En una conferencia de prensa realizada en Arequipa, los líderes opositores al proyecto minero Tía María de la Southern Copper Corporation anunciaron una asamblea popular y una huelga indefinida en el Valle…
Política
Asamblea Regional de Comunidades Campesinas de Cusco profundiza en temas clave: territorios comunales, consulta previa y seguro agrario

La Primera Asamblea Regional de Comunidades Campesinas de Cusco, realizada el 28 de febrero en el local de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru (FARTAC), abordó temas cruciales para el desarrollo y la defensa de los derechos de las comunidades campesinas. Entre los puntos centrales discutidos destacan la situación físico-legal de los territorios comunales, la consulta previa y el manejo del seguro agrario, temas que generaron amplio debate y propuestas concretas.
Uno de los temas más urgentes tratados fue la situación físico-legal de los territorios comunales. Los líderes de las 13 provincias de Cusco expresaron su preocupación por la falta de seguridad jurídica en la tenencia de tierras, lo que ha permitido el avance de actividades extractivas y proyectos de inversión sin el consentimiento de las comunidades. Se denunció que muchas comunidades carecen de títulos de propiedad debidamente registrados, lo que las expone a conflictos territoriales y despojos. Los asistentes exigieron al gobierno regional y nacional agilizar los procesos de formalización y garantizar el respeto a los derechos colectivos sobre sus tierras.
La consulta previa, libre e informada, establecida en el Convenio 169 de la OIT, fue otro eje central de la asamblea. Los participantes criticaron la falta de aplicación efectiva de este mecanismo en proyectos que afectan directamente a las comunidades, como la minería, la construcción de carreteras y la explotación de recursos naturales. Se resaltó que, en muchos casos, las consultas se realizan de manera simbólica o sin garantizar la participación real de las comunidades. Los líderes exigieron que se respete su derecho a decidir sobre proyectos que impacten sus territorios y medios de vida, y que se establezcan mecanismos claros para garantizar su participación en la toma de decisiones.

El manejo del seguro agrario fue uno de los temas que generó mayor controversia. Walter Torres, representante de la FARTAC, denunció que este seguro, diseñado para proteger a los agricultores afectados por fenómenos naturales como heladas, sequías e inundaciones, está siendo administrado por una empresa privada, lo que ha limitado su eficacia. Según Torres, solo el 10% de los agricultores afectados ha recibido el beneficio, a pesar de las recurrentes emergencias climáticas que han devastado cultivos en la región.
La FARTAC propuso que los fondos del seguro agrario sean gestionados directamente por los gobiernos locales, argumentando que esto permitiría una mejor articulación con las necesidades de las comunidades y un acceso más equitativo. Además, se criticó la falta de transparencia en la distribución de los recursos y se exigió una auditoría independiente para evaluar el desempeño de la empresa administradora.
La asamblea concluyó con el compromiso de fortalecer la unidad entre las comunidades campesinas y exigir al Estado peruano respuestas concretas a sus demandas. Se anunció que se buscará un diálogo con las autoridades regionales y nacionales para abordar estos temas, aunque no se descarta una movilización si no se obtienen avances significativos. La FARTAC, con su larga trayectoria de lucha por los derechos indígenas y agrarios, reafirmó su papel como vocera de las comunidades campesinas de Cusco en la defensa de sus territorios y medios de vida.
Actualidad
FRENO HISTÓRICO A LA INHABILITACIÓN DE PEDRO CASTILLO Y BETSSY CHÁVEZ EN EL CONGRESO

En una decisiva sesión parlamentaria, un bloque de congresistas de izquierda socialista y del movimiento popular logró detener el nuevo intento de la derecha por inhabilitar políticamente al expresidente Pedro Castillo y a la ex primera ministra Betssy Chávez. La propuesta conservadora obtuvo solo 44 votos a favor en el caso de Castillo y 53 en el de Chávez, cifras muy por debajo de los 68 votos requeridos. La jornada dejó en evidencia la creciente resistencia frente al lawfare y al uso político de las instituciones que se profundizó tras la ruptura constitucional del 7 de diciembre de 2022.
La congresista Margot Palacios, de Juntos por el Perú, encabezó la firme oposición a estas inhabilitaciones, respaldada por legisladores de diversas bancadas de izquierda y del movimiento popular como Germán Tacuri, Roberto Sánchez, Wilson Quispe, Jaime Quito, Pasión Dávila y José María Balcázar. Para Palacios y sus colegas, las acusaciones carecen de sustento jurídico y forman parte de una estrategia destinada a impedir que líderes con amplio respaldo popular continúen participando en la vida política del país.
Palacios, candidata al Senado con el número 8 y respaldada por Pedro Castillo, se ha consolidado como una de las voces más coherentes en la defensa de los perseguidos políticos. Recientemente presentó un proyecto de ley de amnistía total para Castillo, con el fin de extinguir las condenas y procesos penales derivados de los sucesos de diciembre de 2022. Según la parlamentaria, esta iniciativa busca corregir el uso instrumental del sistema judicial para validar decisiones políticas impulsadas desde el Congreso.

