Lima, 19 de agosto de 2026.- El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, habría sostenido reuniones en su despacho con Augusto Ramos Dolmos, conocido como “Cholo Dolmos”, dirigente vinculado al sector de construcción civil. La relación genera cuestionamientos debido a los antecedentes judiciales y policiales que durante años han rodeado a Ramos Dolmos. Arnillas asumió el cargo el 28 de julio de 2026.

El caso adquiere especial relevancia porque Ramos Dolmos fue condenado por extorsión y recluido en el penal de Lurigancho, según antecedentes periodísticos de RPP. En 2016, el propio dirigente negó tener procesos o condenas vigentes, pero RPP recogió entonces antecedentes que señalaban su captura en 1997, condena por extorsión y posterior reclusión.

Uno de los episodios más graves atribuidos a Ramos Dolmos se remonta al secuestro de la residencia del embajador de Japón en Lima, ocurrido entre diciembre de 1996 y abril de 1997. La información periodística de la época y posteriores investigaciones lo vincularon con el intento de extorsionar a uno de los rehenes utilizando el nombre del MRTA. Sin embargo, para una publicación responsable debe diferenciarse entre los antecedentes documentados y cualquier acusación actual que todavía no tenga sentencia firme.

La trayectoria de Ramos Dolmos también ha estado relacionada durante años con disputas y denuncias dentro de construcción civil. El Comercio informó en 2016 que dirigía grupos del sector y que su nombre había sido asociado a conflictos por cupos, extorsiones y enfrentamientos entre organizaciones sindicales. En 2026 continúa presentándose públicamente como presidente de la Conatracc, organización que sostiene representar a trabajadores de construcción civil.

La cercanía con autoridades no es nueva. En julio de este año, Ramos Dolmos participó junto con dirigentes de construcción civil en una reunión con el entonces ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes, para plantear problemas relacionados con obras de saneamiento y empleo. El encuentro demuestra que su presencia en espacios de interlocución con el sector público no comenzó con la actual gestión.

Lo que ahora requiere explicación es en qué condiciones y para tratar qué asuntos Ramos Dolmos fue recibido por el actual titular de Vivienda. El Ministerio no ha difundido, en las fuentes oficiales consultadas, información pública que explique esas reuniones. La pregunta adquiere mayor importancia porque el MVCS administra programas, obras de saneamiento y proyectos de vivienda que movilizan importantes recursos públicos y generan miles de puestos de trabajo.

El Gobierno tiene la obligación de mantener abiertas las puertas al diálogo con los trabajadores, pero también de establecer estándares claros de transparencia, seguridad e integridad para sus interlocutores. La reunión entre Arnillas y “Cholo Dolmos”, si se confirma oficialmente, no constituye por sí misma prueba de una conducta irregular del ministro, pero sí plantea una legítima pregunta ciudadana: ¿por qué un funcionario con esos antecedentes tiene acceso directo al despacho ministerial y qué compromisos, si alguno, surgieron de esos encuentros? La respuesta del Ministerio será clave para despejar dudas y evitar que el diálogo social sea confundido con tolerancia frente a antecedentes vinculados a delitos.

Lima, 19 de agosto de 2026.- El Gobierno anunció una inversión de S/800 millones para reforzar las acciones de prevención y respuesta frente a los efectos del Fenómeno El Niño, con recursos destinados tanto a enfrentar lluvias intensas como la sequía y la escasez hídrica. El anuncio fue realizado por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, durante una reunión con 150 representantes de las Juntas de Usuarios de Agua.

Del monto anunciado, S/450 millones serán destinados a trabajos de prevención frente a lluvias, principalmente defensa ribereña y limpieza de cauces, mientras que S/350 millones estarán orientados a enfrentar la sequía y la escasez de agua. El anuncio coloca la gestión del recurso hídrico en el centro de la respuesta gubernamental frente a un escenario que puede afectar simultáneamente a poblaciones y actividades agrícolas.

El ministro Vinelli informó que el país tiene identificados más de 1.700 puntos críticos que requieren intervención ante riesgos asociados a lluvias, inundaciones y desbordes. En una primera etapa se priorizarán 536 puntos, de acuerdo con el nivel de riesgo y las necesidades de cada territorio.

