Lima, 10 de mayo de 2024 . - Alcaldes y representantes de organizaciones sociales de la cuenca Llallimayo de la provincia de Melgar (Puno), llegaron a Lima ayer para reunirse con autoridades…
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Pobladores de Alto Huallaga expulsan a Minera Huallaga por contaminación y daños ambientales

La lucha por la supervivencia de los ecosistemas y la salud de miles de personas en la provincia de Leoncio Prado, Huánuco, dio un giro drástico esta semana, cuando los pobladores de Santo Domingo de Anda y Pueblo Nuevo decidieron tomar la justicia en sus propias manos ante la inacción del Estado. En un acto de desesperación y cansados de las promesas incumplidas de las autoridades, los habitantes de estos distritos expulsaron a los trabajadores y maquinarias de la minera Huallaga SAC, acusada de causar graves daños a la flora, fauna y las fuentes de agua en la región.
Durante dos noches consecutivas, la población se autoconvocó y se dirigió hacia las cuencas de los ríos Almendra y Libertad, donde la minera operaba de manera ilegal, extrayendo oro a gran escala. En una de las intervenciones, los vecinos lograron que las retroexcavadoras abandonaran la zona, escoltando las maquinarias hasta la Carretera Marginal. Los pobladores, visiblemente indignados, advirtieron que no tolerarán el regreso de la minera, que ya había sido objeto de una intervención fiscal en 2023, pero que de manera desafiante, había reanudado sus actividades con los mismos equipos. Como podemos ver a los pobladores de Santo Domingo de Anda, Sector Árabe y aledaños en el siguiente link https://acortar.link/nEIPCh publicado por Radio Luz de Aucayacu.
El conflicto se ha intensificado debido a la continua destrucción de los recursos naturales de la región. Según los denunciantes, las actividades mineras han alterado el cauce de los ríos, contaminando el agua con mercurio y poniendo en grave peligro la vida de miles de personas que dependen de estos recursos. En particular, los agricultores, pescadores y las comunidades locales se enfrentan a una crisis ecológica que amenaza no solo sus medios de vida, sino su salud.

La minería ilegal y la falta de control estatal han devastado los cultivos agrícolas que son el sustento de estas comunidades. Cacao, plátano, arroz y café – productos vitales para la economía local – se han visto gravemente afectados por la contaminación del agua y el desvío de los ríos. Elena Encarnación, agricultora de la zona, denuncia: “Nos roban el agua y la vida. La minería está destruyendo nuestras cosechas y, con ellas, nuestras familias”.
El daño no solo es ambiental, sino también social y económico. En Pueblo Nuevo, las concesiones mineras se otorgan sin consulta previa a la población, violando principios básicos de participación comunitaria y afectando a los agricultores que luchan por mantener sus tierras productivas. Carlos Álvarez, poblador de la zona, asegura que la situación es crítica: «Nos están quitando el agua, nos están matando», refiriéndose a la contaminación de los cuerpos de agua con mercurio, un veneno utilizado en la minería aurífera que amenaza no solo la salud humana, sino también los ecosistemas acuáticos.
Los piscicultores tampoco son ajenos a esta tragedia. Jhon Pullido, gerente de una empresa piscícola en el sector de Villasol de Arabe, denuncia cómo los desvíos de los ríos han afectado gravemente la producción de peces. “Nuestros ríos se están secando, y la gente está perdiendo todo. Este es un alimento vital para las familias, y la minería está acabando con eso”, señala.

La situación en Alto Huallaga es la consecuencia de años de desregulación, indiferencia estatal y de la creciente expansión de la minería sin ningún control ambiental efectivo. En 2023, la Fiscalía de la provincia de Leoncio Prado intervino las maquinarias de la Minera Huallaga debido a la destrucción del ecosistema, pero a pesar de las promesas de no devolverlas a la empresa, los equipos fueron regresados meses después. Esta descoordinación entre las autoridades y la falta de sanciones efectivas han permitido que la minera continúe con sus operaciones destructivas.
El año 2024 ha sido el de la gota que colmó el vaso. En medio de la crisis ambiental, el Consorcio Río Huallaga, una iniciativa pública privada, ha presentado un proyecto para la defensa ribereña del río Huallaga y el mejoramiento de la infraestructura del aeropuerto de Tingo María, lo que podría ser un intento tardío de mitigar los daños en la región. Sin embargo, muchos se preguntan si estas medidas serán suficientes o si, al igual que las intervenciones fiscales, se quedarán en el papel mientras las comunidades siguen sufriendo.
La lucha de los pobladores de Alto Huallaga es un llamado de alerta. La minería ilegal, sumada a la falta de regulación y la indiferencia de las autoridades, está destruyendo no solo la naturaleza, sino también la vida de miles de peruanos. ¿Cuánto más tendrán que esperar estas comunidades para que sus voces sean escuchadas? ¿Hasta cuándo el oro seguirá arrasando con el futuro de las familias en Santo Domingo de Anda y Pueblo Nuevo? El tiempo corre, y el grito de auxilio sigue sin respuesta.
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Margot Palacios rechazó a los cuatro candidatos a la presidencia del Congreso por representar el continuismo golpista y corrupto