La congresista sostiene que las sentencias contra Castillo y Chávez responden a un Poder Judicial subordinado a la actual mayoría parlamentaria. En reiteradas intervenciones ha denunciado la criminalización de la protesta social y el intento de excluir de la esfera electoral a quienes representan proyectos de transformación económica y social. Su voz se ha convertido en un referente del campo popular, articulando la defensa de los derechos democráticos con la exigencia de justicia para las víctimas del régimen.
La reciente votación demuestra que, pese al control ejercido por la derecha y sectores aliados —incluyendo a parte de Perú Libre— existe una resistencia firme dentro y fuera del Parlamento. Para los congresistas que votaron en contra, este resultado es una victoria parcial pero significativa en la defensa de la voluntad popular y en la lucha contra la persecución política. Mientras continúan las demandas por la libertad de Pedro Castillo y justicia para las víctimas de la represión, Margot Palacios reafirma su compromiso con una democracia al servicio del pueblo y no de los intereses económicos que buscan perpetuar su dominio.
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Podemos Perú enfrentaría grave crisis de credibilidad si se confirma el juicio oral contra José Luna Gálvez

Lima, 3 de diciembre de 2025 – El partido Podemos Perú, que actualmente postula a Raúl Noblecilla como candidato a la segunda vicepresidencia con discurso de “defensa del pueblo” y promesa de indulto a Pedro Castillo, quedaría en una posición extremadamente incómoda si el Poder Judicial admite a trámite la acusación fiscal que solicita 22 años y 8 meses de prisión para su líder efectivo, José Luna Gálvez, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en el caso conocido como “Los Gánsters de la Política”.
La contradicción sería aún más evidente si se recuerda que los congresistas de la bancada de Podemos Perú votaron unánimemente a favor de la vacancia presidencial de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y, durante casi tres años, rechazaron sistemáticamente todas las mociones de vacancia contra Dina Boluarte, blindándola en más de 40 ocasiones junto a Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Somos Perú y Perú Libre, solo para voltearle la espalda en octubre de 2025 cuando su impopularidad superó el 90 %.
Analistas consultados por este medio advertirían que, de concretarse el juicio oral contra Luna Gálvez y mantenerse el discurso de “izquierda” en la campaña 2026, Podemos Perú podría perder la poca credibilidad que tiene ante el electorado en un país ya saturado de promesas vacías y traiciones parlamentarias, porque además ya es forzado a extremo el discurso de sus dos candidatos a vicepresidencia, porque en escencia es un partido de la derecha pragmática que siempre estuvo aliniado a los gobiernos neoliberales de turno.
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Congresista Margot Palacios presenta valiente proyecto de amnistía para Pedro Castillo

En un acto de profunda consecuencia política, la congresista Margot Palacios de Juntos por el Perú, presentó hoy 2 de diciembre de 2025, el proyecto de ley que busca otorgar amnistía al expresidente Pedro Castillo Terrones, condenado por el fallido cierre del Congreso del 7 de diciembre de 2022. Lejos de retroceder ante las críticas previsibles, Palacios sostiene que las acciones de Castillo no constituyeron delito consumado, pues ninguna institución del Estado acató la disolución y no se afectó ningún bien jurídico esencial. “No se puede castigar una intención que nunca se materializó”, argumentó la legisladora, recordando que las Fuerzas Armadas y la Policía mantuvieron su lealtad a la Constitución.
La iniciativa no solo pide la inmediata libertad del exmandatario y la extinción de sus antecedentes, sino que incluye a quienes colaboraron en la redacción del mensaje presidencial, como la expremier Betssy Chávez. Para Palacios, se trata de un acto de justicia histórica con el maestro rural que representó por primera vez al “Perú olvidado”. En coherencia con su trayectoria, la congresista ya había defendido en 2021 la amnistía para rondas campesinas procesadas por ejercer justicia comunitaria, demostrando que su lucha siempre ha estado del lado de los sectores populares frente a lo que considera un uso selectivo y político de la justicia penal.
En momentos donde muchos prefieren el silencio o la conveniencia electoral, Margot Palacios asume el costo de ser consecuente: “Mi lealtad es con el pueblo que me eligió y con un proyecto que nunca renunció a transformar el país desde abajo”. Su proyecto, aunque enfrenta fuerte resistencia en un Congreso mayoritariamente opuesto porque 101 congresistas votaron a favor de la vacancia y solamente 6 en contra, entre ellos ella, coloca nuevamente sobre la mesa el debate sobre los límites del poder, la legitimidad de las instituciones y la necesidad de proteger a quienes, desde la izquierda, intentaron romper el cerco histórico de la exclusión. Para la congresista, defender a Pedro Castillo no es defender un golpe, sino defender la voluntad popular y la democracia que el pueblo construyó en las urnas el 2021.
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