Continúan enfrentamientos por supuesta red de prostitución en el Congreso de la República

La crisis política en el Congreso de la República persiste debido al escándalo relacionado con una presunta red de prostitución dentro de la institución, lo que ha desatado fuertes enfrentamientos entre diversas bancadas parlamentarias. Mientras la Fiscalía y la Policía Nacional intensifican las investigaciones, la bancada de Somos Perú ha presentado una moción de censura contra el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, por su manejo unipersonal de la investigación.

Somos Perú ha criticado a Burgos por tomar decisiones sin consultar a los demás miembros de la Comisión y por centrarse en declaraciones mediáticas sin pruebas sustanciales. Héctor Valer, vocero de la bancada, manifestó que Burgos ha desviado el foco de la investigación, que debería centrarse en la corrupción dentro del Estado, hacia un «show mediático». La bancada ha expresado su respaldo a la moción de censura, exigiendo respeto a la pluralidad y a la función fiscalizadora del Congreso.

Por su parte, Juan Burgos respondió acusando a Somos Perú de estar siendo «manipulada» por César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), señalando que las acusaciones en su contra son parte de un plan para frenar sus investigaciones. Aseguró que su trabajo ha incomodado a algunos sectores del Congreso involucrados en el escándalo, y no descartó ser denunciado ante la Comisión de Ética por presuntas irregularidades en la investigación.

En medio de estos enfrentamientos políticos, la bancada de Podemos Perú ha respaldado a Burgos, destacando la importancia de esclarecer la verdad sobre los hechos ocurridos en el Congreso. A su vez, la Fiscalía y la Policía Nacional continúan con las diligencias para aclarar la presunta red de prostitución. El 2 de enero, agentes de la Fiscalía y efectivos policiales realizaron un allanamiento en la Oficialía Mayor del Congreso, buscando documentos y registros relacionados con Jorge Torres Saravia, un exfuncionario del Congreso, quien estaría vinculado al caso.

Este escándalo cobró notoriedad después de que Andrea Vidal, extrabajadora de Torres Saravia, fuera víctima de un atentado a balazos en diciembre, lo que derivó en su muerte. La presión sobre los funcionarios del Congreso ha crecido desde entonces, y las investigaciones siguen en marcha.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, ha sido criticado por su manejo del caso. Aunque negó encubrimientos, evitó responder de manera clara sobre cómo Torres Saravia consiguió un cargo clave en el Parlamento. Esta falta de respuestas ha incrementado las exigencias de diversas bancadas, como Acción Popular, que ha pedido la renuncia de varios altos funcionarios del Congreso, incluidos el oficial mayor Giovanni Forno y otros responsables del área de Recursos Humanos, debido a la gestión cuestionada.

Acción Popular también ha solicitado una auditoría exhaustiva de los procesos de contratación en el Congreso y una reestructuración de varias áreas clave de la administración. La situación sigue siendo crítica, con la disputa política entre bancadas sumándose a las investigaciones judiciales.

El escándalo ha puesto en evidencia las fallas en el control interno del Congreso y la falta de coordinación entre los altos mandos, como lo demuestra la opacidad respecto al ascenso de Torres Saravia y la pasividad de Salhuana ante las críticas. Mientras tanto, Juan Burgos ha asegurado que continuará con la investigación, destacando la necesidad de una reestructuración total del Congreso para garantizar la transparencia.