Lima, 15 de junio de 2025. El Congreso de la República, con el apoyo de bancadas como Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Renovación Popular, Podemos, Somos Perú y Acción Popular, aprobó en la Comisión Permanente el Proyecto de Ley N.º 11058, impulsado por la congresista Lady Camones. Esta iniciativa, que modifica el artículo 5 de la Ley 1057, transforma los contratos CAS de duración indeterminada en contratos a plazo fijo de un año, renovables hasta por cinco años, sujetos a la disponibilidad presupuestal de cada entidad estatal.

Lejos de fortalecer los derechos laborales, la norma establece que los trabajadores CAS podrán acceder a Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones de navidad y 28 de julio solo por un año, con renovaciones anuales condicionadas a los recursos disponibles. Esto, según especialistas como el abogado laboralista César Puntriano, constituye una “pseudoformalización” que entrega beneficios parciales a cambio de eliminar la estabilidad laboral, un derecho ya conquistado para quienes tenían contratos indeterminados. “Es un cambio que facilita el despido arbitrario y otorga mayor discrecionalidad al empleador”, advirtió Puntriano.

A pesar de estas críticas, gremios como el Frente Nacional de Trabajadores CAS han respaldado la propuesta, celebrando la incorporación de beneficios sociales sin cuestionar la pérdida de estabilidad ni la legitimación de contratos temporales. Esta postura ha generado rechazo entre sectores sindicales de base, que acusan a las dirigencias de “irresponsabilidad política” y de alinearse con los intereses de SERVIR, entidad criticada por su ineficiencia y por funcionar como un instrumento de control burocrático al servicio del poder político.

La norma, que consolida un modelo de despido progresivo disfrazado de “modernización” del empleo público, aleja la posibilidad de eliminar el régimen CAS o lograr el nombramiento automático, demandas históricas del sector. Aunque el Ejecutivo aún puede observar la ley si se aprueba en el Pleno, la falta de presión sindical y popular podría condenar a miles de trabajadores a la incertidumbre de contratos temporales, que podrán ser despedidos sin justificación alguna en un plazo máximo de cinco años.

En Estados Unidos, la política migratoria del presidente Donald Trump, caracterizada por redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha desatado protestas que enfrentan una represión desproporcionada, afectando también a la comunidad peruana. Se estima que cerca de 320,000 peruanos viven en situación migratoria irregular en EE. UU., representando casi el 1% de la población total del país. Desde agosto de 2022 hasta enero de 2023, 12,048 peruanos fueron deportados por infracciones migratorias, y en 2025, 308 connacionales enfrentan órdenes de deportación, con 340 más a la espera de documentación para ser expulsados.

En California, epicentro de las manifestaciones, el despliegue de más de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines, ordenado por Trump sin autorización del gobernador Gavin Newsom, ha escalado las tensiones. En Los Ángeles, donde se arrestaron a 378 personas en pocos días, un peruano fue detenido durante protestas contra las redadas, que dejaron más de 40 migrantes arrestados tras enfrentamientos con agentes federales, quienes usaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. En San Diego, 74 peruanos fueron detenidos en operativos migratorios. Estas acciones han generado temor, con casos como el de un peruano arrestado en un Walmart pese a estar en proceso de asilo.

La narrativa oficial de Trump justifica las redadas como una medida contra la “invasión migratoria”, tildando a los manifestantes de “turbas insurrectas”. Sin embargo, testimonios como el de Daniel Valdez, un joven peruano buscando asilo, reflejan el clima de incertidumbre: “Puedes salir de tu casa y te pueden agarrar”.

Las tácticas de ICE, que incluyen agentes encubiertos en centros comerciales, han afectado la estabilidad emocional y económica de los migrantes. En Boston, negocios peruanos como el restaurante ‘Peruvian Taste’ reportan una caída del 50% en clientela por el miedo a salir.

