En Ayacucho y otras regiones del Perú, la sobreproducción de papa ha generado una crisis económica que afecta gravemente a miles de familias agrícolas. Variedades como Yungay y Canchan se acumulan en…
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Crisis agrícola en el norte del Perú: sobreproducción de mango expone ineficiencias del sector y desata protestas

El norte del Perú enfrenta una grave crisis agrícola debido a la sobreproducción de mango, que ha provocado el desplome de los precios y ha dejado a miles de agricultores en una situación crítica. Las regiones de Piura, Lambayeque y Áncash, que concentran el 95% de la producción nacional de esta fruta, son las más afectadas. El precio del kilo de mango ha caído hasta S/0,20, un valor que no cubre los costos de producción y que ha llevado a los agricultores a tomar medidas desesperadas, como enterrar toneladas de fruta o preparar protestas masivas.
El colapso de los precios y la desesperación de los agricultores
En Lambayeque, más de 5 mil agricultores del distrito de Motupe han denunciado que las empresas exportadoras ofrecen solo S/0,10 por kilo de mango, un precio que consideran abusivo e insostenible. Daniel Enríquez, representante de los agricultores, explicó que las empresas están pagando S/6 por 20 kilos de mango para exportación, lo que ha generado indignación y rechazo. Ante esta situación, los productores han anunciado una protesta masiva en la que lanzarán 100 toneladas de mango sobre la Panamericana Norte, como medida de presión para exigir apoyo del gobierno.
La crisis no solo afecta a los pequeños agricultores, sino también a las empresas de transporte logístico y a los grandes agroexportadores. Según Edgar Vásquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios (CIEN) de la Asociación de Exportadores (Adex), alrededor del 70% de la producción de mango se destina a la exportación, mientras que el 30% se comercializa en el mercado local. Sin embargo, la sobreproducción y los problemas logísticos han complicado la venta tanto a nivel nacional como internacional.

Factores detrás de la sobreproducción
Vásquez atribuyó el exceso de oferta a una combinación de factores climáticos y logísticos. En 2024, una sequía en Piura obligó a los agricultores a retrasar sus cosechas, mientras que en Áncash las condiciones climáticas llevaron a los productores a adelantar sus cultivos. Como resultado, las cosechas de las tres regiones (Piura, Lambayeque y Áncash) coincidieron en el mismo período, saturando el mercado.
Además, los problemas en el puerto del Callao agravaron la situación. Oleajes anómalos obligaron al cierre temporal de los terminales, lo que generó una escasez de contenedores para la exportación. Esta crisis coincidió con la temporada pico de exportación de arándanos y uvas, cultivos que acapararon la mayoría de los contenedores disponibles, dejando al mango en una situación de desventaja.
Falta de planificación y respuestas insuficientes del gobierno
La crisis ha puesto en evidencia la falta de planificación y las deficiencias del sector agrícola peruano. A pesar de que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), liderado por Ángel Manero, anunció un conjunto de iniciativas para abordar la situación, los agricultores consideran que las medidas son insuficientes y llegan demasiado tarde.
Los productores exigen una intervención más efectiva del gobierno, que incluya la implementación de políticas de regulación de precios, apoyo logístico para la exportación y programas de diversificación agrícola para evitar la dependencia de un solo cultivo. También reclaman una mayor inversión en infraestructura y tecnología para mejorar la competitividad del sector.
Impacto económico y social
La caída de los precios del mango no solo afecta a los agricultores, sino también a la economía regional. En Piura, Lambayeque y Áncash, miles de familias dependen de este cultivo para su sustento. La crisis ha generado pérdidas millonarias y ha aumentado el descontento social, con protestas que podrían intensificarse en las próximas semanas si no se encuentran soluciones concretas.
Mientras tanto, los agricultores continúan buscando alternativas para evitar que su fruta se pierda. Algunos han optado por donar mangos a comedores populares y organizaciones benéficas, mientras que otros han comenzado a explorar opciones de procesamiento, como la elaboración de pulpas y jugos, para agregar valor a su producción.
La crisis del mango en el norte del Perú es un recordatorio de los desafíos que enfrenta el sector agrícola en el país. La falta de planificación, la vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos y la insuficiente intervención del gobierno han dejado a los agricultores en una situación crítica. Si no se toman medidas urgentes, esta crisis podría repetirse en futuras temporadas, afectando no solo al mango, sino también a otros cultivos clave para la economía peruana como el limón que pasa por un similar momento.
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Escándalos y pugnas internas sacuden el partido Alianza Para el Progreso de César Acuña

