Lima, 21 de abril de 2026.- El antifujimorismo en el Perú nació como una causa legítima del pueblo frente a la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos en la década de 1990, la cual dejó víctimas en el contexto del conflicto armado interno, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. A ello se sumó la instalación de una red de corrupción estructural desde el aparato estatal. Sin embargo, lo que hoy se presenta como antifujimorismo en amplios sectores políticos y mediáticos ha mutado hacia una versión domesticada: un antifujimorismo neoliberal que denuncia el autoritarismo, pero preserva el modelo económico instaurado en los años noventa.

Este fenómeno se sostiene sobre una base social concreta. De acuerdo con el INEI, una gran mayoría de la población peruana se encuentra en condiciones de informalidad laboral, que supera el 70% a nivel nacional, mientras que la riqueza continúa altamente concentrada en los sectores de mayores ingresos. A pesar de esta realidad, partidos progresistas y socialdemócratas —denominados coloquialmente como “caviares”— han sostenido un discurso antifujimorista que evita cuestionar estas brechas estructurales, defendiendo la Constitución de 1993 y el modelo de libre mercado como pilares fundamentales, o proponiendo reformas limitadas que no alteran los intereses del gran capital, especialmente el de origen transnacional.

En los procesos electorales recientes, esta contradicción se ha hecho evidente. En el año 2001, el antifujimorismo permitió la llegada al poder de Alejandro Toledo con el respaldo de sectores de la derecha neoliberal. En el 2011, este mismo bloque se articuló en torno a la candidatura de Ollanta Humala para frenar a Keiko Fujimori, logrando una victoria por un estrecho margen. En 2021, el antifujimorismo volvió a activarse —con tensiones internas— en apoyo a Pedro Castillo, quien obtuvo más de 8.8 millones de votos en segunda vuelta, con un respaldo decisivo de las regiones del sur andino. No obstante, dicho apoyo no implicó una adhesión real a un programa de transformación estructural, pues sectores del antifujimorismo neoliberal ocuparon espacios clave en el Ejecutivo, aprovechando la debilidad organizativa y técnica del nuevo gobierno.

Una vez en el poder, el gobierno de Castillo enfrentó el cerco de estos mismos sectores, expresado en gremios empresariales, grandes medios de comunicación y tecnócratas, que bloquearon iniciativas orientadas a cambios constitucionales o a una redistribución más equitativa de la riqueza. La defensa cerrada del “modelo” evidenció que, para estos actores, el problema nunca fue el neoliberalismo instaurado durante el fujimorismo, sino únicamente sus formas autoritarias de ejercicio del poder, relativizando incluso los niveles de corrupción asociados a dicho periodo.

Actualmente, el antifujimorismo neoliberal se encuentra nuevamente en proceso de articulación política tras los resultados de las elecciones generales del 12 de abril, bajo el argumento de representar un “cambio tecnocrático” y sin sobresaltos. Sin embargo, esta narrativa ignora las demandas históricas del interior del país, que exigen, en primer lugar, un cambio constitucional, seguido de un nuevo modelo económico más inclusivo y una mayor soberanía sobre los recursos naturales. Según los resultados oficiales de la ONPE y el JNE, la candidata Keiko Fujimori habría pasado a una nueva segunda vuelta con alrededor del 17% de los votos, enfrentándose a Roberto Sánchez, líder de Juntos por el Perú y representante de sectores vinculados al castillismo, el nacionalismo y corrientes de izquierda popular del interior del país. En este contexto, el eventual respaldo al antifujimorismo no debería responder a cuotas de poder burocrático, sino a un compromiso real con las transformaciones que demanda la mayoría, evitando repetir décadas de continuidad tecnocrática antifujimorista pero neoliberal.

Desde una perspectiva territorial, el antifujimorismo neoliberal presenta un marcado carácter limeño. En Lima, donde se concentra más del 30% del electorado nacional, este discurso tiene mayor influencia mediática y política. En contraste, en regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac o Cusco, donde los niveles de pobreza y exclusión siguen siendo significativamente altos, el antifujimorismo adquiere un carácter más radical, vinculado a demandas históricas como la asamblea constituyente, la nacionalización de recursos estratégicos y la justicia social.

El problema de fondo es político: el antifujimorismo neoliberal no construye poder popular ni una alternativa sostenida de gobierno del pueblo. Se limita a constituir una coalición reactiva, un “anti” que se activa en coyunturas electorales, pero que no transforma las condiciones materiales de la mayoría. Esto explica por qué, a pesar de haber frenado electoralmente al fujimorismo en diversas ocasiones, no ha logrado reducir de manera significativa la desigualdad ni fortalecer la representación política de los sectores históricamente excluidos.

En conclusión, el antifujimorismo neoliberal en el Perú resulta insuficiente frente al momento histórico que atraviesa el país. Sin una ruptura con el modelo económico que reproduce la desigualdad, su discurso pierde legitimidad ante una ciudadanía que exige cambios reales. El desafío no es únicamente derrotar al fujimorismo en las urnas, sino construir un proyecto político capaz de enfrentar las raíces estructurales del problema: la concentración del poder económico, la exclusión social y la limitada soberanía popular.

