Nacionales
LA DOBLE MORAL DEL CERRONISMO

Waldemar Cerrón Solicita Anulación de Acusación por Organización Criminal Contra Vladimir Cerrón y Los Dinámicos del Centro: Un Acto Que Busca Impunidad
En un acto que levanta serias interrogantes sobre la integridad y transparencia en el ejercicio del poder político, el congresista Waldemar Cerrón ha solicitado la anulación de la acusación por organización criminal que pesa sobre Vladimir Cerrón, líder del partido político Perú Libre, y los denominados «Dinámicos del Centro». Esta petición no solo afecta la percepción pública sobre el manejo de la justicia en el país, sino que además pone en tela de juicio la ética y la moralidad que deberían guiar a quienes ocupan cargos de representación popular.
La solicitud de Waldemar Cerrón no es un hecho aislado; se enmarca en una estrategia más amplia que, desde hace tiempo, ha sido interpretada como un intento de proteger a los miembros de su partido, quienes han sido acusados de graves delitos de corrupción. Esta maniobra, al buscar la impunidad para su hermano Vladimir Cerrón y otros allegados, contradice directamente los principios de transparencia y responsabilidad que deben regir en una democracia. Cuestionando la Doble Moral
Resulta preocupante que el segundo vice presidente del congreso, quien debería velar por los intereses de la ciudadanía y el respeto al Estado de Derecho, utilice su posición para beneficiar a los integrantes de su partido político, incluidos aquellos acusados de ser parte de una organización criminal. Esta acción refleja una doble moral inaceptable: mientras en el discurso se promueve la lucha contra la corrupción, en la práctica se busca entorpecer el accionar de la justicia cuando esta afecta a los cercanos al poder.
La presentación de una ley que favorece directamente a los miembros de su partido no es más que otro intento de blindaje que atenta contra la confianza pública y la credibilidad del sistema judicial. Este tipo de acciones solo contribuyen a perpetuar la percepción de que algunos políticos están dispuestos a utilizar todos los medios a su disposición para evadir la justicia y proteger sus propios intereses.
Es imperativo que la sociedad peruana, así como las instituciones encargadas de garantizar la justicia, se mantengan vigilantes ante este tipo de maniobras.
La democracia se fortalece cuando todos, sin excepción, son responsables ante la ley. Las acciones de Waldemar Cerrón, al tratar de anular las acusaciones contra su hermano y otros miembros de su partido, no solo son un insulto a la inteligencia del pueblo peruano, sino que también subrayan la necesidad urgente de reformas que impidan el uso del poder político para garantizar la impunidad.
La justicia no debe ser un privilegio reservado para unos pocos, y los peruanos merecen un país donde la ley se aplique con igualdad para todos. Es momento de condenar con firmeza cualquier intento de socavar el Estado de Derecho y de exigir que aquellos que buscan protegerse tras el manto del poder político sean llevados ante la justicia, sin excepciones.
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Sindicato de Trabajadores de Petroperú Rechaza Declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas

El Sindicato de Trabajadores de Petroperú emitió hoy un comunicado en el que rechaza las declaraciones del Ministro de Economía y Finanzas (MEF), quien afirmó que «no se le dará ni un sol más a Petroperú este año». El pronunciamiento, expresa preocupación por las implicaciones de estas declaraciones y defiende la importancia estratégica de la empresa estatal.
En el comunicado, el sindicato destaca seis puntos clave. En primer lugar, recuerda que el Estado Peruano mantiene una deuda aproximada de seis mil millones de soles con Petroperú, lo que convierte el financiamiento en una obligación y no en una opción discrecional. Además, critica la denominación de Petroperú como «un barril sin fondo», calificándola de errónea y descontextualizada, y subraya que la empresa es un pilar fundamental para la seguridad energética del país.

El sindicato también enfatiza que el financiamiento a Petroperú debe ser visto como una inversión estratégica y no como un subsidio gratuito. Reducir este apoyo, argumentan, comprometería la competitividad y sostenibilidad de la empresa. Asimismo, instan al MEF a abordar el déficit fiscal de manera integral, sin sacrificar inversiones clave, y a revisar los gastos de otras entidades que podrían estar afectando al Estado.
Finalmente, el comunicado exige que las decisiones sobre el financiamiento se basen en criterios técnicos y objetivos, y pide al gobierno establecer un plan de pago viable para saldar la deuda con Petroperú. El sindicato reitera su compromiso con una gestión responsable y transparente, orientada al desarrollo sostenible de la industria energética nacional.
Este pronunciamiento surge en un contexto de tensiones entre el gobierno y la empresa estatal, y refleja la preocupación de los trabajadores por el futuro de Petroperú y su papel en la economía peruana.
Actualidad
Colapso de puente en Chancay expone negligencia en diseño y mantenimiento de la infraestructura por parte del Gobierno