Organizaciones de derechos humanos y expertos de la ONU critican estas medidas como violaciones a la libertad de expresión, alertando sobre un retroceso democrático. En Perú, la Cancillería, liderada por Elmer Schialer, monitorea la situación, ofreciendo asistencia consular y preparando la reintegración de los deportados, con un vuelo de 141 peruanos retornados previsto. Sin embargo, la comunidad peruana en EE. UU. vive bajo constante amenaza, con redadas que no solo afectan a indocumentados, sino también a quienes buscan protección legal.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, enfrenta una nueva controversia tras revelarse que su gestión utilizó fondos de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para adquirir productos gourmet, como caviar rojo, y destinar millonarios recursos a consultorías legales extranjeras. Las denuncias, respaldadas por facturas y reportes periodísticos, han generado indignación ciudadana y cuestionamientos sobre el uso de dinero público en un contexto de promesas de austeridad y transparencia.

Según una investigación de Latina Noticias, en enero de 2023, la MML gastó S/1,765 de la caja chica municipal en alimentos premium para “almuerzos protocolares” de la alcaldía. Entre los productos adquiridos por la comercializadora Valdimar en Miraflores destacan S/360 por un kilogramo de “ovas de salmón” (caviar rojo), S/500 por cinco kilos de salmón, S/378 por pulpa de cangrejo, langostinos, pulpo y conchas, y S/527 por seis kilos de lenguado. Estas compras contradicen las afirmaciones de López Aliaga, quien el 2 de mayo de 2025, en un evento en Huaycán, aseguró haber pagado de su bolsillo. “Eso lo he pagado con mi plata y no es caviar, es huevera. El caviar es caro”, afirmó, insistiendo en que optó por productos más económicos para sus invitados, como embajadores. Sin embargo, Latina Noticias confirmó que los fondos eran municipales, desmintiendo al alcalde.

El escándalo del caviar se suma a otras acusaciones de malversación. Reportes de Infobae y Hildebrandt en sus trece señalan que la MML destinó S/8.6 millones a consultorías legales extranjeras, incluyendo S/1.8 millones a la firma colombiana Inkerlink SAS y contratos con bufetes como K&L Gates y Foley Hoag LLP, para enfrentar conflictos con la concesionaria Rutas de Lima. Estos gastos han sido criticados por su elevado costo y falta de resultados tangibles, especialmente porque López Aliaga prometió prohibir este tipo de contrataciones durante su campaña. Además, se cuestiona el uso de S/80 millones anuales en ollas comunes, que, según denuncias en plataformas como X, serían una estrategia para comprar votos de cara a una posible candidatura presidencial en 2026. Representantes de ollas comunes han reportado abandono municipal y el cierre del banco de alimentos, incumpliendo el compromiso de destinar el 10% del presupuesto a este programa.

Otros gastos controversiales incluyen S/22 millones en la compra de 400 motos y congeladoras a sobreprecio, percibidos como maniobras electorales. Estos señalamientos se producen en un contexto de alta desaprobación: según una encuesta de Ipsos, el 64% de limeños desaprueba la gestión de López Aliaga, quien también enfrenta un proceso por presunto lavado de activos. La ONG Manuela Ramos ha anunciado acciones legales contra el alcalde por acusaciones infundadas de robo, mientras usuarios en X, como @IDL_Gorriti, lo tildan de “vividor del Estado”.

El gerente municipal, Óscar Lozán, calificó la compra de alimentos gourmet como “un error corregido de inmediato” por desconocimiento de la política de austeridad, pero no abordó las consultorías ni otros gastos. Por su parte, López Aliaga ha defendido algunos desembolsos, como las consultorías, argumentando que son necesarios para combatir la corrupción de empresas como Odebrecht. Sin embargo, la falta de transparencia y las contradicciones han intensificado las críticas, mientras su equipo digital, señalado como una “granja de troles”, no ha emitido una defensa clara ante el escándalo.

Con Lima enfrentando problemas como la inseguridad ciudadana y el caos en el Centro Histórico, y un paro nacional convocado por la CGTP para el 14 de mayo, la gestión de López Aliaga está bajo un escrutinio sin precedentes. Las denuncias, respaldadas por documentos y testimonios, plantean serias dudas sobre el manejo de los recursos públicos en la capital.