Huancavelica, 1 de julio 2026.- La corrupción vuelve a golpear a la institución encargada de combatir el delito. En Huancavelica, un comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue condenado por cobrar cupos de apenas S/ 100 a postulantes de una escuela policial a cambio de entregarles las respuestas de los exámenes de admisión, conocidas popularmente como «las fijas». El caso ha generado una ola de indignación al evidenciar que prácticas ilícitas pueden infiltrarse desde el mismo proceso de selección de quienes aspiran a vestir el uniforme policial.

De acuerdo con la investigación fiscal y las pruebas valoradas por el Poder Judicial, el oficial aprovechó su posición para ofrecer información privilegiada a cambio de dinero, favoreciendo irregularmente a determinados postulantes. La sentencia confirma que el sistema de admisión fue vulnerado mediante actos de corrupción que atentaron contra los principios de igualdad, mérito y transparencia que deben regir el ingreso a la institución policial.

Aunque el monto exigido por cada postulante era relativamente bajo, especialistas advierten que el verdadero impacto del delito trasciende el aspecto económico. Permitir que personas accedan a una vacante mediante fraude debilita la calidad de la formación policial y pone en riesgo la confianza ciudadana en una institución que enfrenta permanentes cuestionamientos por casos de corrupción y abuso de autoridad.

El caso también reabre el debate sobre los mecanismos de control interno y supervisión en las escuelas policiales del país. Diversos sectores consideran insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora para prevenir la filtración de exámenes y sancionar oportunamente a los responsables. La reiteración de este tipo de hechos demuestra que las redes de corrupción continúan encontrando espacios para operar, incluso en procesos considerados estratégicos para la seguridad nacional.

La condena contra el comandante representa un precedente importante, pero también evidencia que el problema está lejos de resolverse. Organizaciones civiles y expertos en seguridad sostienen que no basta con castigar a los responsables cuando los delitos ya fueron cometidos; resulta indispensable fortalecer los sistemas de selección, implementar controles tecnológicos más rigurosos y garantizar investigaciones independientes. Mientras la corrupción siga contaminando el ingreso a la PNP, continuará debilitándose la legitimidad de una institución que debería inspirar confianza y representar el primer frente de lucha contra la delincuencia.

Lima, 31 de mayo de 2026.- El último debate presidencial previo a la segunda vuelta electoral del 7 de junio estuvo marcado por fuertes confrontaciones entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, representante de Juntos por el Perú, quienes protagonizaron un intercambio de acusaciones, cuestionamientos y propuestas en un escenario de alta polarización política.

El encuentro, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se desarrolló en un contexto de disputa electoral ajustada y con una elevada expectativa ciudadana. Más allá de la presentación de planes de gobierno, ambos candidatos enfocaron buena parte de sus intervenciones en consolidar una narrativa política para captar el voto indeciso en la recta final de la campaña.

Desde los primeros minutos, Roberto Sánchez adoptó una estrategia de confrontación directa contra el fujimorismo, cuestionando el papel político de Fuerza Popular y vinculando a su adversaria con la crisis institucional y el deterioro de la democracia en los últimos años. El candidato de Juntos por el Perú buscó posicionarse como una alternativa frente a los sectores tradicionales del poder político.

Por su parte, Keiko Fujimori respondió planteando la elección como una decisión entre dos modelos opuestos de país y centró parte de su discurso en temas de seguridad, estabilidad y crecimiento económico. Asimismo, intentó vincular a Sánchez con sectores políticos que considera radicales y con experiencias recientes cuestionadas por diversos sectores del país.

Los momentos de mayor tensión se produjeron cuando ambos candidatos dejaron el terreno programático para intercambiar cuestionamientos sobre responsabilidades políticas, alianzas y antecedentes de sus respectivos espacios. Los ataques directos elevaron el tono del debate y desplazaron temporalmente la discusión sobre propuestas concretas.

Otro aspecto destacado fue el intento de ambos aspirantes por conectar con el electorado desde una dimensión más personal. Sánchez reforzó un discurso centrado en el esfuerzo individual y la representación popular, mientras Fujimori buscó consolidar una imagen de experiencia y capacidad de gestión frente a la crisis política y social que atraviesa el país.

Con el cierre del debate, la campaña presidencial ingresa a su etapa decisiva bajo un escenario de fuerte polarización. Analistas y observadores políticos consideran que las reacciones posteriores en redes sociales, medios de comunicación y entre los votantes indecisos podrían resultar determinantes para definir el resultado de las elecciones del próximo 7 de junio.

Huancavelica 27 de abril 2026.– La investigación por la muerte de cinco jóvenes durante un operativo militar en el VRAEM se ha intensificado tras la aparición de nuevas versiones que cuestionan la actuación de las fuerzas del orden y del sistema de justicia.

Un sobreviviente del hecho denunció que fue obligado por militares a declarar que el grupo transportaba droga. Según indicó, su testimonio inicial fue dado bajo amenazas y sin abogado, por lo que posteriormente se retractó ante una fiscalía de derechos humanos, asegurando que no llevaban sustancias ilícitas ni armas.

La defensa de las familias sostiene que no existe evidencia que vincule a las víctimas con el narcotráfico y que el uso de la fuerza fue injustificado. Además, cuestionó la validez de las primeras diligencias al considerar que se habrían vulnerado garantías básicas.

En paralelo, los ocho militares investigados recuperaron su libertad luego de que venciera el plazo de detención preliminar sin que el Ministerio Público solicitara prisión preventiva. La defensa anunció que presentará una queja ante el órgano de control por presuntas omisiones en la actuación fiscal.

Las versiones sobre el operativo siguen enfrentadas. Mientras familiares y comuneros afirman que los jóvenes regresaban de una actividad deportiva cuando fueron atacados, las Fuerzas Armadas sostienen que actuaron en legítima defensa durante una intervención contra el narcotráfico.

La población de Colcabamba ha expresado su rechazo a lo ocurrido y denuncia un uso desproporcionado de la fuerza. Los familiares de las víctimas exigen justicia y una investigación imparcial que permita esclarecer los hechos.

El caso continúa en desarrollo y los nuevos testimonios podrían ser determinantes para establecer responsabilidades penales en un hecho que ha generado conmoción y cuestionamientos a las instituciones.