Dos personas fallecieron y al menos 38 resultaron heridas tras el colapso del puente sobre el río Chancay, en el kilómetro 75 de la Panamericana Norte, un hecho que ha puesto en evidencia la falta de mantenimiento y el mal diseño de la infraestructura vial en el país. El accidente ocurrió alrededor de las 11:55 p.m. del último jueves, cuando un bus interprovincial de la empresa Cruz del Norte y un automóvil particular cayeron al río desde una altura considerable tras el derrumbe de la estructura.
El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, confirmó que los afectados fueron trasladados a los hospitales de Chancay y Huaral, y anunció la instalación de puentes modulares en un plazo de 8 a 15 días. Sin embargo, la medida ha sido calificada como tardía y reactiva, ya que el estado crítico del puente era conocido desde hace tiempo.
El puente, concesionado a la empresa Norvial, no habría recibido mantenimiento adecuado en los últimos meses. El primer ministro, Gustavo Adrianzén, declaró que desconoce si en noviembre se realizó algún tipo de mantenimiento a la estructura, lo que ha generado indignación entre la población y los congresistas.

La tragedia ha expuesto una vez más la precaria situación de las carreteras concesionadas en el Perú, especialmente en un contexto donde el Estado prioriza megaproyectos como el puerto de Chancay, de inversión china, mientras descuida la infraestructura básica que garantiza la seguridad de los ciudadanos.
Bomberos y agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) trabajaron en conjunto para rescatar a los pasajeros atrapados dentro del bus, algunos de los cuales quedaron entre los fierros retorcidos. Brigadistas del Espacio de Emergencia y Desastres (EMED) también participaron en las labores de rescate, trasladando a los heridos a los hospitales de Chancay y Huaral para su atención inmediata.

Hasta el momento, se ha confirmado una lista de 35 heridos con distintas lesiones, todos pasajeros del bus que salió de Chimbote. El servicio de emergencia del Hospital de Chancay continúa brindando atención médica a las víctimas.
La tragedia de Chancay no solo ha dejado un saldo trágico de vidas perdidas y heridos, sino que ha puesto en evidencia la falta de planificación y supervisión del Estado en materia de infraestructura vial. La ciudadanía exige respuestas claras y acciones concretas para evitar que hechos como este se repitan.
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Damnificados del derrame de petróleo en Talara se reúnen con la congresista Margot Palacios para solicitar apoyo en la solución de su problemática

En un firme acto de solidaridad con las comunidades afectadas por desastres ecológicos, la congresista Margot Palacios visitó a los pescadores y habitantes de Alto Talara, quienes continúan sufriendo las consecuencias del derrame de hidrocarburos ocurrido el 20 de diciembre de 2024 en el mar de Talara. Este incidente, provocado durante la carga de una embarcación desde los tanques de Petroperú, ha dejado graves secuelas que, hasta la fecha, no han sido remediadas. Tampoco se ha determinado la magnitud total del daño ni se ha brindado la compensación correspondiente a los afectados.

Durante su recorrido, la congresista manifestó su preocupación por la lentitud en la atención de esta crisis, enfatizando la urgencia de garantizar justicia tanto para el medio ambiente como para las víctimas. Adviertió que la demora en la respuesta podría ser aprovechada por sectores interesados en perjudicar a Petroperú, empresa pública que pertenece a todos los peruanos. En este sentido, instó a las autoridades competentes a actuar con rapidez para evitar que esta situación se extienda, tal como ocurrió con el desastre provocado por Repsol en el mar de Ventanilla.

Como representante del Congreso y defensora de los intereses nacionales, Margot Palacios se comprometió a impulsar las soluciones necesarias. Entre sus acciones, exigirá al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) un informe detallado sobre el impacto del derrame y solicitará al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) un censo exhaustivo de los damnificados para garantizar su atención y compensación adecuada.
La congresista reafirmó su compromiso inquebrantable con la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas, asegurando que no descansará hasta alcanzar justicia y soluciones efectivas. «No permitiremos que la población siga abandonada ni que la contaminación quede impune. Continuaremos exigiendo acciones inmediatas y resultados concretos», enfatizó.
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