En un contexto de tensiones geopolíticas exacerbadas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su política de «máxima presión» contra Cuba mediante una orden ejecutiva firmada el 29 de enero de 2026, que impone aranceles adicionales a cualquier nación que suministre petróleo a la isla. Esta medida, declarada como una «emergencia nacional» por supuestos lazos de Cuba con países hostiles y grupos terroristas, busca cortar el flujo energético vital para la economía cubana, agravando un embargo que data de 1962. Sin embargo, analistas y críticos internacionales coinciden en que estas acciones no solo fallan en promover cambios políticos, sino que castigan directamente a la población civil, revelando un enfoque inhumano que prioriza la confrontación ideológica sobre el bienestar humano.

La justificación oficial de la administración Trump se centra en presionar al régimen cubano para que cese su apoyo a aliados como Rusia, China e Irán, pero en la práctica, estas sanciones energéticas han desencadenado un colapso inminente. Cuba, que ya enfrentaba una escasez crónica tras el corte de suministros venezolanos, ahora solo cuenta con reservas de petróleo para 15 a 20 días, según datos de expertos. Esto ha llevado a apagones masivos de hasta 20 horas diarias, paralizando el transporte público, la agricultura y el turismo –sectores clave que representan el sustento de millones. Críticos argumentan que Trump ignora deliberadamente el impacto desproporcionado en civiles, evocando tácticas de asedio que violan principios humanitarios básicos, como el acceso a energía esencial para la supervivencia.

Las consecuencias económicas para los cubanos son devastadoras: familias pierden alimentos por falta de refrigeración, hospitales operan con generadores precarios, y el desempleo se dispara en industrias como el turismo, donde hoteles cierran y aerolíneas internacionales suspenden vuelos por ausencia de combustible de aviación. Residentes en La Habana y otras provincias comparan esta crisis con el «Período Especial» de los 90, pero afirman que ahora es peor debido a la globalización de las sanciones, que disuaden incluso a aliados como México o Rusia de enviar ayuda. Esta situación no solo acelera la pobreza extrema y la migración irregular, sino que expone la hipocresía de una política que, bajo el pretexto de defender la democracia, genera hambre y desesperación en una población vulnerable, afectando desproporcionadamente a niños, ancianos y enfermos.

Desde América Latina, incluyendo Perú, las críticas a Trump no se han hecho esperar: gobiernos progresistas y organizaciones como la ONU condenan estas medidas como «genocidas» y unilaterales, argumentando que violan el derecho internacional y agravan desigualdades regionales. En Perú, donde la solidaridad con Cuba ha sido histórica a través de lazos culturales y políticos, analistas locales ven en esto un retroceso a la Guerra Fría que ignora el contexto pospandémico y las crisis migratorias compartidas. Rusia, por su parte, califica la situación de «crítica» y culpa directamente a Washington por un bloqueo que impide el desarrollo sostenible, mientras que en redes sociales, como en X, se reportan incidentes como el rechazo de Jamaica a un buque cubano por temor a represalias, ilustrando el alcance extraterritorial inhumano de estas políticas.

En última instancia, las decisiones de Trump no solo fallan en debilitar al gobierno cubano, sino que fortalecen narrativas de victimización y radicalizan posturas en la región. Para una web de noticias peruana, es imperativo cuestionar si esta estrategia de asfixia económica vale el costo humano, urgiendo a la comunidad internacional a priorizar el diálogo sobre el castigo colectivo. Mientras Cuba se acerca a un posible colapso humanitario, queda claro que políticas como estas no promueven la libertad, sino que perpetúan ciclos de sufrimiento innecesario, demandando una revisión urgente desde una perspectiva ética y global.

Lima – Perú, 9 de febrero de 2026.- El artista puertorriqueño Bad Bunny protagonizó uno de los momentos más destacados del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Durante el cierre de su presentación de aproximadamente 13 minutos, el intérprete de éxitos como «Tití Me Preguntó» y «DtMF» dedicó un segmento emotivo a nombrar todos los países del continente americano, culminando con un mensaje de inclusión y diversidad cultural.

Tras interpretar sus canciones mayoritariamente en español -un hito para un headliner en solitario en la historia del evento-, Bad Bunny pronunció en inglés la frase «God bless America» y procedió a enumerar naciones de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Entre los países mencionados se incluyeron Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, Estados Unidos, Canadá y, con especial énfasis, su natal Puerto Rico, al que se refirió como «mi patria Puerto Rico».

Mientras listaba los países, bailarines desfilaron en el escenario portando las respectivas banderas nacionales, acompañados de un balón de fútbol americano con la inscripción «Together, We Are America» («Juntos, somos América»). El momento se interpretó ampliamente como un llamado a la unidad continental, reforzado por frases como «Seguimos aquí» («We’re still here») y un fondo con el mensaje «The only thing more powerful than hate is love» («Lo único más poderoso que el odio es el amor»).

La actuación, producida por Apple Music, incluyó cameos de artistas como Lady Gaga, Ricky Martin, Karol G y Cardi B, y celebró elementos de la cultura puertorriqueña y latina en general. Bad Bunny se convirtió en el primer artista latino y de habla hispana en encabezar de forma solista el Halftime Show del Super Bowl, atrayendo millones de espectadores globales.