La congresista Margot Palacios Huamán, actualmente no agrupada y candidata al Senado por Juntos por el Perú, rechazó de manera tajante respaldar a cualquiera de los cuatro postulantes a la presidencia del Congreso durante la sesión extraordinaria del 18 y 19 de febrero de 2026, tras la censura al entonces titular José Jerí Oré.
En una transmisión en vivo difundida en su cuenta de Facebook, Palacios criticó duramente que las candidaturas de José María Balcázar Zelada (vinculado a Perú Libre), María del Carmen Alva (Acción Popular), Edgard Reymundo y Segundo Acuña representaban un continuismo golpista y corrupto. Según la legisladora, ninguna de estas opciones impulsaba una transformación estructural profunda del modelo económico que, a su juicio, perpetúa la desigualdad, el abandono del interior del país y los pactos de cúpulas partidarias.
La parlamentaria acusó a la “derecha” de imponer una falsa elección entre corrupción e impunidad, y subrayó que los candidatos priorizaban blindajes y repartijas en lugar de cambios reales, dignidad y transparencia para el “Perú profundo”. “No hemos llegado hasta aquí para legitimar más de lo mismo”, afirmó Palacios, anunciando explícitamente que no votaría por ninguno de los cuatro postulantes.
En consecuencia, Margot Palacios no respaldó a José María Balcázar Zelada, quien finalmente se impuso en segunda vuelta frente a María del Carmen Alva y asumió la presidencia del Congreso —y, por sucesión constitucional, la Presidencia interina de la República— hasta las elecciones generales del 12 de abril de 2026.
La postura de rechazo total a los cuatro candidatos de parte de la congresista evidencia su coherencia y lealtad de la Congresista a las demandas más sentidas del interior del país en medio de la crisis política.
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Presidente Balcázar descarta indulto a Pedro Castillo: «No está en agenda»

El presidente interino de Perú, José María Balcázar, descartó de forma tajante la posibilidad de otorgar un indulto al expresidente Pedro Castillo apenas unas horas después de asumir el cargo el 18 de febrero de 2026. En sus primeras declaraciones a la prensa, transmitidas por RPP, Infobae y La República, Balcázar fue categórico al afirmar: «No está en agenda de los indultos, quiero que entiendan eso». Reiteró que Castillo debe continuar enfrentando sus procesos penales en la Corte Suprema por el intento de autogolpe de diciembre de 2022, subrayando que «no está ningún tipo de indulto por el momento» y que el caso debe seguir su curso judicial sin interferencias.
Esta posición marca un giro drástico respecto a las expectativas que se generaron durante su elección en el Congreso, donde Balcázar —militante de Perú Libre— había señalado públicamente que «el sur lo pide» en referencia al indulto. Esa frase alimentó la esperanza de sectores de izquierda, disidentes del propio Perú Libre y aliados progresistas, quienes habrían respaldado su candidatura con 64 votos al considerar que cumpliría esa promesa implícita. Sin embargo, una vez juramentado, el mandatario optó por priorizar la autonomía del Poder Judicial, la evaluación de ministros y la preparación de elecciones transparentes en abril de 2026, dejando de lado cualquier medida de gracia.
La negativa ha empezado a provocar desazón y frustración en las bases castillistas, sobre todo en el sur del país (Puno, Cusco, Apurímac y Arequipa), regiones donde Pedro Castillo conserva un fuerte apoyo por su origen rural y sus promesas de inclusión. Simpatizantes que inicialmente celebraron el retorno de Perú Libre al poder ahora expresan decepción en redes sociales y llamados a movilizaciones con consignas como «todos a las calles a liberar a nuestro presidente». Aunque aún no se han registrado protestas masivas, el cambio de postura es percibido por muchos como una posible traición al pacto que habría facilitado su ascenso al poder.
La oposición de derecha, que contribuyó a su elección, reaccionó con alivio ante el descarte del indulto, pero también con críticas al supuesto acuerdo previo. Congresistas como Martha Moyano (Fuerza Popular) advirtieron sobre los riesgos de cualquier beneficio a Castillo o Vladimir Cerrón, mientras Balcázar insiste en que su gobierno transitorio busca evitar más convulsiones políticas. Analistas advierten que, sin gestos concretos hacia el interior del país, este viraje podría erosionar rápidamente su respaldo popular en las regiones que lo impulsaron inicialmente.
En el contexto de la prolongada crisis política peruana —con ocho presidentes en poco más de una década—, la declaración de Balcázar representa un intento por estabilizar el país y garantizar una transición ordenada hasta julio de 2026. No obstante, el creciente descontento en sectores populares podría traducirse en mayor presión desde las bases en las próximas semanas, poniendo a prueba la capacidad del mandatario para equilibrar expectativas de justicia social con el respeto al debido proceso.
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José María Balcázar asume como presidente interino de Perú tras maratónica elección en el Congreso

