La ex primera ministra Betssy Chávez, suspendida como congresista desde marzo de 2023 por su presunta participación en el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, enfrenta un impedimento formal para ser contratada en el Congreso de la República, tal como lo propuso el legislador Roberto Sánchez. Aunque la Fiscalía desistió de prolongar su prisión preventiva y el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación, la suspensión vigente genera una incompatibilidad constitucional que le prohíbe ejercer cualquier otra función pública. Según el artículo 92 de la Constitución Política del Perú, «el mandato del congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública», lo que incluye roles como asesora en el Parlamento. Esta medida, que dura mientras persista el proceso penal por rebelión y conspiración, representa un obstáculo insalvable para su reingreso laboral en el ámbito estatal.

Expertos en derecho constitucional coinciden en que la suspensión no equivale a una inhabilitación definitiva, pero sí activa mecanismos de restricción inmediata que impiden su contratación. El primer vicepresidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, declaró que la propuesta de Sánchez es «ridícula e inválida» debido a esta incompatibilidad, argumentando que Chávez mantiene su condición de legisladora suspendida, lo que le veda asumir cargos públicos hasta su resolución judicial o reincorporación. Asimismo, el presidente del Congreso, José Jerí, confirmó que «legalmente no procede» la contratación, ya que no ha sido desaforada ni destituida formalmente. Analistas como el penalista Fernando Silva destacan que esta suspensión, aprobada con 66 votos en 2023, busca preservar la integridad del mandato congresal y evita conflictos éticos durante procesos penales graves, recordando que Chávez intentó disolver el mismo Congreso en 2022.

A pesar de que no existe aún una inhabilitación formal por 10 años —recomendada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en julio de 2025 y pendiente de votación en el Pleno el 1 de octubre—, su eventual aprobación agravaría el impedimento, prohibiéndole todo cargo público por una década. La propuesta de Sánchez, presentada el 5 de septiembre como requerimiento N° 10533 para contratarla como asesora de nivel 8 con un sueldo aproximado de S/10,000 mensuales, ha sido calificada de «provocación política» por bancadas opositoras como Fuerza Popular y Avanza País. Mientras el proceso penal continúa en libertad con comparecencia restringida, expertos advierten que forzar la contratación podría derivar en acciones de amparo o revisiones administrativas, pero el consenso institucional apunta a un rechazo definitivo, subrayando la prioridad de la accountability en casos de presunta traición al orden constitucional.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha impulsado con decisión la construcción de un nuevo penal en la isla El Frontón, en el Callao, destinado a albergar a 2,000 reos de alta peligrosidad, con una inversión estimada de 500 millones de soles. La iniciativa, presentada como una solución al hacinamiento carcelario y un golpe contra el crimen organizado, ha sido promovida con rapidez, incluyendo la firma de un convenio interministerial el 3 de septiembre entre los ministerios de Justicia, Defensa y Vivienda. Sin embargo, la propuesta enfrenta un creciente rechazo por parte de autoridades locales, expertos y ciudadanos, quienes cuestionan su viabilidad técnica, impacto ambiental y altos costos logísticos, además de señalar la falta de estudios técnicos transparentes que justifiquen la obra.

Críticos como el exjefe del INPE, Javier Llaque, han advertido que el proyecto podría costar hasta 5,000 millones de soles, un monto con el que se podrían construir múltiples penales en ubicaciones más accesibles, cuestionando la eficiencia de la inversión. El alcalde de La Punta, Ramón Garay, ha expresado su preocupación por el impacto negativo en la seguridad y el turismo del distrito, argumentando que la presencia del penal alteraría la tranquilidad de una de las zonas más seguras del país. Además, un informe del INPE de 2023 ya había desestimado la reapertura de El Frontón por la falta de servicios básicos como agua, electricidad y desagüe, así como por los elevados costos operativos derivados de su ubicación insular, lo que dificulta el traslado de personal y suministros.

A pesar de las críticas, Boluarte y el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, insisten en la viabilidad del proyecto, afirmando que cuenta con evaluaciones técnicas y que las obras podrían comenzar en enero de 2026. La presidenta ha defendido la iniciativa como una “decisión valiente” para combatir la delincuencia, aunque reconoció que no resolverá por completo el hacinamiento carcelario. Sin embargo, la celeridad con la que se ha impulsado el proyecto, sin un debate público amplio ni claridad sobre los estudios de preinversión, genera dudas sobre su planificación. Analistas como César Cárdenas, extitular del INPE, señalan que el tiempo restante de la gestión de Boluarte no sería suficiente para concretar una obra de esta magnitud, lo que podría dejar el proyecto inconcluso y con un alto costo para el erario nacional.

Lima, 9 de julio de 2025 – La reciente aprobación en segunda votación del Proyecto de Ley 7549/2023-C por la Comisión Permanente del Congreso de Perú, que otorga amnistía a militares, policías y miembros de comités de autodefensa involucrados en presuntas violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000), ha desatado una ola de indignación entre organizaciones de víctimas, afectados por el terrorismo de Estado y defensores de derechos humanos.

La norma, aprobada con 16 votos a favor y 11 en contra, beneficia a personas sin sentencia firme y a mayores de 70 años con condena, siempre que no estén vinculados a delitos de terrorismo o corrupción. Sin embargo, organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Amnistía Internacional y asociaciones de víctimas y afectados han calificado la ley como un retroceso grave en la lucha por la justicia y la memoria histórica del país.

Un golpe a la justicia y la verdad

La CNDDHH advirtió que la ley podría dejar en la impunidad más de 150 sentencias y 600 procesos judiciales relacionados con crímenes de lesa humanidad, como ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas. “Esta amnistía es una afrenta a las víctimas y sus familias, que han esperado décadas por justicia. Viola tratados internacionales y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, señaló Ana María Vidal, representante de la CNDDHH.

Violación de compromisos internacionales 

Amnistía Internacional Perú se sumó al rechazo, argumentando que la ley contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados que prohíben amnistías para crímenes de lesa humanidad. “Perú está obligado a garantizar justicia, no a perpetuar la impunidad. Esta norma pone en riesgo los avances logrados en materia de derechos humanos”, afirmó Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú.

Voces de las víctimas

Asociaciones de víctimas, como la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), han convocado a movilizaciones para exigir que el Ejecutivo vete la ley. “No podemos permitir que se borre la historia de dolor que vivimos. Nuestros desaparecidos merecen justicia, no olvido”, declaró Adelina García, presidenta de ANFASEP.

Mientras la ley espera la promulgación por parte del Ejecutivo, las organizaciones de derechos humanos y víctimas han anunciado acciones legales y campañas de sensibilización para presionar por su rechazo. “No descansaremos hasta que esta ley sea derogada. La memoria de las víctimas y la dignidad del país están en juego”, concluyó Vidal.

Casos emblemáticos como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, símbolos de la lucha contra la impunidad, podrían quedar afectados. “Es una traición a la memoria de nuestros seres queridos. Esta ley protege a los victimarios y reabre las heridas de quienes seguimos buscando verdad y reparación”, expresó Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas de La Cantuta.