Alianza para el Progreso (APP), partido liderado por César Acuña, enfrenta una de sus mayores crisis tras la revelación de una presunta red de prostitución en el Congreso. Según investigaciones, dicha red operaba con la complicidad de asesores y congresistas, intercambiando favores sexuales por votos en el Legislativo. El escándalo ha salpicado a varios parlamentarios de la agrupación, sumiendo al partido en un descrédito aún mayor.
La situación se agravó con el asesinato de Andrea Vidal Gómez, exasesora parlamentaria vinculada a la organización de estos encuentros ilícitos. Su muerte desató una ola de renuncias en APP, entre ellas la del alcalde de Magdalena, Francis Allison, y del candidato a la alcaldía de Villa María del Triunfo, David Morales Cárdenas. La falta de una postura clara del partido ha incrementado las tensiones internas y debilitado su imagen pública.

No es la primera vez que APP está en el ojo de la tormenta. En 2016, César Acuña fue excluido de la contienda presidencial por haber entregado dinero a ciudadanos en plena campaña, en un claro intento de compra de votos. Además, su universidad, la César Vallejo, ha estado envuelta en denuncias de plagio, incluido el de su propia tesis doctoral.
El Congreso también ha sido escenario de otros escándalos ligados a APP. En 2022, la congresista Heidy Juárez fue expulsada tras la filtración de audios donde César Acuña instruía a su bancada a apoyar proyectos de ley con fines electoralistas. Asimismo, el alcalde de Carabayllo, Marcos Espinoza, fue detenido por presunta compra irregular de vehículos para el municipio.

A pesar de las constantes controversias, APP ha logrado mantener una presencia significativa en el Congreso y en gobiernos regionales. Sin embargo, la falta de una identidad ideológica clara y la acumulación de denuncias podrían afectar su desempeño en las elecciones de 2026.
El partido de Acuña se encuentra en un punto de inflexión: o se renueva y enfrenta sus problemas de corrupción y transparencia, o corre el riesgo de convertirse en un cascarón vacío destinado a colapsar bajo el peso de sus propios escándalos.
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Sindicato de Trabajadores de Petroperú Rechaza Declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas

El Sindicato de Trabajadores de Petroperú emitió hoy un comunicado en el que rechaza las declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas (MEF), quien afirmó que «no se le dará ni un sol más a Petroperú este año». El pronunciamiento, expresa preocupación por las implicaciones de estas declaraciones y defiende la importancia estratégica de la empresa estatal.
En el comunicado, el sindicato destaca seis puntos clave. En primer lugar, recuerda que el Estado Peruano mantiene una deuda aproximada de seis mil millones de soles con Petroperú, lo que convierte el financiamiento en una obligación y no en una opción discrecional. Además, critica la denominación de Petroperú como «un barril sin fondo», calificándola de errónea y descontextualizada, y subraya que la empresa es un pilar fundamental para la seguridad energética del país.

