San Juan de Lurigancho, Lima.- En un hito trascendental para el desarrollo educativo del distrito y del país, se ha promulgado la Ley 32007 que modifica la Ley 29659, creando así la…
Nacional
Reubicación del penal de Lurigancho traerá seguridad, paz y progreso al distrito San Juan de Lurigancho de Lima

Lima, 17 de junio de 2025 – En un esfuerzo por transformar San Juan de Lurigancho (SJL), el distrito más poblado de Lima, la congresista Margot Palacios (JP) presentó el Proyecto de Ley N.º 11546 para reubicar el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho. La iniciativa, que ha generado un respaldo unánime entre vecinos y expertos, promete devolver la seguridad, la paz social y un nuevo horizonte de desarrollo a esta emblemática zona de la capital peruana.
El penal de Lurigancho, situado en el corazón de SJL, enfrenta una grave crisis de hacinamiento, albergando a 9,748 internos en una infraestructura diseñada para solo 3,204 personas. Esta situación lo ha convertido en un foco de crimen organizado, desde donde se orquestan delitos como extorsiones, secuestros y sicariatos, impactando directamente la tranquilidad de los residentes. La presencia del penal también genera un deterioro en la calidad de vida, desvalorización de propiedades y un freno al desarrollo económico, además del temor constante por motines o fugas, como los registrados en abril de 2025.

Con el Proyecto de Ley N.º 11546, se busca trasladar el penal a una nueva ubicación adecuada, dotada de infraestructura moderna que garantice mayor seguridad y mejores condiciones para los internos. “San Juan de Lurigancho no puede seguir cargando con las consecuencias de un penal obsoleto y mal ubicado. Es momento de recuperar este espacio para el progreso humano, económico y urbano del distrito”, afirmó la congresista Palacios. La reubicación permitirá liberar el terreno actual para proyectos transformadores, como parques, centros educativos o espacios comerciales, impulsando la economía local y elevando la calidad de vida de los vecinos.
La propuesta ha sido recibida con entusiasmo por la comunidad de SJL, que ve en ella una oportunidad para recuperar la paz y vivir sin el temor que genera la cercanía del penal. “Por primera vez sentimos que nuestras preocupaciones son escuchadas. Queremos un distrito seguro para nuestros hijos”, expresó María Torres, vecina de la zona. Expertos en seguridad y urbanismo también han celebrado la iniciativa. El criminólogo Luis Quispe destacó: “Reubicar el penal reducirá la criminalidad en SJL y abrirá la puerta a una planificación urbana más inclusiva y sostenible, devolviendo dignidad a los residentes”.

El proyecto establece que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en colaboración con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), identificará un nuevo terreno y diseñará un plan integral de reubicación. Esta medida no solo fortalecerá la seguridad ciudadana, sino que posicionará a SJL como un polo de desarrollo económico y social. Palacios reafirmó su compromiso con la justicia social: “San Juan de Lurigancho merece tranquilidad, dignidad y un futuro lleno de oportunidades para todos”.
Con un apoyo ciudadano y técnico que crece cada día, el Proyecto de Ley N.º 11546 se perfila como un hito histórico para convertir a San Juan de Lurigancho en un distrito más seguro, próspero y habitable, marcando un punto de inflexión en la lucha contra la inseguridad y el abandono que ha afectado a esta vibrante comunidad limeña.
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Elecciones 2026: decenas de partidos en riesgo de perder su inscripción tras no superar la valla electoral

