Cusco, 5 de noviembre de 2025 | Dirigentes de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, denunciaron que el proyecto minero Crespo, operado por Apumayo S.A.C., pone en riesgo el glaciar Inti Curasma y el río Santo Tomás, fuentes de agua vital para más de 15,000 personas en distritos como Santo Tomás, Llusco y Quiñota. Acusan al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y al Ministerio de Cultura (MINCUL) de omitir funciones al aprobar el proyecto sin estudios suficientes sobre los impactos ambientales y culturales, según un informe del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM). Los representantes exigen la nulidad de los permisos y la declaración de la zona como intangible, considerando el cerro Curasma un sitio sagrado.

El conflicto, que se intensifica desde febrero de 2025 con protestas y alertas comunitarias, refleja tensiones por la falta de consulta previa y antecedentes de contaminación, como el derrame de una poza de Apumayo en 2024. La empresa niega la presencia de glaciares activos y asegura cumplir con la normativa, mientras que el Estado ha promovido mesas de diálogo sin resultados concretos. Los dirigentes, han anunciado una movilización para el 11 de noviembre para presionar por una respuesta inmediata.

“Exhortamos al Estado a que no espere que se genere cualquier acontecimiento para que nos puedan escuchar”, declaró un representante de Ccollpa Ccasahui, comunidad afectada. La movilización busca visibilizar la amenaza a los recursos hídricos y culturales, en un contexto donde la minería representa el 60% de las exportaciones peruanas, pero enfrenta crecientes demandas por sostenibilidad. Las autoridades locales y el gobierno central aún no han emitido un pronunciamiento oficial tras la denuncia de hoy.

El 30 de octubre de 2025, Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, anunció su cuarta candidatura presidencial para las elecciones de 2026 durante el «Gran Encuentro Fujimorista». Acompañada por Luis Galarreta y Miki Torres como precandidatos a las vicepresidencias, Fujimori prometió combatir la inseguridad y el crimen organizado, evocando un discurso populista que recuerda sus campañas de 2011, 2016 y 2021. Sin embargo, el evento se vio opacado por la detección de una cámara del Congreso de la República (código 25459) utilizada para grabar y transmitir el mitin, un acto que viola el Reglamento Interno del Congreso y la Ley N.° 27815, reavivando críticas sobre el uso de recursos estatales para fines proselitistas, una práctica recurrente asociada al clientelismo fujimorista.

El responsable directo, Daniel Constantino Luza Amesquita, técnico de la Oficina de Participación Ciudadana y aportante de Fuerza Popular, renunció el 1 de noviembre tras la apertura de un procedimiento administrativo sancionador por el Congreso, iniciado el 31 de octubre. La investigación, que podría derivar en cargos por peculado de uso (pena de 2 a 4 años), también apunta a posibles responsabilidades de supervisores, incluida la Primera Vicepresidencia a cargo del fujimorista Fernando Rospigliosi. Este incidente revive cuestionamientos sobre las tácticas clientelistas del partido, que históricamente ha recurrido a dádivas y movilización de recursos para captar apoyo electoral, como se denunció en el caso Cócteles por presunto lavado de activos.

El uso de bienes públicos en el lanzamiento de Fujimori refuerza la percepción de un populismo que apela a promesas de mano dura y beneficios directos, mientras se vale de estructuras estatales para fines partidarios. Aunque Fuerza Popular niega responsabilidad directa y atribuye el hecho a una «falta individual» de Luza, las evidencias de su vínculo con el partido y la falta de supervisión en la Mesa Directiva fujimorista alimentan el escepticismo. Con Fujimori empatada en un ínfimo segundo lugar (7% según Ipsos, octubre 2025), este escándalo podría complicar su estrategia en un contexto electoral competitivo, donde la transparencia y la ética pública ganan relevancia.

Lima, 4 de noviembre de 2025 – Un nuevo paro de transportistas urbanos sacudió Lima y Callao este martes, afectando a millones de usuarios ante la paralización de más de 8,000 buses de más de 250 empresas. Convocado por gremios como Transportistas Unidos y CONET Perú, el «apagado de motores» respondió a la escalada de inseguridad, con 47 choferes asesinados en 2025 por extorsiones y sicariato. Marchas pacíficas desde Carabayllo, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho exigieron mayor protección policial y reuniones con el gobierno, mientras la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) garantizó el funcionamiento pleno del Metropolitano, Metro Líneas 1 y 2, y corredores complementarios.

El paro, iniciado a las 6:00 a.m., generó aglomeraciones en paraderos y un alza de hasta cuatro veces en los precios de pasajes informales. Instituciones como EsSalud reprogramaron citas médicas, y la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso clases virtuales en colegios. Aunque gremios como la Cámara de Transporte Urbano (60% del sector) no se sumaron, el impacto fue severo en conos Norte, Sur y Este. La Policía Nacional desplegó operativos en puntos críticos como la avenida Néstor Gambetta (Callao) y la Panamericana Sur, evitando bloqueos pero reportando tensión en algunos sectores.

Tras diálogos con el ministro de Transportes y Comunicaciones, los gremios levantaron parcialmente el paro al mediodía, restableciendo el servicio de manera progresiva. Sin embargo, líderes como Martín Ojeda advirtieron que las protestas podrían reactivarse si no se implementan medidas efectivas contra el crimen organizado. El estado de emergencia vigente desde el 22 de octubre en Lima y Callao no ha frenado los ataques, y la ciudadanía exige soluciones urgentes para un sector clave de la economía limeña.