El sindicato también enfatiza que el financiamiento a Petroperú debe ser visto como una inversión estratégica y no como un subsidio gratuito. Reducir este apoyo, argumentan, comprometería la competitividad y sostenibilidad de la empresa. Asimismo, instan al MEF a abordar el déficit fiscal de manera integral, sin sacrificar inversiones clave, y a revisar los gastos de otras entidades que podrían estar afectando al Estado.
Finalmente, el comunicado exige que las decisiones sobre el financiamiento se basen en criterios técnicos y objetivos, y pide al gobierno establecer un plan de pago viable para saldar la deuda con Petroperú. El sindicato reitera su compromiso con una gestión responsable y transparente, orientada al desarrollo sostenible de la industria energética nacional.
Este pronunciamiento surge en un contexto de tensiones entre el gobierno y la empresa estatal, y refleja la preocupación de los trabajadores por el futuro de Petroperú y su papel en la economía peruana.
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Telefónica del Perú busca declararse en quiebra para evitar deuda millonaria con el Estado peruano

En un giro estratégico que ha generado polémica, Telefónica del Perú S.A.A. anunció su decisión de acogerse al Procedimiento Concursal Ordinario bajo la Ley General del Sistema Concursal (Ley Nº 27809). La medida busca reestructurar sus pasivos y garantizar la continuidad del servicio a más de 13 millones de usuarios en el país. Sin embargo, analistas y sectores políticos advierten que este movimiento podría estar orientado a eludir deudas con el Estado peruano.
Telefónica del Perú ha arrastrado problemas financieros durante más de dos décadas, en gran parte debido a controversias fiscales con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT). La empresa mantiene litigios por miles de millones de soles en impuestos no pagados, los cuales han sido objeto de apelaciones y prolongados procesos judiciales.
Además de las deudas fiscales, la compañía ha enfrentado un entorno de mercado adverso, con una competencia cada vez más fuerte en el sector de telecomunicaciones. A esto se suman decisiones administrativas cuestionables y un alto costo financiero derivado de préstamos previos, que han puesto en riesgo su liquidez operativa.

Telefónica del Perú forma parte de la multinacional española Telefónica S.A., una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. En el país, compite con empresas como Claro (América Móvil), Entel y Bitel, que han ganado terreno en el mercado con ofertas más agresivas y estrategias de expansión en sectores clave como internet móvil y fibra óptica.
Medidas adoptadas por Telefónica del Perú
Obtención de crédito mercantil: Se aprobó un préstamo de hasta S/ 1,549 millones otorgado por Telefónica Hispanoamérica S.A., con una tasa de interés del 29.13 %. Estos fondos estarán destinados exclusivamente a cubrir necesidades operativas de caja en los próximos meses.
Convocatoria a Junta de Accionistas: Se programó una reunión de la Junta General de Accionistas y la Junta Especial de Accionistas de Clase B para el 17 de marzo de 2025 en la sede de la empresa en Surquillo. En la agenda figuran la aprobación de la gestión social, la revisión de estados financieros, la designación de auditores y la modificación del estatuto social.
Asesoría especializada: La empresa contrató a Kroll Advisory Ltd., consultora financiera que dirigirá el proceso concursal. Además, un miembro de su equipo asumirá el rol de Chief Restructuring Officer (CRO), supervisando la reestructuración de la compañía.

Diversos analistas han señalado que la decisión de Telefónica del Perú de acogerse al proceso concursal podría estar motivada por una estrategia para evitar el pago de sus millonarias deudas con el Estado peruano. Este tipo de maniobras han sido utilizadas anteriormente por otras empresas monopólicas y transnacionales que, tras declararse en insolvencia, cambian de denominación y reestructuran su modelo de negocio sin asumir sus compromisos financieros con los gobiernos donde operan.
En el caso de Telefónica, existen precedentes en otros países de América Latina donde la empresa ha recurrido a tácticas similares para renegociar o postergar el pago de sus pasivos fiscales. En Perú, el impacto de esta medida podría afectar la recaudación tributaria y generar incertidumbre sobre la continuidad del servicio, pese a las garantías ofrecidas por la empresa.
Telefónica del Perú insiste en que este proceso permitirá una reorganización financiera responsable y sostenible. No obstante, algunos políticos y el propio Estado, a través de las entidades regulatorias, deberán estar atentos a cualquier intento de evasión fiscal o abuso del sistema concursal.
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