresariales, grandes medios de comunicación y tecnócratas, que bloquearon iniciativas orientadas a cambios constitucionales o a una redistribución más equitativa de la riqueza. La defensa cerrada del “modelo” evidenció que, para estos actores, el problema nunca fue el neoliberalismo instaurado durante el fujimorismo, sino únicamente sus formas autoritarias de ejercicio del poder, relativizando incluso los niveles de corrupción asociados a dicho periodo.

Actualmente, el antifujimorismo neoliberal se encuentra nuevamente en proceso de articulación política tras los resultados de las elecciones generales del 12 de abril, bajo el argumento de representar un “cambio tecnocrático” y sin sobresaltos. Sin embargo, esta narrativa ignora las demandas históricas del interior del país, que exigen, en primer lugar, un cambio constitucional, seguido de un nuevo modelo económico más inclusivo y una mayor soberanía sobre los recursos naturales. Según los resultados oficiales de la ONPE y el JNE, la candidata Keiko Fujimori habría pasado a una nueva segunda vuelta con alrededor del 17% de los votos, enfrentándose a Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú y representante de sectores vinculados al castillismo, el nacionalismo y corrientes de izquierda popular del interior del país. En este contexto, el eventual respaldo al antifujimorismo no debería responder a cuotas de poder burocrático, sino a un compromiso real con las transformaciones que demanda la mayoría, evitando repetir décadas de continuidad tecnocrática antifujimorista pero neoliberal.

Desde una perspectiva territorial, el antifujimorismo neoliberal presenta un marcado carácter limeño. En Lima, donde se concentra más del 30% del electorado nacional, este discurso tiene mayor influencia mediática y política. En contraste, en regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac o Cusco, donde los niveles de pobreza y exclusión siguen siendo significativamente altos, el antifujimorismo adquiere un carácter más radical, vinculado a demandas históricas como la asamblea constituyente, la nacionalización de recursos estratégicos y la justicia social.

El problema de fondo es político: el antifujimorismo neoliberal no construye poder popular ni una alternativa sostenida de gobierno del pueblo. Se limita a constituir una coalición reactiva, un “anti” que se activa en coyunturas electorales, pero que no transforma las condiciones materiales de la mayoría. Esto explica por qué, a pesar de haber frenado electoralmente al fujimorismo en diversas ocasiones, no ha logrado reducir de manera significativa la desigualdad ni fortalecer la representación política de los sectores históricamente excluidos.

En conclusión, el antifujimorismo neoliberal en el Perú resulta insuficiente frente al momento histórico que atraviesa el país. Sin una ruptura con el modelo económico que reproduce la desigualdad, su discurso pierde legitimidad ante una ciudadanía que exige cambios reales. El desafío no es únicamente derrotar al fujimorismo en las urnas, sino construir un proyecto político capaz de enfrentar las raíces estructurales del problema: la concentración del poder económico, la exclusión social y la limitada soberanía popular.

Lima, 21 de abril de 2026.- Piero Corvetto dejó la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un contexto marcado por cuestionamientos y presión política de sectores de la derecha peruana.

Su salida coincide con el cierre de su periodo institucional, aunque se produce tras reiteradas críticas de partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú, entre otros.

Estas agrupaciones cuestionaron la transparencia de los procesos electorales, especialmente desde las elecciones generales de 2021, denunciando presuntas irregularidades en el conteo de votos y la organización electoral.

Sin embargo, organismos electorales y misiones internacionales de observación respaldaron la validez de dichos comicios y descartaron la existencia de fraude.

Durante su gestión, Corvetto defendió la legalidad del sistema electoral peruano, señalando que los procesos se realizaron conforme a estándares técnicos y normativos.

Su salida marca el fin de una etapa caracterizada por la polarización política y la desconfianza hacia las instituciones electorales.

Analistas advierten que el principal reto para la ONPE será recuperar la confianza ciudadana en un escenario político aún marcado por tensiones.