El histórico distrito de Lobitos, en Piura, vive uno de los episodios más desafiantes de su historia tras el derrame de petróleo ocurrido el pasado viernes durante maniobras de embarque en la…
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Derrame de petróleo en Talara: crisis ambiental y ataques mediáticos contra Petroperú en el centro del debate

El reciente derrame de petróleo ocurrido en las costas de Lobitos, Talara, ha desatado no solo una crisis ambiental de grandes proporciones, sino también un enfrentamiento mediático y político que pone en el centro de la polémica a la estatal Petroperú. Mientras las autoridades locales y los pescadores exigen indemnizaciones por los daños sufridos, emergen denuncias sobre una supuesta campaña de desprestigio orquestada por medios hegemónicos, petroleras privadas y organizaciones no gubernamentales (ONGs).
El derrame, originado durante maniobras previas al embarque en el Terminal Multiboyas de la Refinería Talara, afectó aproximadamente 10,000 metros cuadrados de agua marina superficial y al menos siete playas, incluidas Las Capullanas y La Bola, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). La fauna marina ha sido gravemente perjudicada, y las actividades económicas clave, como la pesca y el turismo, están paralizadas.
En este contexto, el gerente general de Petroperú, Óscar Vera Gargurevich, asistió a una accidentada mesa de diálogo en Lobitos, donde reconoció públicamente el daño ambiental. Sin embargo, su declaración inicial, calificando el incidente como una “pequeña fuga”, generó indignación entre los pescadores, quienes le exigieron disculpas y medidas concretas. “¿De qué va a comer Lobitos?”, reclamaron los afectados. Vera anunció un plan de indemnización que contempla S/60,000 para cada familia, cifra considerada insuficiente por la población local.

Mientras la crisis ambiental se desarrolla, Petroperú enfrenta acusaciones sobre la falta de transparencia en su informe preliminar del derrame. Según Arturo Alfaro Medina, presidente de la ONG Vida, la estatal habría subestimado la cantidad de crudo vertido al mar, lo que podría ameritar sanciones. Estas declaraciones han sido amplificadas por algunos medios nacionales, señalados por analistas como aliados estratégicos de intereses privados.
En redes sociales como Facebook y X (antes Twitter), la narrativa ha sido polarizada. Por un lado, se observan testimonios y videos que exponen la magnitud del desastre; por otro, hay reportes que indican que grupos vinculados a competidores de Petroperú y ciertas ONGs han utilizado el incidente para desacreditar a la estatal, sugiriendo su incapacidad para manejar este tipo de crisis y probablemente con la intención recurrente de privatizarla para que puedan ganar más las trasnacionales.
La cobertura mediática ha intensificado la presión sobre Petroperú, que además de lidiar con las labores de limpieza y la compensación a los afectados, enfrenta una batalla de credibilidad. En este contexto, es crucial que la empresa estatal asegure la transparencia en sus operaciones y mantenga un diálogo abierto con la comunidad y las autoridades, evitando que la batalla mediática sea ganada por los interesados y los políticos útiles como Nuevo Perú y Perú Libre, que dicen ser progresistas pero sus acciones son realmente pro imperialistas.

Por su parte, los pescadores y empresarios de Lobitos, junto a los ciudadanos de Talara, esperan que las promesas de remediación se traduzcan en acciones concretas. La declaratoria de emergencia ambiental por 90 días es solo el primer paso en un largo camino hacia la recuperación.
El derrame de petróleo en Lobitos no solo evidencia la fragilidad de los ecosistemas costeros frente a incidentes industriales, sino también cómo estos episodios pueden ser utilizados como herramientas de disputa mediática y política. La reconstrucción de la confianza entre Petroperú y las comunidades locales dependerá de su capacidad para atender esta crisis con celeridad y transparencia, resistiendo al mismo tiempo las presiones de intereses particulares que buscan capitalizar el desastre.