Este segmento final generó repercusiones positivas en redes sociales y medios internacionales, destacando su enfoque en la diversidad y la resiliencia de las comunidades latinas. El video del cierre, con el homenaje a los países americanos, ya circula ampliamente en plataformas digitales y se ha convertido en uno de los clips más compartidos del evento.

El canal de YouTube [El chico de las noticias] presenta el registro completo de este momento histórico, capturando la esencia de una presentación que trascendió lo musical para convertirse en un símbolo de unión continental.

En el corazón del sistema capitalista estadounidense, bajo la segunda administración de Donald Trump, late un pulso de explotación y descarte humano que se manifiesta en las políticas migratorias más brutales de la historia reciente. Desde enero de 2025, Trump ha transformado la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una maquinaria fascista, racista y clasista, diseñada no solo para expulsar a millones, sino para perpetuar un modelo económico donde los migrantes latinos son mano de obra barata hasta que dejan de ser útiles. Este “capitalismo con esteroides” prioriza los intereses corporativos sobre los derechos humanos, dejando un rastro de muertes, detenciones y devastación económica que afecta directamente a peruanos, venezolanos, cubanos, colombianos y toda América Latina. Los datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y organizaciones independientes revelan una realidad cruda: un genocidio administrativo disfrazado de “seguridad nacional”.

Trump prometió “hacer América grande de nuevo”, pero su visión es una distopía donde los latinos pagan el precio de un sistema que los explota y luego los desecha. En 2025, ICE registró 32 muertes en custodia, el año más letal en dos décadas, igualando el récord de 2004, con causas que incluyen negligencia médica, suicidios y al menos un homicidio confirmado. Solo en las primeras semanas de 2026, se sumaron al menos seis muertes más, incluyendo casos en instalaciones como Fort Bliss en Texas, donde las condiciones son descritas por ONGs como “tortura sistemática”: aislamiento prolongado, hacinamiento y abusos físicos. Estas no son anomalías; son el resultado directo de una expansión masiva de ICE, cuyo presupuesto se disparó a $45 mil millones, triplicando las camas de detención y elevando la población diaria a un récord de 73,000 personas, un aumento del 75% desde inicios de 2025.

Las deportaciones son el eje de esta crueldad capitalista: más de 675,000 expulsiones forzadas y 2.2 millones de “autodeportaciones” por miedo, totalizando casi 3 millones de salidas en el primer año de Trump. Los arrestos se cuadruplicaron, con redadas callejeras multiplicadas por once, enfocadas en un 75% en personas sin antecedentes penales. Estados como Texas, California y Florida concentran la incidencia, con Texas liderando en detenciones (hasta 30,000 en picos) y muertes, seguido por Florida con denuncias de tortura en centros como Krome y Alligator Alcatraz. Incluso ciudadanos estadounidenses han sido víctimas: al menos tres muertos por disparos de ICE, como Renee Nicole Good y Alex Pretti en Minneapolis, y detenciones erróneas de cientos de latinos nacidos en EE.UU.

El impacto en latinoamericanos es desproporcionado y revela el clasismo inherente al capitalismo trumpista. Venezolanos, el grupo más golpeado, perdieron el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 616,000 personas y el parole humanitario CHNV, lo que disparó sus detenciones 14 veces y deportaciones en miles, incluyendo envíos a prisiones salvadoreñas donde sufren torturas. Cubanos enfrentan más de 1,600 deportaciones en 2025, duplicando cifras previas, mientras colombianos ven aumentos del 40% en arrestos. En Perú, aunque en menor escala, miles de connacionales han sido afectados por redadas generales, con impactos en remesas que sostienen familias enteras. Este no es control migratorio; es una purga étnica que beneficia a corporaciones: migrantes latinos impulsaron el crecimiento laboral post-pandemia, pero ahora, con migración neta negativa por primera vez en 50 años, la economía sufre caídas en sectores como agricultura, construcción y hospitalidad, con pérdidas de $60-110 mil millones en consumo para 2025-2026.

Bajo Trump, el capitalismo se despoja de máscaras: políticas económicas como aranceles y desregulación benefician a elites mientras latinos, que representan el 20% de la fuerza laboral, ven sus comunidades devastadas. Encuestas muestran que el 65% de latinos desaprueba las políticas migratorias de Trump, el 61% dice que empeoraron la economía, y el 78% cree que dañan directamente a hispanos. Pequeños negocios latinos caen un 20% en ventas en áreas como South Florida, y la fuerza laboral en California se contrajo 3.1%, la mayor desde la Gran Recesión. Project 2025, el blueprint republicano, agrava esto al eliminar DEI y promover deportaciones masivas, erosionando derechos civiles y perpetuando desigualdades.

Este sistema no es sostenible ni humano; es un vampirismo capitalista que succiona vidas latinas para engordar ganancias corporativas. En Perú y Latinoamérica, debemos alzar la voz: estas políticas no solo destruyen familias, sino que debilitan nuestras economías dependientes de remesas y diplomacia. Trump no “salva” América; la envenena con racismo institucionalizado. Es hora de resistir, denunciar y construir alternativas solidarias. El futuro de nuestros pueblos no puede depender de un tirano en Washington.