A menos de tres semanas de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras vive un ambiente de creciente optimismo cívico, impulsado por una participación ciudadana que supera expectativas. Miles de hondureños se congregaron recientemente en un masivo evento de apoyo a la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Rixi Moncada, demostrando una movilización que anticipa una contienda vibrante y democrática. Aunque no se trataba de un cierre formal de campaña, la energía de la multitud refleja el deseo colectivo de consolidar avances en inclusión social y desarrollo económico, en un país que busca superar desafíos históricos como la corrupción y la desigualdad.

Las encuestas independientes refuerzan esta tendencia positiva, posicionando a Moncada como favorita con un sólido respaldo. Según mediciones de TResearch International, la exministra de Finanzas y Defensa obtiene hasta el 50% de la intención de voto, superando a sus principales contendientes, Salvador Nasralla del Partido Liberal (alrededor del 28-34%) y Nasry Asfura del Partido Nacional (22-36%), dependiendo de la firma encuestadora
Este panorama, confirmado por firmas como CID Gallup y Peoples Dispatch, sugiere una elección abierta, pero con un claro énfasis en la continuidad de políticas progresistas, priorizando empleo, seguridad y acceso a servicios básicos.

Los indecisos, que representan un bloque significativo, parecen inclinarse hacia opciones que prometen estabilidad y equidad. El proceso electoral, que también renovará el Congreso Nacional y alcaldías locales, se perfila como un hito para la democracia hondureña, con más de 6.3 millones de votantes listos para ejercer su derecho. Analistas destacan que esta contienda no solo definirá el futuro inmediato del país, sino que podría fortalecer lazos regionales en temas como migración y cooperación económica. Con un ambiente de diálogo y participación activa, Honduras avanza hacia un 30 de noviembre que inspira esperanza en un cambio inclusivo y sostenible para toda la nación.

Lima, 9 de noviembre de 2025 – El expresidente Martín Vizcarra reaccionó con firmeza a la decisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de excluirlo como candidato a la segunda vicepresidencia por el partido Perú Primero para las elecciones generales de 2026. La medida se basa en la inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos impuesta por el Congreso en 2020, tras su destitución por «incapacidad moral permanente». En un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, Vizcarra aseguró: «Podrán excluirme del proceso, pero no del corazón de los peruanos», y anunció que asumirá el rol de jefe de campaña de su partido, liderado por su hermano Mario Vizcarra.

La exclusión de Vizcarra ha generado una ola de reacciones en redes sociales, con más de 1.400 likes y cientos de comentarios en X, donde sus seguidores lo respaldan como víctima de una «arbitrariedad» política, mientras críticos cuestionan su insistencia en participar en política pese a las acusaciones de irregularidades durante su mandato. Perú Primero ajustó su fórmula presidencial, manteniendo a Mario Vizcarra como candidato a la presidencia, con Carlos Illanes Calderón y Judith Mendoza Díaz como primer y segunda vicepresidencia, respectivamente. Además, el expresidente afirmó que su equipo legal ha presentado recursos ante la ONPE y una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender sus derechos electorales.

El pronunciamiento de Vizcarra reaviva el debate sobre las inhabilitaciones políticas en Perú y su impacto en el derecho a la participación electoral. Mientras el país se prepara para las elecciones de 2026, la figura del expresidente sigue polarizando a la opinión pública, consolidándolo como un actor clave en la escena política nacional. Su rol como jefe de campaña promete mantenerlo en el centro de la contienda, mientras se espera la resolución de los recursos legales presentados.

A menos de cinco meses de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, la llamada izquierda peruana enfrenta un panorama complejo para competir con éxito en la primera vuelta. Con 43 partidos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), solo tres agrupaciones del espectro progresista y/o izquierda destacan por su presencia nacional: Juntos por el Perú, Perú Libre y la alianza Venceremos. Sin embargo, la fragmentación, los liderazgos cuestionados por sus ambigüedades y los procesos judiciales limitan su potencial de crecimiento electoral.

En un escenario marcado por la crisis política y social post-Dina Boluarte y un Ejecutivo encabezado por José Jerí, enfocado en la llamada “guerra contra la delincuencia”, la derecha mantiene una posición dominante: Rafael López Aliaga (10%) y Keiko Fujimori (8%) encabezan las preferencias, según Ipsos (octubre 2025). En conjunto, aparentemente las opciones progresistas y de izquierda no superan el 15% de intención de voto, reflejando una pérdida de influencia en amplios sectores urbanos y de clase media, por falta de la unidad bajo un liderazgo claro, principalmente.

Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón, mantiene una base electoral andina cercana al 2%, con un discurso antisistema que conserva arraigo en el sur y centro del país. Pero Cerrón, inscrito como precandidato presidencial este 31 de octubre, afronta una orden de captura por lavado de activos y su asociación con el régimen de Dina Boluarte, debilita su candidatura. Además, la imagen de Cerrón y del partido se han deteriorado tras acusaciones de pactar con Fuerza Popular y sus aliados del Congreso y el Ejecutivo durante el periodo 2021-2025 (gobierno de Dina Boluarte), con un rechazo contundente de más del 65%. Si la audiencia judicial del 26 de noviembre concluye con su inhabilitación, su reemplazo probable Flavio Cruz, limitará aún más el desempeño del partido, que aspiraría sólo pasar la valla con algunos escaños en el nuevo Congreso bicameral.

Por su parte, la alianza Venceremos, con Ronald Atencio como precandidato tras la condena de Guillermo Bermejo por afiliación al terrorismo y el retiro voluntario de Verónica Mendoza, busca posicionarse con un discurso democrático y ecologista. Sin embargo, la campaña enfrenta el peso del “terruqueo” de la derecha y de la “caviarada” de la izquierda. Atencio y la alianza Venceremos son desconocidos y contaría con un mínimo respaldo en Lima. Por lo que, la plaza del centro o de la social democracia podría optar por respaldar a Juntos por el Perú al filo de la primera vuelta o centrar su estrategia a superar únicamente la valla y representación congresal mínima, pero es casi nula la posibilidad así como están planteadas las cosas.

Finalmente, Juntos por el Perú (JP), encabezado por Roberto Sánchez junto a Analí Márquez y Brígida Curo, lidera hoy el espacio progresista con un enfoque popular que alcanza entre 6% y 8% de intención de voto. Su eventual alianza con Antauro Humala y Pedro Castillo que postularían al Senado, así como la presencia de figuras del campo popular como la congresista Margot Palacios (Ayacucho) y Wilber Aduviri (Puno) al parlamento, refuerza su posicionamiento anti-establishment, con discursos de justicia social, soberanía nacional y cambio constitucional. Por lo que, JP podría acercarse al 10% – 15%, aunque su ingreso a la segunda vuelta dependerá tanto de errores de la derecha como de su capacidad para capitalizar el 38% de electores indecisos o disconformes.

En ese sentido, la izquierda peruana llega a las elecciones del 2026 sin un liderazgo nacional claro ni una estrategia unificadora. Juntos por el Perú aparece como la fuerza con mejores perspectivas, aunque todavía distante de la segunda vuelva. Las primarias del 30 de noviembre y 7 de diciembre serán decisivas para definir planchas presidenciales y listas parlamentarias en general, así como para medir la posibilidad real de convergencia entre las distintas corrientes progresistas y de izquierda. Por ahora, el escenario más probable es que la izquierda obtenga entre 15 y 20 escaños en el nuevo Congreso, mientras la segunda vuelta se percibe como una disputa entre las derechas.