La provincia argentina de San Juan, uno de los polos mineros más dinámicos del país vecino, prepara un ambicioso paquete de licitaciones para 2026 que incluye áreas con potencial en uranio y tierras raras, minerales estratégicos para la transición energética y la tecnología global. Según anunció el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), estas convocatorias —que sumarán al menos seis áreas en los primeros meses del año— buscan atraer inversiones extranjeras diversificando la oferta tradicional de cobre y oro, en un contexto de creciente demanda mundial por recursos críticos.

Estos minerales son codiciados por potencias como China, que domina cerca del 90% del procesamiento de tierras raras, e Irán, interesado en uranio para sus programas energéticos. Aunque no hay negociaciones exclusivas confirmadas, expertos destacan que la iniciativa provincial podría posicionar a Argentina como un jugador relevante en el mercado de materiales esenciales para baterías, electrónica y energía nuclear, complementando su liderazgo en litio.

El plan se enmarca en la política de apertura minera del gobierno de Javier Milei, con incentivos como el RIGI atrayendo capitales diversos. Sin embargo, analistas advierten que el verdadero boom para Argentina en 2026 se espera en litio y cobre, mientras uranio y tierras raras permanecen en fase exploratoria, con debates sobre impactos ambientales y beneficios económicos para las comunidades locales. Esta estrategia busca consolidar al país como potencia minera sudamericana, compitiendo con vecinos como Chile y Perú en un escenario geopolítico cada vez más disputado.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), liderado por Denisse Miralles, alista un Decreto de Urgencia —a evaluarse en Consejo de Ministros entre el 29 y 30 de diciembre de 2025— que habilita a ProInversión para dirigir la reorganización patrimonial de Petroperú. El borrador contempla la escisión de la empresa en bloques de activos, incluyendo la Refinería de Talara (con deudas superiores a US$5.500 millones), para atraer inversión privada mediante concesiones o asociaciones público-privadas, sin venta total de la compañía. La ministra insiste en que el objetivo es hacerla viable y autosostenible, descartando nuevos rescates estatales tras inyecciones por S/17.888 millones (2022-2024) y US$900 millones en garantías solo en 2025.

Técnicamente, la medida incorpora a Petroperú al marco del Decreto Legislativo 674 (usado históricamente para privatizaciones), otorgando a ProInversión facultades vinculantes para decisiones estratégicas, con plazos de ejecución de cinco días para el directorio actual. Analistas destacan que esta escisión podría replicar modelos de los años 90, como la Refinería La Pampilla (hoy de Repsol), al transferir operación de activos no estratégicos a privados para reducir riesgos fiscales, en un contexto de iliquidez crónica y pérdidas acumuladas que superan los US$2.500 millones en el período reciente.

La propuesta genera fuerte rechazo sindical: la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros (Fenpetrol) y otros gremios denuncian una «privatización encubierta», con protestas en San Isidro y Talara, y acusan al MEF de deteriorar la imagen financiera internacional para facilitar el proceso. Expertos advierten que, sin claridad en el cronograma y objetivos operativos, la incertidumbre podría agravar la crisis de solvencia y afectar la seguridad energética nacional.

Lima, 3 de diciembre de 2025.– La Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (CONFEMIN) inició ayer un paro nacional indefinido que mantiene bloqueados al menos seis puntos críticos de la red vial nacional, según el último reporte de la Superintendencia de Transporte Terrestre (Sutran) emitido a las 06:00 horas de hoy.

Los tramos interrumpidos incluyen el km 782 de la Panamericana Sur (puente Ocoña, Camaná-Arequipa), el km 444 (Nazca-Ica), el cruce Choccoyo en el Corredor Minero del Sur (Chumbivilcas-Cusco) y la carretera Trujillo-Agallpampa Quiruvilca en La Libertad. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones estima pérdidas superiores a los S/ 120 millones en las primeras 48 horas por paralización de carga y transporte interprovincial. Los manifestantes exigen la aprobación inmediata de la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), cuyo plazo de inscripción vence el 31 de diciembre de 2025 conforme al Decreto Supremo N° 012-2025-EM publicado el 30 de junio.

Según datos del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), al 30 de noviembre existían 78,456 inscritos activos en el REINFO, de los cuales aproximadamente 42,000 no cuentan aún con autorización de inicio o reinicio de actividades y quedarían automáticamente fuera del proceso de formalización.

CONFEMIN sostiene que la prórroga debe extenderse hasta el 31 de diciembre de 2027 y eliminarse los requisitos de denuncia minera propia, propuesta contenida en el predictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso que fue observado por el Ejecutivo en agosto pasado. Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú reporta el despliegue de 450 efectivos en los puntos de mayor conflictividad, con un saldo de un fallecido y 20 heridos desde el reinicio de las protestas en noviembre.

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, reiteró esta mañana que el Gobierno no respaldará una séptima prórroga del REINFO y llamó a los dirigentes a retomar el diálogo técnico en la Comisión Multisectorial creada por Resolución Ministerial N° 278-2024-MINEM. Mientras tanto, la Junta de Portavoces del Congreso no ha incluido aún el debate del predictamen en la agenda de la presente legislatura.