Lima, mayo de 2026.- El Perú llega a la segunda vuelta del próximo 7 de junio en medio de una de las etapas de mayor desgaste institucional y fractura social de las últimas décadas. La oficialización del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que confirma a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) como finalistas de la contienda presidencial para el periodo 2026-2031, no ha hecho más que formalizar la crisis de representación que atraviesa el país.

La primera vuelta dejó un mapa político fragmentado y un electorado exhausto. En una elección marcada por la dispersión de más de 40 organizaciones políticas, Fujimori avanzó con apenas el 17.19% de los votos válidos, mientras Sánchez obtuvo el 12.04%. Juntos no alcanzan siquiera a representar a un tercio del padrón nacional. El resto se diluyó entre el ausentismo, los votos blancos y los sufragios viciados, en una señal inequívoca del profundo desencanto ciudadano con el sistema político.

Las cifras sociales refuerzan ese clima de deterioro. La pobreza monetaria permanece por encima del 29%, la anemia infantil afecta al 43% de los niños menores de cinco años y la informalidad laboral alcanza al 73% de la población económicamente activa. Sobre esa precariedad estructural se edifican ahora dos proyectos de país profundamente contrapuestos.

Dos visiones para un país en crisis

El debate presidencial del 31 de mayo, programado en el Centro de Convenciones de Lima, confrontará dos diagnósticos distintos sobre el colapso peruano y dos rutas opuestas para intentar revertirlo.

Keiko Fujimori ha centrado su campaña en la idea del “Capitalismo Popular”, una propuesta que busca enfrentar la informalidad mediante incentivos tributarios, simplificación administrativa para las micro y pequeñas empresas y mecanismos de formalización acelerada para sectores como la minería artesanal. Frente al deterioro económico en las periferias urbanas, plantea además programas de compras estatales descentralizadas para abastecer ollas comunes y comedores populares. En materia de seguridad, apuesta por una estrategia de “mano dura” que incluye el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para enfrentar la expansión de la extorsión y el sicariato.

Roberto Sánchez, en cambio, interpreta el deterioro social como evidencia del agotamiento definitivo del modelo económico instaurado en las últimas décadas. Su principal propuesta económica es un incremento inmediato del sueldo mínimo a S/ 1,500, acompañado por la creación del programa “Pensión 60”, orientado a brindar cobertura previsional universal a millones de trabajadores informales excluidos del sistema. Para financiar estas medidas, plantea una reforma tributaria progresiva y la renegociación de contratos extractivos. Asimismo, promete elevar gradualmente el presupuesto educativo hasta el 10% del PBI y garantizar el ingreso libre a las universidades públicas.

Un gobierno bajo asedio

Quien asuma la presidencia el próximo 28 de julio heredará un escenario de extrema fragilidad. El retorno a la bicameralidad ha configurado un Congreso altamente fragmentado, compuesto por bancadas sin cohesión y alianzas inestables, lo que anticipa un Ejecutivo permanentemente expuesto a bloqueos legislativos, crisis ministeriales y nuevos intentos de vacancia.

En ese contexto, los sectores más radicales de ambos extremos ideológicos ya comienzan a perfilar el escenario post-electoral.

En la derecha, grupos ultraconservadores y corrientes alineadas con discursos de seguridad extrema —que quedaron políticamente huérfanos tras la derrota de Rafael López Aliaga en primera vuelta— observan con creciente desconfianza las concesiones moderadas de Fujimori para reducir su antivoto. Si la criminalidad no retrocede rápidamente, estos sectores podrían impulsar una agenda de endurecimiento autoritario basada en restricciones de derechos y militarización del orden interno, inspirada en modelos de control territorial similares al de Nayib Bukele en El Salvador.

En la izquierda radical, dirigentes del corredor minero del sur y organizaciones indígenas amazónicas consideran insuficientes las propuestas reformistas de Roberto Sánchez. Diversos frentes regionales advierten que, si no se impulsa una Asamblea Constituyente ni se revisan los megaproyectos extractivos cuestionados por conflictos socioambientales, desconocerán la legitimidad del futuro gobierno. Para estos sectores, las elecciones no representan el cierre de la crisis, sino el inicio de una nueva etapa de movilización permanente, bloqueos y presión territorial.

La desobediencia silenciosa

Sin embargo, el mayor desafío para la democracia peruana podría no provenir de los extremos visibles, sino del progresivo repliegue ciudadano frente al Estado. Mientras la clase política disputa el poder, millones de peruanos han comenzado a desconectarse de las instituciones formales, convencidos de que ninguna opción garantiza seguridad, empleo ni servicios básicos.

La expansión de las economías ilegales, el avance de mecanismos de justicia comunal ante la ineficacia policial y el creciente rechazo a financiar un aparato estatal percibido como corrupto reflejan una forma de desobediencia silenciosa que erosiona lentamente la legitimidad republicana.

Sea cual sea el resultado del balotaje, el próximo gobierno no recibirá un mandato de transformación sólida, sino la administración de una crisis estructural marcada por la precariedad, el miedo y la desconfianza. En el Perú de 2026, el principal riesgo para la democracia ya no es únicamente la confrontación entre derecha e izquierda, sino la pérdida progresiva de sentido del propio sistema político para la supervivencia cotidiana de sus ciudadanos.

La segunda vuelta presidencial en Perú ya tiene protagonistas: Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, competirán el próximo 7 de junio en un balotaje marcado por la polarización política, el antivoto y la disputa entre continuidad económica y cambio constitucional. La proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó un escenario que las encuestas anticipaban desde semanas atrás.

