La Federación Nacional de Trabajadores de Agroindustria y Afines (FENTAGRO) de Perú denunció este viernes 7 de noviembre un nuevo caso de intoxicación laboral que habría afectado a más de 50 trabajadores de la empresa Exportadora Frutícola del Sur – Grupo Athos, en el departamento de Ica. Según el pronunciamiento sindical, los afectados realizaban labores de cosecha de arándanos destinados a la exportación y fueron evacuados de emergencia a los hospitales Augusto Hernández y Félix Torrealva de ESSALUD debido a la gravedad de los síntomas, como se puede observar aquí: https://www.facebook.com/share/v/172mVeVSQn/

El gremio sindical señaló que este incidente se suma a una serie de accidentes laborales graves ocurridos en la misma empresa durante el último año, entre ellos la pérdida de extremidades por parte de trabajadores. FENTAGRO advierte que estos hechos evidencian un incumplimiento sistemático de la Ley N.º 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como una deficiente fiscalización por parte de las autoridades competentes. En su comunicado, la organización acusa a la empresa de no proporcionar equipos de protección ni capacitaciones adecuadas en seguridad laboral.

Ante esta situación, FENTAGRO solicitó a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) aumentar el número de inspectores en la región Ica, donde actualmente —según la federación— solo existen seis inspectores y quince auxiliares. El sindicato exigió además sanciones ejemplares para las empresas que incumplen las normas de seguridad, reiterando que “la exportación no debe significar exponer la vida ni la salud de los trabajadores”.

La Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho ha logrado que se disponga el inicio del juicio oral contra los exmilitares Wilfredo Mori Orzo, Said Amand Pinedo y Félix Neri Aguilar Reyes por su presunta responsabilidad en el delito de crimen de lesa humanidad en la modalidad de asesinato, ocurrido en marzo de 1985 en la zona de Chungui, provincia de La Mar (Ayacucho). Según la imputación fiscal, los acusados actuaron como autores mediatos al ordenar la detención y ejecución extrajudicial de una familia conformada por un padre, una madre y sus cuatro hijos —de edades de 1, 7, 9 y 11 años—, sin orden judicial y tras sindicaciones por presunta colaboración con la organización subversiva Sendero Luminoso.

Las víctimas fueron trasladadas a la base militar de Chungui, donde, según la acusación, se les ejecutó mediante disparos de arma de fuego en la cabeza, a pesar de encontrarse en absoluta indefensión. Posteriormente, fueron enterradas en una fosa ubicada aproximadamente a 190 metros de la base, en la quebrada de Chuschihuaycco.

En su momento, familiares y sobrevivientes denunciaron que esa práctica respondía a una política represiva sistemática diseñada desde altos mandos militares para eliminar presuntos enemigos del Estado, argumentación que la Fiscalía pone en el centro de su acusación.

Para los deudos de la familia y otros habitantes de Chungui la decisión de llevar el caso a juicio oral representa un paso fundamental hacia la justicia. El engranaje procesal avanza luego de décadas de impunidad, y los familiares han expresado que esperan que la instancia garantice “verdad, justicia y reparación” integral. Ahora el caso está programado para su trámite ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, el cual deberá examinar la prueba documental, pericial y testimonial sobre la imputación.

Cusco, 5 de noviembre de 2025 | Dirigentes de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, denunciaron que el proyecto minero Crespo, operado por Apumayo S.A.C., pone en riesgo el glaciar Inti Curasma y el río Santo Tomás, fuentes de agua vital para más de 15,000 personas en distritos como Santo Tomás, Llusco y Quiñota. Acusan al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y al Ministerio de Cultura (MINCUL) de omitir funciones al aprobar el proyecto sin estudios suficientes sobre los impactos ambientales y culturales, según un informe del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM). Los representantes exigen la nulidad de los permisos y la declaración de la zona como intangible, considerando el cerro Curasma un sitio sagrado.

El conflicto, que se intensifica desde febrero de 2025 con protestas y alertas comunitarias, refleja tensiones por la falta de consulta previa y antecedentes de contaminación, como el derrame de una poza de Apumayo en 2024. La empresa niega la presencia de glaciares activos y asegura cumplir con la normativa, mientras que el Estado ha promovido mesas de diálogo sin resultados concretos. Los dirigentes, han anunciado una movilización para el 11 de noviembre para presionar por una respuesta inmediata.

“Exhortamos al Estado a que no espere que se genere cualquier acontecimiento para que nos puedan escuchar”, declaró un representante de Ccollpa Ccasahui, comunidad afectada. La movilización busca visibilizar la amenaza a los recursos hídricos y culturales, en un contexto donde la minería representa el 60% de las exportaciones peruanas, pero enfrenta crecientes demandas por sostenibilidad. Las autoridades locales y el gobierno central aún no han emitido un pronunciamiento oficial tras la denuncia de hoy.