El candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino, de Juntos por el Perú, empezó a figurar en las últimas encuestas nacionales tras varias semanas sin presencia estadística. Su irrupción coincide con el despliegue de la llamada “Ruta Castillista”, con la que busca reconectar con el electorado rural que apoyó al expresidente Pedro Castillo.

Según mediciones recientes difundidas por encuestadoras referenciadas por medios conservadores y afines a sectores ultraliberales, Sánchez habría superado el 2 % de intención de voto, dejando atrás al grupo de 24 candidatos que permanecen por debajo de dicho umbral. Aunque su ascenso es leve, aparece como uno de los pocos postulantes del campo popular que empieza a ganar visibilidad en un escenario altamente fragmentado.

El repunte se atribuye a su creciente presencia territorial y a la estrategia de captación del voto castillista, que mantiene influencia en regiones andinas. Sin embargo, continúa lejos de los primeros lugares, liderados por candidatos de derecha que concentran entre el 10 % y 12 % de preferencia, mientras más del 40 % del electorado sigue indeciso.

El avance en encuestas se vio opacado por un incidente de salud. Durante su viaje nocturno hacia Caravelí (Arequipa), Sánchez sufrió una descompensación que obligó a su evacuación médica hacia Camaná, donde recibe atención especializada. Su equipo suspendió las actividades programadas mientras se monitorea su evolución.

A pesar del contratiempo, su aparición en las encuestas introduce un nuevo matiz en la competencia del sector progresista y popular. Con más de 30 candidaturas en carrera y un electorado disperso, su avance inicial podría anticipar un reordenamiento en las próximas semanas, siempre que su campaña logre sostenerse en medio de la saturación política y su propia recuperación física.

La Sala Penal de Apelaciones de Juliaca confirmó este 14 de febrero de 2026 la sentencia firme N.° 08-2026 que impone 35 años de prisión efectiva al expolicía Erusbel Jhonatan Apaza Uturunco por el homicidio calificado del suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP) José Luis Soncco Quispe, ocurrido el 9 de enero de 2023 en la urbanización Tambopata, durante las protestas antigubernamentales en Puno. El fallo, ratificado por unanimidad, incluye también los delitos de disturbio agravado y sustracción o arrebato de arma de fuego, con cumplimiento de pena hasta el año 2058 en el penal de Juliaca. Además, se ratificó el pago de una reparación civil de S/ 180.000 a favor de los herederos de la víctima y S/ 25.000 al Estado.

Los hechos se produjeron en el contexto de la conocida “masacre de Juliaca”, jornada en la que fallecieron 17 civiles por disparos de las fuerzas del orden y se registraron múltiples heridos. Según la investigación fiscal y la necropsia, Soncco Quispe falleció por traumatismo craneoencefálico causado por un golpe con objeto contundente antes de que su patrullero fuera incendiado con su cuerpo en el interior. Apaza Uturunco, dado de baja de la PNP por antecedentes disciplinarios, lideró el ataque junto a un grupo vandálico, sustrayendo armamento de la víctima. Al ser detenido en marzo de 2023, se le incautaron US$ 23.800, municiones y partes de armas pertenecientes al suboficial.

La condena desmiente la versión oficial difundida inicialmente por el gobierno de Dina Boluarte y el entonces premier Alberto Otárola, quienes atribuyeron el crimen a una “turba” de manifestantes y lo utilizaron para enfatizar la supuesta violencia de las protestas sureñas. Esta narrativa fue ampliamente replicada en medios y discursos oficiales en los días posteriores al suceso, contribuyendo a criminalizar las movilizaciones que exigían la renuncia presidencial, el cierre del Congreso y elecciones anticipadas.

La Policía Nacional del Perú saludó la sentencia a través de su cuenta oficial en X, destacándola como un “precedente histórico en la defensa de la autoridad” y recordando que “cuando se ataca a un policía, se ataca al Estado”. Sin embargo, congresistas como Ruth Luque y analistas independientes han señalado que el fallo evidencia la manipulación informativa inicial para deslegitimar las protestas, exigiendo verdad y justicia también para las 49 víctimas civiles fatales durante la crisis de 2022-2023.

Organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas continúan demandando investigaciones imparciales sobre el uso excesivo de la fuerza en Juliaca y el conjunto de la crisis social. La sentencia contra Apaza representa un avance en la esclarecimiento judicial de este caso específico, aunque persisten cuestionamientos sobre la responsabilidad estatal en el contexto más amplio de la represión.

Lima, 14 de febrero de 2026.- El Pleno del Congreso sesionará de manera extraordinaria a las 10:00 a.m. para evaluar hasta siete mociones de censura contra el mandatario, quien ejerce también la presidencia del Legislativo. El detonante principal es el escándalo «Chifagate», que involucra reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, sumado a investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal.

El caso «Chifagate» estalló tras la difusión de imágenes de Jerí ingresando encapuchado a un chifa en San Borja el 26 de diciembre de 2025 y a un local en el barrio chino el 6 de enero de 2026, ambos propiedad de Yang, sin figurar en su agenda oficial. La Fiscalía abrió indagación preliminar y citó al presidente para declarar el 2 de marzo, mientras peritos analizan posibles manipulaciones en los videos entregados.

Jerí compareció ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el 21 de enero, negando irregularidades y calificando las acusaciones como una «operación política» para desestabilizar la transición hasta julio. Rechaza renunciar y solicitó que el Estado financie su defensa legal en la investigación fiscal.

El Congreso validó 78 firmas para convocar el pleno extraordinario. Las mociones de censura (contra su rol como presidente del Parlamento) requieren mayoría simple (alrededor de 66 votos), lo que implicaría sucesión automática: un nuevo titular del Legislativo asumiría la Presidencia.

Bancadas de izquierda (Perú Libre, Juntos por el Perú, Bloque Democrático), Podemos Perú, APP y Renovación Popular impulsan la salida, mientras Fuerza Popular y Somos Perú (su partido) defienden su permanencia o exigen vacancia formal. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, insiste en que corresponde vacancia por actos presidenciales.

La crisis se agrava con otros escándalos: contrataciones cuestionadas de allegadas tras visitas nocturnas a Palacio, una fiesta privada con figuras vinculadas a presuntas redes de prostitución y alta desaprobación ciudadana. El resultado del pleno del 17 de febrero definirá si Perú enfrenta otro cambio interino o si Jerí completa el mandato hasta las elecciones, en un contexto de inestabilidad institucional crónica.