Connect with us

Actualidad

¿Lo quieres sacar del juego? El plan para inhabilitar a Pedro Castillo genera polémica

Redactor

Publicado

en

El Congreso peruano vuelve a ser escenario de controversia tras la reciente denuncia constitucional presentada por Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular, contra el expresidente Pedro Castillo. La iniciativa, que busca inhabilitarlo por 10 años para ejercer cargos públicos, ha encendido un debate sobre los límites entre la justicia y la instrumentalización política.

Muñante, quien argumenta que las medidas de prisión preventiva no garantizan la exclusión de Castillo de la vida política, presentó la denuncia en el contexto del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La medida también incluye a exministros como Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, todos señalados por infracciones a diversos artículos de la Constitución.

Aunque la inhabilitación es presentada como un mecanismo para salvaguardar la democracia, críticos apuntan a una estrategia política. Según analistas, la denuncia refleja el temor de sectores conservadores ante el posible resurgimiento de Castillo en la arena electoral, especialmente con su reciente alianza con el partido Todo con el Pueblo.

Lectura de Pedro Castillo en el contexto fallido de golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022

La narrativa de Muñante se apoya en la decisión del Tribunal Constitucional que calificó los hechos de diciembre de 2022 como un intento de golpe de Estado. Sin embargo, defensores de Castillo argumentan que su actuación fue una respuesta a la crisis institucional generada por el Congreso, no un acto de rebelión.

El debate no es solo jurídico, sino profundamente político. Si bien el Congreso tiene el poder de inhabilitar a funcionarios, el uso reiterado de estas denuncias contra adversarios ideológicos puede erosionar la confianza en las instituciones.

En un país polarizado, la persecución de líderes populares bajo pretexto de «defensa de la democracia» podría consolidar la percepción de un sistema político que favorece a las élites. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene ahora la responsabilidad de manejar el caso con rigurosidad, para evitar que la justicia sea vista como un arma política.

La pregunta central persiste: ¿se trata de un acto necesario para proteger el orden democrático o de una maniobra para eliminar a un rival incómodo? El desenlace tendrá implicaciones profundas para el futuro político del país.

Actualidad

Milei consolida su fuerza en legislativas argentinas con 40,66% de los votos

Redactor

Publicado

en

Buenos Aires, 27 oct (Pulso27).- La Libertad Avanza, partido del presidente Javier Milei, se impuso en las elecciones legislativas de medio término con el 40,66% de los sufragios, según el escrutinio provisorio al 99% de las mesas. El oficialismo sumará unas 64 bancas en Diputados (llegando a 101) y 13 en el Senado (total 19-20), acercándose al tercio necesario para blindar vetos presidenciales, aunque sin mayoría absoluta. La participación fue del 66-68%, la más baja desde 1983.

Oposición fragmentada: peronismo segundo con 31,7%. Fuerza Patria, principal bloque opositor, obtuvo 31,7% y mantendrá alrededor de 102-103 diputados y el control del Senado, pero perdió terreno en Buenos Aires (41,45% vs 40,91%). Provincias Unidas, alianza de centro, quedó tercera con 7,1% y escasa proyección nacional. La izquierda y otros sectores sumaron menos del 10% combinado.

Mercados reaccionan y Milei convoca al diálogo. Tras el resultado, el dólar blue cayó a $1.420 y los bonos soberanos subieron. Milei celebró un “mandato reformista” y llamó a gobernadores no peronistas a negociar, mientras la oposición enfrenta la tarea de reagruparse de cara a 2027.

CONTINUAR LEYENDO

Actualidad

Colapso de puente modular deja incomunicadas comunidades en La Mar, Ayacucho

Redactor

Publicado

en

El puente modular de emergencia que conecta San Antonio con Chiquintirca, en el distrito de Anco, provincia de La Mar, colapsó este 27 de octubre de 2025 durante trabajos de mantenimiento realizados por la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) del Gobierno Regional de Ayacucho (GORE Ayacucho), liderado por el polémico Wilfredo Oscorima, defensor del régimen de Dina Boluarte y José Jerí. La estructura, aprobada en julio como solución provisional tras las lluvias intensas que interrumpieron la vía desde el 1 de junio, estaba en fase final de instalación y buscaba restablecer el tránsito vehicular en un plazo estimado de 30 a 45 días. El incidente afectó también parte del ducto principal de gas natural de Camisea, en el kilómetro 193, sin reportarse heridos ni fallecidos.

La obra, propiedad del GORE Ayacucho y ejecutada directamente por la DRTC en coordinación con la Dirección Nacional de Puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), no involucró contratistas privados externos. Previo a la instalación del puente, la Transportadora de Gas del Perú (TGP) realizó la limpieza de derrumbes, señalización y rehabilitación de ductos dañados por las precipitaciones. El proyecto se enmarca en un presupuesto regional de S/ 104.37 millones asignados al programa Arranca Perú para el mantenimiento de 1,020 km de vías en el VRAEM, aunque no se detalla un monto específico para esta estructura modular.

El colapso ha generado la interrupción total del tránsito, aislando comunidades dedicadas a la agricultura y ganadería que habían superado iniciales resistencias para respaldar la intervención técnica. Equipos de la Policía Nacional, técnicos de la DRTC y representantes de TGP inspeccionan el sitio para evaluar daños y determinar causas. Autoridades regionales evalúan rutas alternas mientras no se emite pronunciamiento oficial del GORE Ayacucho ni del MTC.

CONTINUAR LEYENDO

Actualidad

Trump despliega portaaviones en el Caribe y hunde lanchas venezolanas: Latinoamérica clama por soberanía

Redactor

Publicado

en

Lima, 26 de octubre de 2025 | La ofensiva unilateral de EE.UU. contra embarcaciones cerca de Venezuela escala la tensión regional y revive fantasmas de intervención. Gobiernos y sociedad civil exigen respeto al derecho internacional.

En una operación calificada por Caracas como “acto de guerra”, la Marina estadounidense hundió dos lanchas rápidas venezolanas en aguas del Caribe y posicionó al portaaviones USS Gerald Ford a menos de 200 millas de la costa. Washington justifica la acción bajo el paraguas antinarcóticos, pero analistas peruanos y regionales la señalan como maniobra política de Donald Trump para fortalecer su discurso interno de “mano dura”.

El gobierno de Nicolás Maduro, pese a sus graves señalamientos por autoritarismo y crisis humanitaria, invocó la Carta de la ONU y anunció ejercicios militares en Caracas. Desde México hasta Argentina, voces progresistas y conservadoras coinciden: ningún Estado latinoamericano —ni siquiera los más cuestionados— puede ser blanco de agresiones unilaterales que ignoren la CELAC y la OEA.

Expertos en seguridad regional advierten que la escalada no solo agrava la migración y el narcotráfico, sino que debilita la arquitectura multilateral del hemisferio.

CONTINUAR LEYENDO

Tendencia

Set Youtube Channel ID
Share
Tiktok