La reciente jornada electoral del 12 de abril de 2026 ha dejado un panorama crítico para el sistema político peruano, con una alta fragmentación partidaria y una drástica reducción de organizaciones con representación efectiva. Según los resultados preliminares, solo un reducido grupo de partidos logró superar la valla electoral del 5%, lo que coloca a la mayoría de agrupaciones en riesgo de ser excluidas del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones.
Entre los partidos que no habrían alcanzado el mínimo requerido figuran Alianza para el Progreso, liderado por César Acuña; Avanza País, vinculado a Hernando de Soto; Somos Perú, con figuras como Daniel Salaverry; Perú Libre por Vladimir Cerrón; APRA por Valderrama; y Podemos Perú, encabezado por José Luna Gálvez. Estas agrupaciones, que en procesos anteriores tuvieron presencia parlamentaria, no habrían logrado sostener su respaldo ciudadano.
La eventual cancelación de inscripción no solo implica la desaparición formal de estas organizaciones del sistema electoral, sino también un golpe directo a sus liderazgos nacionales, quienes verían debilitada su capacidad de participación política en el corto plazo. Aunque la normativa no sanciona a los líderes individualmente, la pérdida del partido limita su plataforma institucional y reduce su margen de maniobra en futuras elecciones.
Este proceso de depuración partidaria responde a una tendencia creciente de fragmentación política en el país, donde el elevado número de organizaciones inscritas contrasta con un electorado cada vez más disperso. Analistas advierten que el sistema podría experimentar una recomposición significativa, con menos partidos pero potencialmente más consolidados, aunque también persiste el riesgo de volatilidad y aparición de nuevas agrupaciones.
Cabe precisar que la lista definitiva de partidos que perderán su inscripción será confirmada únicamente tras la proclamación oficial de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Mientras tanto, el escenario preliminar ya anticipa uno de los reacomodos más drásticos del mapa político peruano en las últimas décadas, con implicancias directas en la gobernabilidad y representación democrática del país.
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Estudiantes universitarios marchan en Cusco y otras regiones contra el alza del pasaje

Cusco, 22 de abril 2026.- Miles de estudiantes universitarios salieron a las calles este jueves en Cusco y en diversas ciudades del país para protestar contra el incremento del pasaje universitario, medida que —según denuncian— afecta directamente su acceso a la educación.
La movilización, convocada por federaciones estudiantiles y colectivos universitarios, congregó a jóvenes de instituciones públicas y privadas. En el centro histórico de Cusco, los manifestantes recorrieron avenidas principales portando pancartas y entonando consignas en rechazo a lo que califican como un “aumento injustificado”.
“Muchos estudiantes dependen del pasaje diferenciado para poder asistir a clases. Este incremento pone en riesgo nuestra continuidad académica”, señaló una representante estudiantil durante la jornada.
Las protestas no se limitaron a Cusco. Reportes similares se registraron en ciudades como Arequipa, Puno y Lima, donde los estudiantes también exigieron la intervención de las autoridades para regular las tarifas del transporte público.
De acuerdo con los organizadores, el alza del pasaje universitario se ha producido en medio de un contexto económico complejo, lo que agrava la situación de miles de jóvenes que ya enfrentan dificultades para costear materiales, alimentación y otros gastos asociados a su formación.

Por su parte, representantes del sector transporte argumentan que el incremento responde al aumento en los costos operativos, como el combustible y el mantenimiento de las unidades. Sin embargo, los estudiantes cuestionan la falta de mecanismos de fiscalización y diálogo previo.
Las autoridades locales indicaron que se establecerán mesas de trabajo entre estudiantes, transportistas y funcionarios para evaluar posibles soluciones. No obstante, los manifestantes advirtieron que continuarán con las movilizaciones si no se atienden sus demandas.
La jornada culminó de manera mayormente pacífica, aunque con interrupciones temporales del tránsito en varias zonas. Organizaciones estudiantiles no descartan convocar a una protesta nacional en los próximos días si no se alcanzan acuerdos concretos.
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Piero Corvetto deja la ONPE en medio de presión política de la derecha peruana

Lima, 21 de abril de 2026.- Piero Corvetto dejó la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un contexto marcado por cuestionamientos y presión política de sectores de la derecha peruana.
Su salida coincide con el cierre de su periodo institucional, aunque se produce tras reiteradas críticas de partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú, entre otros.
Estas agrupaciones cuestionaron la transparencia de los procesos electorales, especialmente desde las elecciones generales de 2021, denunciando presuntas irregularidades en el conteo de votos y la organización electoral.
Sin embargo, organismos electorales y misiones internacionales de observación respaldaron la validez de dichos comicios y descartaron la existencia de fraude.
Durante su gestión, Corvetto defendió la legalidad del sistema electoral peruano, señalando que los procesos se realizaron conforme a estándares técnicos y normativos.
Su salida marca el fin de una etapa caracterizada por la polarización política y la desconfianza hacia las instituciones electorales.
Analistas advierten que el principal reto para la ONPE será recuperar la confianza ciudadana en un escenario político aún marcado por tensiones.
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