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La contrabandista

Por Jaime Chihuala
El Perú se encuentra sumido en un escándalo político de gran magnitud que involucra a la máxima autoridad del país, la presidenta Dina Boluarte. Las acusaciones giran en torno al denominado «Caso Rolex», en el cual se investiga la presunta comisión de delitos como el cohecho pasivo impropio y el enriquecimiento ilícito por parte de la mandataria.
Según los informes, Boluarte habría recibido costosos relojes y joyas de parte del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, en circunstancias que apuntan a un posible intercambio de favores o beneficios indebidos. Las declaraciones contradictorias de ambos funcionarios y los intentos por ocultar la verdadera procedencia de estos obsequios han generado desconfianza y malestar en la ciudadanía.
A los cargos por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión de consignar declaraciones de documentos y cohecho pasivo impropio, hoy se suma una nueva denuncia contra Dina Boluarte, por el supuesto delito de cómplice del delito aduanero de contrabando.
El programa dominical Panorama del 5.5.2024 (1), accedió en exclusiva a un documento fiscal que revela que uno de los relojes Rolex que usó la presidenta de la República, Dina Boluarte, fue comprado en Estados Unidos por Wilfredo Oscorima Loja, hijo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez.
Según este informe Oscorima Loja realizó la compra del exclusivo reloj Rolex modelo 126284RBR el pasado 07 de septiembre del 2023, a través de la tienda virtual Jomashop, con sede en Brooklyn, valorizado en 26 mil 215 dólares, cuyo pago se hizo por transferencia bancaria.
Tras su compra, a pedido expreso del adquiriente, el reloj fue trasladado a al hotel “Aloft”, ubicado cerca al aeropuerto de Miami, donde fue recogido por Fritz Hinostroza Oscorima, sobrino del gobernador de Ayacucho, quien ingresó el Rolex al Perú.
RÓLEX NO HABRÍA SIDO DECLARADO
La Unidad de Investigación de Panorama buscó en los archivos de Aduanas, la declaración de esta prenda suntuaria ingresada por Fritz Hinostroza, pero esta no existe. Si el sobrino de Wilfredo Oscorima, ingresó esta prenda sin declararla ante Aduanas/SUNAT, es decir: subrepticiamente, habría cometido el delito de contrabando, que está penado con cárcel.
Según la Ley de los Delitos aduaneros, en el capitulo1-Contrabando, señala que: “Comete delito de contrabando y es reprimido con pena privativa de la libertad no menor de cinco o mayor de ocho años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa, siempre que el valor de las mercancías sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas.”
El literal a) del artículo 1 de esta norma menciona que comete delito de contrabando quien “…interna mercancías del extranjero al territorio nacional sustrayendo, eludiendo o burlando el control aduanero”.
Así, el acápite “e” del mismo capitulo señala, quien “Consume, almacena, dispone o utiliza las mercancías durante el traslado, autorizado por la Administración aduanera, de una zona primaria a otra, para su reconocimiento físico u otra acción de control aduanero, sin el pago previo de los tributos gravámenes”.
Esta supuesta flagrancia por parte del sobrino de Oscorima, se encuentra tipificado como delito de contrabando que arrastra no solo al sobrino Fritz Hinostroza (extrae), sino también a Wilfredo Oscorima Núñez (dispone o utiliza) y Dina Boluarte (utiliza la mercancía).
También, el Artículo 6°de esta ley señala: “El que adquiere o recibe en donación, en prenda, almacena, oculta, vende o ayuda a comercializar mercancías cuyo valor sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias y que de acuerdo a las circunstancias tenía conocimiento o se comprueba que debía presumir que provenía de los delitos contemplados en esta Ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. ()” Y el Capitulo VII sobre Circunstancias Agravantes, en su Artículo 10, inciso “b” señala: “Interviene en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice primario un funcionario o servidor público en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, con abuso de su cargo o cuando el agente ejerce funciones públicas conferidas por delegación del Estado.”
¿SE BURLARON LOS CONTROLES DE LA SUNAT?