Keiko Fujimori llega a su cuarto balotaje consecutivo tras obtener el 17,17 % de los votos en primera vuelta. La lideresa fujimorista mantiene una base electoral consolidada en sectores urbano-populares y regiones del norte del país, donde el apellido Fujimori continúa asociado al orden, la estabilidad económica y la seguridad. Su campaña propone endurecer la lucha contra el crimen organizado, mantener la independencia del Banco Central de Reserva y ampliar programas sociales como Pensión 65.

La trayectoria de Fujimori también arrastra un fuerte antivoto. En 2011 perdió frente a Ollanta Humala; en 2016 cayó por estrecho margen ante Pedro Pablo Kuczynski; y en 2021 fue derrotada por Pedro Castillo, elección que denunció como fraudulenta sin pruebas concluyentes. Esa narrativa sigue presente en la actual campaña y reaparece en el llamado de Fuerza Popular a desplegar personeros para “vigilar” el proceso electoral.

Del otro lado aparece Roberto Sánchez, exministro del gobierno de Pedro Castillo y candidato de Juntos por el Perú, quien logró pasar a segunda vuelta por apenas 14.474 votos sobre Rafael López Aliaga. Su crecimiento político se explica por el respaldo del electorado castillista en el sur andino y las zonas rurales, donde el expresidente encarcelado aún conserva apoyo popular.

La campaña de Sánchez plantea una Asamblea Constituyente, una segunda reforma agraria sin expropiaciones y mayor inversión en salud y educación rural. Sin embargo, sus propuestas generan preocupación en sectores empresariales y financieros debido a sus cuestionamientos al actual modelo económico, además de su intención de remover a Julio Velarde del Banco Central y promover reformas judiciales con elección popular de jueces.

A pocos días del balotaje, las encuestas muestran una contienda ajustada. Según Datum Internacional, Keiko Fujimori registra 39,5 % de intención de voto frente al 36,1 % de Roberto Sánchez, mientras que el voto blanco, viciado e indeciso alcanza el 24,4 %. Analistas coinciden en que ese segmento será decisivo para definir el resultado de las elecciones Perú 2026.

Más allá de las diferencias ideológicas, el debate central enfrenta dos modelos políticos: Fujimori apuesta por la continuidad institucional con mayor énfasis en seguridad y control del orden público; Sánchez propone una refundación constitucional inspirada en el discurso del castillismo. En un país marcado por la fragmentación política y la desconfianza ciudadana, la segunda vuelta del 7 de junio podría convertirse en una de las más tensas y decisivas de la historia reciente del Perú.

Perú, 26 de mayo de 2026.- Miles de agricultores arroceros mantienen paralizado el país en el segundo día de un paro nacional indefinido que afecta nueve regiones. La causa es concreta: el precio del arroz en chacra se desplomó de S/ 1,500 a S/ 600 por tonelada en menos de un año, empujando a miles de familias agricultoras al borde de la quiebra.

La protesta fue convocada por la Confederación Nacional de Arroceros del Perú (Conarroz), liderada por Wilder Vásquez, con el respaldo de la plataforma Conveagro y gremios de bananeros, cañicultores y cafetaleros. En el terreno, los rostros visibles son Rogelio Silva, de la Federación de Agricultores Piura-Tumbes, y Macario Silva Vílchez, de la Junta del Sector Hidráulico del Medio y Bajo Piura, quienes advirtieron que no levantarán los bloqueos sin compromisos escritos del Ejecutivo.

Las demandas del sector son cinco: declaratoria de emergencia agropecuaria, suspensión temporal de importaciones de arroz durante la cosecha nacional, compra estatal de 180,000 toneladas del cereal peruano, créditos agrarios accesibles ante el alza de fertilizantes y combustibles, y combate efectivo al contrabando de arroz por la frontera de Tumbes. Todos estos puntos, según los gremios, fueron acordados en mesas de diálogo previas que el Midagri nunca cumplió.

La respuesta del Gobierno llegó tarde y sin sustancia. El ministro de Desarrollo Agrario, César Quispe, reconoció que la crisis es estructural y que las medidas del Ejecutivo solo podrán «paliar en algo» la situación. Como gesto concreto, el Midagri reportó la compra de 410 toneladas de arroz nacional — una cifra irrisoria frente al excedente de 350,000 toneladas acumulado en las cosechas de 2025 y 2026.

Ante la presión de dos días consecutivos de bloqueos, la Presidencia del Consejo de Ministros convocó para el miércoles 27 de mayo una reunión de alto nivel con gobernadores regionales y dirigentes arroceros. Sin embargo, la agenda del Consejo de Ministros de ese día no incluyó decretos de urgencia ni medidas vinculantes — solo un informe sectorial del Midagri, lo que revela la distancia entre el discurso oficial y la disposición real a resolver el conflicto.

El escenario más probable es que la reunión del 27 derive en un acta de compromisos parciales — compras estatales ampliadas, cronograma de créditos, mesa técnica permanente — que los gremios evaluarán como condición mínima para levantar los bloqueos de forma temporal. Los productores, sin embargo, son explícitos: no se trasladarán a Lima a negociar y exigen que cualquier mesa de diálogo funcione en Piura, en el corazón de la zona productora.

El problema de fondo no tiene solución en una reunión de emergencia. La sobreproducción, la competencia del arroz importado y el encarecimiento de insumos configuran una crisis estructural que ningún gobierno ha querido enfrentar con políticas de largo plazo. Sea quien sea el ganador de la segunda vuelta del domingo, heredará un campo en ebullición y una deuda pendiente con cientos de miles de agricultores que sostienen la seguridad alimentaria del país.