En Estados Unidos, la política migratoria del presidente Donald Trump, caracterizada por redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha desatado protestas que enfrentan una represión desproporcionada, afectando también a la comunidad peruana. Se estima que cerca de 320,000 peruanos viven en situación migratoria irregular en EE. UU., representando casi el 1% de la población total del país. Desde agosto de 2022 hasta enero de 2023, 12,048 peruanos fueron deportados por infracciones migratorias, y en 2025, 308 connacionales enfrentan órdenes de deportación, con 340 más a la espera de documentación para ser expulsados.

En California, epicentro de las manifestaciones, el despliegue de más de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines, ordenado por Trump sin autorización del gobernador Gavin Newsom, ha escalado las tensiones. En Los Ángeles, donde se arrestaron a 378 personas en pocos días, un peruano fue detenido durante protestas contra las redadas, que dejaron más de 40 migrantes arrestados tras enfrentamientos con agentes federales, quienes usaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras. En San Diego, 74 peruanos fueron detenidos en operativos migratorios. Estas acciones han generado temor, con casos como el de un peruano arrestado en un Walmart pese a estar en proceso de asilo.

La narrativa oficial de Trump justifica las redadas como una medida contra la “invasión migratoria”, tildando a los manifestantes de “turbas insurrectas”. Sin embargo, testimonios como el de Daniel Valdez, un joven peruano buscando asilo, reflejan el clima de incertidumbre: “Puedes salir de tu casa y te pueden agarrar”.

Las tácticas de ICE, que incluyen agentes encubiertos en centros comerciales, han afectado la estabilidad emocional y económica de los migrantes. En Boston, negocios peruanos como el restaurante ‘Peruvian Taste’ reportan una caída del 50% en clientela por el miedo a salir.

Organizaciones de derechos humanos y expertos de la ONU critican estas medidas como violaciones a la libertad de expresión, alertando sobre un retroceso democrático. En Perú, la Cancillería, liderada por Elmer Schialer, monitorea la situación, ofreciendo asistencia consular y preparando la reintegración de los deportados, con un vuelo de 141 peruanos retornados previsto. Sin embargo, la comunidad peruana en EE. UU. vive bajo constante amenaza, con redadas que no solo afectan a indocumentados, sino también a quienes buscan protección legal.

Lima, 13 de junio de 2025 – En un nuevo capítulo de tensión en Oriente Medio, Israel lanzó la Operación León Naciente contra instalaciones nucleares y militares de Irán, dejando un saldo de al menos 78 muertos, en su mayoría civiles, según la ONU. Este ataque, ejecutado el 13 de junio, contó con el respaldo tácito de potencias occidentales como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, quienes han justificado la acción como una medida preventiva contra el programa nuclear iraní. Sin embargo, esta agresión no solo agrava la inestabilidad regional, sino que también pone en evidencia los intereses de los países más desarrollados armamentísticamente, que se lucran a costa de la devastación.

El ataque israelí, descrito como «sin precedentes» por su magnitud, destruyó parcialmente el sitio de enriquecimiento de uranio en Natanz y otras infraestructuras clave. Irán respondió con la Operación Promesa Verdadera III, lanzando más de 150 misiles balísticos contra Israel, causando daños en Tel Aviv y al menos 63 heridos. La escalada ha disparado los precios del petróleo en más del 10%, afectando la economía global, incluido Perú, donde el costo de los combustibles ya impacta a los consumidores. Esta dinámica beneficia a las grandes corporaciones energéticas y armamentísticas de Estados Unidos y Europa, que ven en el conflicto una oportunidad para expandir mercados.

Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha reforzado su apoyo con miles de millones en asistencia militar, mientras empresas como Lockheed Martin y Raytheon incrementan sus contratos para suministrar sistemas de defensa. Reino Unido y Francia, que en abril de 2024 ayudaron a interceptar misiles iraníes, también se benefician al demostrar la eficacia de sus tecnologías militares. Este complejo militar-industrial prospera con la prolongación de conflictos, mientras los civiles iraníes e israelíes pagan el precio con vidas y destrucción.

La región de Oriente Medio, rica en petróleo y gas, se convierte una vez más en un tablero de ajedrez para las potencias occidentales. El estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, está en riesgo, lo que favorece a países como Arabia Saudita y a multinacionales como ExxonMobil y Chevron, que buscan consolidar su control sobre los recursos energéticos. Mientras tanto, Irán, debilitado por sanciones y ahora por estos ataques, enfrenta una crisis interna que podría facilitar la influencia extranjera en sus yacimientos.