Lo cierto es que, conocidos los hechos, la Sunat/Aduanas debió ordenar una investigación por la evasión del control aduanero, el pago de impuestos de los tributos correspondientes por las prendas suntuarias, su confiscación y las denuncias correspondientes.
La entidad administradora de tributos y aduanas tiene conocimiento inequívoco del oficio enviado por la Congresista Margot Palacios Huamán con fecha 16 de abril al Superintendente Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, Sr. Gerardo López Gonzales, donde se le solicita un informe sobre la declaración de mercancías adquiridas en el extranjero en los últimos tres años de por los ciudadanos Wilfredo Oscorima Núñez y Fritz Hinostroza Oscorima, en base a un reportaje televisivo donde se señala que los relojes Rolex, habrían ingresado al país, sin declararlas ante la Sunat, incurriendo en los presuntos delitos de Contrabando y Defraudación de Rentas de Aduana en agravios de Estado, tipificado en los artículos 1°,3°, y 4° de la Ley N°28008 de los Delitos Aduaneros.
Es lamentable que en pleno siglo XXI, cuando la transparencia y la rendición de cuentas deberían ser pilares fundamentales de la gestión pública, nos encontremos con casos tan graves de presunta corrupción que involucran a las más altas esferas del poder. El «Caso Rolex» representa una afrenta a los valores democráticos y al Estado de derecho que debe imperar en una nación.
Es imperativo que las autoridades competentes investiguen a fondo estos hechos y que, de comprobarse las acusaciones, se apliquen las sanciones correspondientes sin contemplaciones ni distinciones. La corrupción es un cáncer que corroe los cimientos de cualquier sociedad y debe ser erradicada sin miramientos. Ningún funcionario público, independientemente de su rango o poder, puede estar por encima de la ley. Como ciudadanos, tenemos el deber de condenar enérgicamente estos actos y exigir rendición de cuentas a nuestros gobernantes. Solo así podremos construir una sociedad más justa, transparente y digna para las presentes y futuras generaciones.
(1) (https://www.youtube.com/watch?v=xXhA_HbkseE)
(*) Artículo sustituido por Decreto Legislativo Nº 1111 del 29.06.2012 .
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Keiko Fujimori lanza cuarta candidatura haciendo uso indebido de recursos estatales de Perú

El 30 de octubre de 2025, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, anunció su cuarta candidatura presidencial para las elecciones de 2026 durante el «Gran Encuentro Fujimorista». Acompañada por Luis Galarreta y Miki Torres como precandidatos a las vicepresidencias, Fujimori prometió combatir la inseguridad y el crimen organizado, evocando un discurso populista que recuerda sus campañas de 2011, 2016 y 2021. Sin embargo, el evento se vio opacado por la detección de una cámara del Congreso de la República (código 25459) utilizada para grabar y transmitir el mitin, un acto que viola el Reglamento Interno del Congreso y la Ley N.° 27815, reavivando críticas sobre el uso de recursos estatales para fines proselitistas, una práctica recurrente asociada al clientelismo fujimorista.
El responsable directo, Daniel Constantino Luza Amesquita, técnico de la Oficina de Participación Ciudadana y aportante de Fuerza Popular, renunció el 1 de noviembre tras la apertura de un procedimiento administrativo sancionador por el Congreso, iniciado el 31 de octubre. La investigación, que podría derivar en cargos por peculado de uso (pena de 2 a 4 años), también apunta a posibles responsabilidades de supervisores, incluida la Primera Vicepresidencia a cargo del fujimorista Fernando Rospigliosi. Este incidente revive cuestionamientos sobre las tácticas clientelistas del partido, que históricamente ha recurrido a dádivas y movilización de recursos para captar apoyo electoral, como se denunció en el caso Cócteles por presunto lavado de activos.
El uso de bienes públicos en el lanzamiento de Fujimori refuerza la percepción de un populismo que apela a promesas de mano dura y beneficios directos, mientras se vale de estructuras estatales para fines partidarios. Aunque Fuerza Popular niega responsabilidad directa y atribuye el hecho a una «falta individual» de Luza, las evidencias de su vínculo con el partido y la falta de supervisión en la Mesa Directiva fujimorista alimentan el escepticismo. Con Fujimori empatada en un ínfimo segundo lugar (7% según Ipsos, octubre 2025), este escándalo podría complicar su estrategia en un contexto electoral competitivo, donde la transparencia y la ética pública ganan relevancia.