Lima, 19 de febrero de 2026.- En una sesión extraordinaria que se extendió hasta la madrugada, el Congreso de la República eligió este miércoles al congresista José María Balcázar Zelada como nuevo presidente del Legislativo, lo que lo convierte automáticamente en presidente interino de la República. El jurista de 83 años, militante de Perú Libre, superó en segunda vuelta a María del Carmen Alva (Acción Popular) con 64 votos contra 46, marcando un sorpresivo regreso de la izquierda al poder ejecutivo en medio de la crisis política que azota al país desde hace más de una década.
La jornada maratónica comenzó tras la destitución exprés del anterior presidente interino, José Jerí, censurado el martes por presuntos escándalos de corrupción, incluyendo reuniones irregulares con empresarios chinos. Con el artículo 115 de la Constitución activado por la vacancia en la línea de sucesión —tras las destituciones de Dina Boluarte en 2025 y el legado de inestabilidad desde Pedro Castillo—, cuatro candidatos compitieron: Balcázar (Perú Libre), Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia) y Édgar Reymundo (Bloque Democrático Popular). En la primera vuelta, Balcázar obtuvo 46 votos, Alva 43 (o 44 según algunas fuentes), y los otros dos quedaron eliminados con 13 y 7 sufragios, respectivamente, obligando a una segunda ronda decisiva.
La victoria de Balcázar se debió a una coalición táctica de última hora: el bloque consolidado de izquierda (Perú Libre y aliados), sumado a votos clave de Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú y sectores disidentes de derecha que rechazaban el estilo confrontacional de Alva. La ex presidenta del Congreso pagó caro sus polémicas pasadas, acusaciones de negociaciones cuestionables y la fragmentación del espectro conservador, que no logró unificar apoyos suficientes en un Parlamento hiperdividido. Al proclamarse el resultado, Balcázar juramentó de inmediato y se trasladó a Palacio de Gobierno, donde prometió estabilidad, respeto a la institucionalidad y una transición ordenada hacia las elecciones generales del 12 de abril.
Con este nombramiento, Balcázar —exmagistrado del Tribunal Constitucional y representante por Lambayeque— se convierte en el noveno jefe de Estado en poco más de diez años y en el presidente de mayor edad en la historia del Perú. Su mandato será efímero: solo hasta el 28 de julio de 2026, cuando entregue la banda presidencial al ganador de los comicios. Desde la clandestinidad, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón (prófugo desde 2023), ya ejerció influencia pública exigiendo cambios en la Policía Nacional, lo que anticipa tensiones en este breve gobierno de transición.
La elección expone una vez más la fragilidad institucional peruana, con un Congreso fragmentado donde los pactos voto a voto priman sobre las ideologías. Mientras el país se prepara para unas elecciones con récord de candidatos presidenciales, Balcázar llega como figura de consenso precario, pero con el desafío de garantizar comicios limpios y pacíficos en un contexto de desconfianza ciudadana y protestas latentes.