Domingo 19 de abril 2026.- La movilización encabezada por Rafael López Aliaga, ex candidato del partido derechista Renovación Popular, en el contexto postelectoral 2026 constituye un episodio relevante para entender la reconfiguración del espacio político conservador en el Perú, que expone la división y críticas a la principal representante del sector capitalista neoliberal. Más allá de su carácter coyuntural, la protesta se inscribe en una dinámica de cuestionamiento institucional que ha sido recurrente en procesos electorales recientes, marcada por denuncias de fraude no probadas.

Durante la jornada, López Aliaga reiteró acusaciones contra el proceso de conteo de votos y dirigió críticas explícitas a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular. Sus declaraciones, que incluyeron señalamientos de presuntas irregularidades, se producen en un contexto de competencia directa por un electorado ideológicamente cercano, lo que sugiere una estrategia de diferenciación dentro del mismo espectro político antes que una simple confrontación episódica.

En términos de movilización social, la protesta evidenció patrones geográficos y sociopolíticos consistentes con la base electoral del liderazgo convocante. Distritos como Miraflores, San Isidro, La Molina y San Borja han mostrado históricamente una mayor afinidad con propuestas de derecha liberal y conservadora, lo que permite inferir una participación significativa de sectores de ingresos medios y altos en este tipo de convocatorias.

No obstante, desde una perspectiva metodológica, es necesario matizar dicha inferencia. La ausencia de datos sistemáticos sobre la composición sociodemográfica de los asistentes impide afirmar con precisión la predominancia de un determinado grupo social en la movilización. En ese sentido, cualquier caracterización de la protesta como representativa de la “élite limeña” debe ser entendida como una hipótesis interpretativa basada en correlaciones electorales, no como una conclusión empíricamente verificada, a pesar que la mayoría de ellos fueron a la marcha desde esos distritos acomodados.

El discurso desplegado por López Aliaga también revela una estrategia de construcción narrativa orientada a cuestionar la legitimidad del proceso electoral en su conjunto. La reiteración de denuncias sin sustento comprobado se alinea con patrones observados en otros contextos regionales, donde actores políticos recurren a la impugnación preventiva o posterior de resultados como mecanismo de presión o reposicionamiento político.

Al mismo tiempo, el enfrentamiento con Fujimori pone en evidencia la fragmentación del bloque conservador. A pesar de compartir posiciones programáticas en temas económicos y sociales, ambos liderazgos compiten por un electorado similar, lo que intensifica la confrontación y reduce los márgenes para una eventual articulación política en el corto plazo.

En suma, la marcha liderada por López Aliaga debe ser leída no solo como una expresión de protesta frente al proceso electoral, sino como un síntoma de división interna de la derecha peruana, lo que favorece a oponente que queda en segundo lugar. Las tensiones entre sus principales figuras, sumadas a la utilización de narrativas de fraude, configuran el deseo de generar un escenario de incertidumbre que podría tener implicancias tanto en la estabilidad institucional en lo posterior.

Barcelona 18 de abril 2026.– En el marco de la Cumbre Global Progresista 2026 (GPM2026), el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha elevado el tono de su discurso en relación con Israel, planteando la necesidad de revisar de manera profunda los vínculos del país con la Unión Europea ante la situación en Oriente Medio.

Durante su intervención principal, Sánchez defendió que Europa debe actuar con mayor firmeza frente a lo que calificó como incumplimientos del derecho internacional, y señaló que mantener relaciones privilegiadas con Israel resulta incompatible con los principios fundacionales del bloque comunitario. En ese contexto, instó a considerar medidas que incluyan su exclusión de ciertos marcos de cooperación europea.

El mandatario español subrayó que la defensa de los derechos humanos y la protección de la población civil deben situarse en el centro de la política exterior europea, especialmente ante la crisis en Gaza. “No se puede mirar hacia otro lado”, afirmó, insistiendo en que la credibilidad de la Unión Europea depende de la coherencia entre sus valores y sus acciones.

En paralelo, Sánchez mantuvo encuentros con líderes internacionales afines, con quienes coincidió en la necesidad de reforzar el multilateralismo y avanzar hacia una respuesta coordinada de la comunidad internacional. Estas reuniones consolidan un bloque de países que presionan por cambios en la política global hacia el conflicto.

España, que en los últimos meses ha incrementado su protagonismo diplomático, también reiteró su apoyo al reconocimiento del Estado palestino como parte de una solución de dos Estados. Esta postura, sin embargo, sigue generando divisiones dentro de la Unión Europea, donde no existe una posición unificada.

Con este planteamiento, el Gobierno español busca influir en la agenda europea y acelerar un debate interno sobre los límites de sus relaciones exteriores, en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones y una fuerte presión política sobre las instituciones comunitarias.