La dimensión del problema plantea, sin embargo, una pregunta clave: ¿cómo se atenderán los más de 1.100 puntos que no están incluidos en esta primera intervención? El Ejecutivo busca incorporar al sector privado mediante mecanismos como **Obras por Impuestos para ampliar los trabajos de limpieza de ríos y canales. La medida todavía requiere concretarse mediante el marco normativo anunciado por el sector.

La prevención no parte de cero. La Autoridad Nacional del Agua ya ha identificado puntos críticos de inundación, huaicos y erosión fluvial y ha señalado que esta información debe servir para que gobiernos regionales y locales gestionen el financiamiento y ejecuten intervenciones de reducción del riesgo.

Durante la reunión participaron también representantes del INIA, ANA, PSI, SENASA y Agro Rural, junto con las Juntas de Usuarios, que trasladaron demandas y necesidades de las regiones. El MIDAGRI aseguró que mantendrá coordinación permanente con estas organizaciones para atender los problemas vinculados al agua y la actividad productiva.

El anuncio de los S/800 millones marca así una primera prueba para el Gobierno frente al riesgo climático: no bastará con anunciar recursos, sino que será necesario demostrar que llegan oportunamente a los puntos críticos, que las obras reducen efectivamente la vulnerabilidad y que las regiones afectadas por la sequía también reciben una respuesta concreta. El Niño pondrá a prueba la capacidad del Estado para prevenir antes de que el agua o la falta de ella vuelvan a golpear a la población y al campo.

Lima, 18 de agosto de 2026.- El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, genera rechazo por sus declaraciones sobre las lluvias que afectan a Lima y por confirmar que el Gobierno evalúa reducir el número de ministerios. El titular del MEF señaló que podrían fusionarse dos o tres carteras, mientras sectores políticos cuestionan sus expresiones frente a la emergencia que afecta a familias de Lima Sur.

Cuba sostuvo que las lluvias ocurren en distintas ciudades del mundo y pidió no exagerar por las inundaciones registradas en la capital. Sus declaraciones fueron cuestionadas debido a los aniegos que afectan sectores de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, donde vecinos han enfrentado acumulación de agua, dificultades para desplazarse y afectaciones en sus viviendas y calles.

La controversia aumentó luego de que la propia presidenta Keiko Fujimori cuestionara la posición de su ministro. La mandataria sostuvo que Cuba no estaría considerando la magnitud de los daños, las pérdidas materiales y el dolor que vienen soportando las familias afectadas por las lluvias.

En medio de esta polémica, Cuba confirmó que el Ejecutivo evalúa fusionar dos o tres ministerios pequeños con otras carteras. Según explicó, no se trataría de eliminar las funciones del Estado, sino de redistribuirlas dentro de una estructura gubernamental diferente para buscar una administración más eficiente.

La propuesta, sin embargo, abre un debate mayor: ¿reducir ministerios hará realmente más eficiente al Estado? La reorganización podría implicar modificaciones en competencias, presupuestos y estructuras administrativas, por lo que cualquier decisión requeriría una evaluación técnica y política antes de convertirse en una reforma concreta.

El titular del MEF precisó que la reducción de ministerios todavía se encuentra en una etapa preliminar y no constituye una decisión definitiva ni una prioridad inmediata del Ejecutivo. Actualmente, el Gobierno tiene entre sus principales preocupaciones la respuesta frente al fenómeno de El Niño, el abastecimiento y precio de los combustibles y la situación de Petroperú.

La discusión llega cuando el nuevo Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta sus primeras pruebas de gestión. Mientras el Ejecutivo analiza cómo reorganizar el aparato estatal, las lluvias han puesto nuevamente sobre la mesa problemas estructurales de Lima, como el drenaje urbano, la prevención y la capacidad de respuesta ante eventos climáticos.

Para sus críticos, las declaraciones de Cuba reflejan una preocupante distancia entre la mirada económica del Gobierno y la realidad cotidiana de las familias afectadas. Para el ministro, en cambio, el debate debería centrarse en qué estructura estatal permite prestar mejores servicios públicos y utilizar mejor los recursos del país.

La polémica deja dos preguntas sobre la mesa: ¿la reducción de ministerios será una verdadera reforma para hacer más eficiente al Estado o solo una reorganización administrativa? Y, frente a las lluvias que ya afectan a miles de ciudadanos, ¿está el Gobierno preparado para demostrar que puede responder con eficiencia cuando la emergencia golpea directamente a la población?