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Paro de transportes en Lima y Callao genera caos y deja miles de pasajeros varados

Lima, 4 de noviembre de 2025 – Un nuevo paro de transportistas urbanos sacudió Lima y Callao este martes, afectando a millones de usuarios ante la paralización de más de 8,000 buses de más de 250 empresas. Convocado por gremios como Transportistas Unidos y CONET Perú, el «apagado de motores» respondió a la escalada de inseguridad, con 47 choferes asesinados en 2025 por extorsiones y sicariato. Marchas pacíficas desde Carabayllo, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho exigieron mayor protección policial y reuniones con el gobierno, mientras la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) garantizó el funcionamiento pleno del Metropolitano, Metro Líneas 1 y 2, y corredores complementarios.
El paro, iniciado a las 6:00 a.m., generó aglomeraciones en paraderos y un alza de hasta cuatro veces en los precios de pasajes informales. Instituciones como EsSalud reprogramaron citas médicas, y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso clases virtuales en colegios. Aunque gremios como la Cámara de Transporte Urbano (60% del sector) no se sumaron, el impacto fue severo en conos Norte, Sur y Este. La Policía Nacional desplegó operativos en puntos críticos como la avenida Néstor Gambetta (Callao) y la Panamericana Sur, evitando bloqueos pero reportando tensión en algunos sectores.
Tras diálogos con el ministro de Transportes y Comunicaciones, los gremios levantaron parcialmente el paro al mediodía, restableciendo el servicio de manera progresiva. Sin embargo, líderes como Martín Ojeda advirtieron que las protestas podrían reactivarse si no se implementan medidas efectivas contra el crimen organizado. El estado de emergencia vigente desde el 22 de octubre en Lima y Callao no ha frenado los ataques, y la ciudadanía exige soluciones urgentes para un sector clave de la economía limeña.
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Perú rompe relaciones con México por asilo de Betsy Chávez

Lima, 4 de noviembre de 2025 – El gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México tras la decisión de este país de otorgar asilo político de Betssy Chávez, acusada de rebelión y conspiración por el fallido autogolpe de Pedro Castillo en 2022. La Cancillería peruana, liderada por Hugo de Zela, calificó el asilo como un “acto inamistoso” y una injerencia en asuntos internos, ordenando la salida de la encargada de la embajada mexicana, Karla Ornelas. México, por su parte, rechazó la medida como “desproporcionada” y expresó preocupación por el impacto en los aproximadamente 20,000 peruanos residentes en su territorio, quienes podrían enfrentar dificultades en trámites consulares.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, defendió el asilo a Chávez como un derecho amparado por la Convención de Caracas de 1954, alegando irregularidades en su proceso judicial en Perú. En un comunicado, México lamentó la decisión peruana y advirtió que la ruptura de lazos diplomáticos afectará a los connacionales peruanos, especialmente en trámites como renovación de pasaportes, visas y asistencia legal. Aunque los servicios consulares permanecerán activos, la ausencia de una embajada operativa podría generar demoras y complicaciones, en un contexto donde México es el principal socio comercial de Perú en América Latina, con un intercambio de 10,000 millones de dólares anuales.
La comunidad peruana en México, concentrada principalmente en Ciudad de México y Guadalajara, expresó incertidumbre ante la crisis diplomática. “Necesitamos claridad sobre cómo se gestionarán nuestros documentos; muchos dependemos de estos trámites para trabajar y estudiar”, señaló Ana Morales, representante de la Asociación de Peruanos en México. La SRE mexicana reiteró su compromiso con el diálogo para mitigar el impacto y mantener los lazos históricos con Perú, pero la escalada de tensiones, que incluye antecedentes como la expulsión del embajador mexicano en 2022, sugiere un panorama complejo para la reconciliación bilateral en el corto plazo.
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