Desde Perú, esta situación nos interpela. La dependencia de combustibles importados nos hace vulnerables a las fluctuaciones causadas por conflictos lejanos, mientras el comercio de armas enriquece a las potencias del norte. Organizaciones internacionales han llamado a la desescalada, pero la falta de acción concreta refleja la complicidad de los países desarrollados en perpetuar esta crisis por intereses económicos y geopolíticos.

Es imperativo cuestionar el rol de las potencias occidentales en este conflicto. Su apoyo a Israel, bajo el pretexto de la seguridad, parece más una estrategia para mantener su hegemonía en Oriente Medio y alimentar sus industrias bélicas. Los peruanos, como ciudadanos de un país en desarrollo, debemos exigir un orden global más justo, donde la paz prevalezca sobre los intereses de las élites armamentísticas.

La comunidad internacional debe priorizar el diálogo y sanciones diplomáticas sobre la violencia. Mientras las bombas caen en Irán y los misiles en Israel, son los pueblos los que sufren, y los verdaderos ganadores están en los consejos de administración de las corporaciones de Occidente. Perú, desde su posición en el concierto global, debe abogar por una solución pacífica que ponga fin a este ciclo de destrucción.

Este lunes 2 de junio, Marco Enríquez-Ominami, hijo del histórico dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile, Miguel Enríquez, visitó el despacho de la congresista peruana Margot Palacios Huamán en el Congreso de la República. La reunión, de notable carga simbólica y política, se desarrolló en un contexto de agudización de las tensiones sociales y políticas en América Latina, y puso en agenda temas clave para las fuerzas populares de la región.

Durante el encuentro, se abordaron diversos asuntos de coyuntura nacional e internacional, centrados en el actual panorama latinoamericano, caracterizado por la disputa de proyectos políticos y la persistencia de desafíos comunes como la desigualdad, la crisis ambiental y la defensa de la soberanía de los pueblos. Esta cita reafirmó la importancia de revitalizar las alianzas regionales de izquierda, consolidar espacios de integración y promover una agenda que priorice los derechos sociales y la justicia popular.

La visita de Enríquez-Ominami, de marcada dimensión simbólica, reavivó el debate sobre los legados de los movimientos revolucionarios de los años 60 y 70, como el MIR chileno, que lucharon contra las dictaduras y el modelo económico excluyente, en defensa de los sectores históricamente marginados. El hijo de Miguel Enríquez, referente del pensamiento y la acción revolucionaria latinoamericana, destacó la necesidad de articular nuevas formas de lucha que respondan a las exigencias del siglo XXI, sin perder de vista las raíces históricas de los movimientos populares.

Encuentro con Pedro Castillo en Barbadillo

Más tarde, ese mismo lunes, Enríquez-Ominami, acompañado de congresistas del bloque de izquierda, visitó al expresidente Pedro Castillo Terrones en el penal de Barbadillo. Castillo, maestro rural y dirigente surgido de las entrañas del Perú profundo, fue destituido y encarcelado en diciembre de 2022, convirtiéndose en una figura emblemática de la resistencia popular frente a las élites políticas tradicionales.

El encuentro no fue posible por temas de seguridad, pero hubiera representado un gesto de solidaridad política y humana, así como una afirmación del compromiso de las fuerzas progresistas de la región con la causa de los pueblos. En la conversación con Castillo él pensaba abordar los retos de la izquierda latinoamericana ante el avance de sectores conservadores, la criminalización de los líderes populares y la urgencia de construir proyectos políticos que pongan en el centro las demandas de las mayorías excluidas.

Pedro Castillo continúa siendo un símbolo para amplios sectores populares, no solo en Perú sino en toda América Latina, donde su figura es vista como parte de la lucha contra el neoliberalismo, la corrupción sistémica y el centralismo limeño. Por lo que, las reuniones de Enríquez-Ominami refuerzan el carácter internacionalista de la solidaridad entre los pueblos y la vigencia del pensamiento emancipador en el continente.

El encuentro entre Marco Enríquez-Ominami y Margot Palacios, seguido de la visita de la congresista al expresidente Pedro Castillo, trasciende lo protocolar. Simboliza la continuidad histórica de las luchas populares en América Latina, y renueva el compromiso por una integración soberana, solidaria y con justicia social. En un escenario de profundización de las crisis estructurales del modelo capitalista, estos espacios de diálogo y articulación se perfilan como esenciales para avanzar hacia una verdadera transformación regional.

Lejos de ser un acto aislado, esta jornada representa un paso más en la construcción de una agenda común de los pueblos, que apunte a la unidad en la diversidad, al rescate de la memoria histórica y a la afirmación de un proyecto de futuro basado en la dignidad, la justicia y la soberanía.